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ELN y disidencias de las Farc: ¿los paramilitares de Maduro?

Las denuncias de que actúan en actividades criminales en Venezuela son un tema vital para nuestro país por las amenazas en seguridad y porque, de comprobarse, pondrían en entredicho la legitimidad y validez de los procesos de paz

Germán Manga, Germán Manga
13 de noviembre de 2018

El pasado 3 de noviembre en El Picatonal, estado Amazonas, se produjo un atentado contra una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana que les costó la vida a tres militares. Desde ese mismo día la Mesa de la Unidad Democrática de ese país pide a la comunidad internacional medidas de protección para los diputados Américo De Grazia y Andrés Velásquez para evitar que sean asesinados por Maduro y sus secuaces, porque denunciaron que el autor del crimen fue el ELN y que lo realizaron en represalia por la captura, pocas horas antes, de Luis Ortega alias Garganta y otras ocho personas, pertenecientes a ese grupo armado ilegal.

Desde épocas de Chávez abundan denuncias acerca de que las guerrillas colombianas tienen un santuario en Venezuela. Las nuevas revelaciones de De Grazia y Velásquez tienen importancia especial pues recogen la voz de ONG, medios y personas que señalan que, en su debacle económica y política, Maduro perdió la confianza en la Fuerza Armada Nacional y en los cuerpos de seguridad del Estado y que ahora se apoya para múltiples tareas en ELN y en disidencias de las Farc que dominan y controlan narcotráfico, contrabando de ganado, gasolina y alimentos, minería criminal, extorsión, tráfico de personas, entre otras actividades, en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira y Zulia.

Nuestra frontera con Venezuela es una de las zonas más peligrosas y con mayor criminalidad en el mundo. Las Farc y el ELN fueron pioneras allá en el tráfico de cocaína desde el Catatumbo hacia mercados en Estados Unidos y Europa. También en el contrabando de gasolina hacia Colombia.  

Sus actividades se han diversificado y su industria criminal crece y prospera entre la complicidad del gobierno de Venezuela y la inoperancia del colombiano. La fundación venezolana Redes (Fundaredes) ha denunciado reclutamiento masivo de venezolanos -algunos menores de edad- por el ELN y las disidencias de las Farc. También que el ELN tiene presencia y reparte propaganda en colegios y escuelas de ocho estados, que tiene cinco emisoras de radio y que, en sociedad con militares venezolanos, participa y se lucra con publicidad y dinero en la distribución de alimentos a la población -las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). Nuestra Policía fiscal y aduanera ha denunciado también que el ELN regula y controla el contrabando de ganado, de armas, de divisas y de alimentos en Arauca, La Guajira y Norte de Santander.

Pero la gran bonanza comenzó hace dos años. Con la economía en bancarrota y la industria del petróleo en sus mínimos históricos de producción y de recaudo, Maduro encontró en la minería una nueva fuente de ingresos. Por eso creó en 2016, el Arco Minero del Orinoco (AMO) un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados, 12,2 por ciento del territorio venezolano, en donde habría 7.000 toneladas de oro, además de yacimientos de cobre, diamantes, hierro, bauxita y coltán. La idea es que sean explotadas por compañías trasnacionales, pero desde el anuncio inicial se desató una invasión hacia la zona por aventureros de todos los orígenes -delincuentes, cambistas, compradores- y mineros que se tomaron los predios artesanales e iniciaron una explotación intensiva, irracional y salvaje, al estilo de las que arrasan en Colombia territorios como Chocó y Antioquia. Allá, como acá, la deforestación, la destrucción del suelo y el vertimiento de mercurio y cianuro en las fuentes de agua convierten en paisaje lunar grandes extensiones de selva amazónica.

La autoridad estaba a cargo de los “pranes”, criminales que desde las cárceles mueven los hilos del delito en Venezuela. La denuncia de De Grazia es que para controlar la violencia entre bandas y garantizar el flujo de los diezmos y del oro hacia sus arcas, el gobierno de Maduro entregó el control de la zona al ELN y a disidentes de las Farc que actúan como operador financiero y militar. Desde hace varios años participan activamente en el entrenamiento de milicias y serían una fuerza de contención ante el riesgo de una guerra civil o de cualquier agresión de países vecinos. Lo de Amazonas demostró, sin embargo, que no está todo podrido en la Fuerza Armada venezolana y que hay militares que no están contentos con la situación.

Es insensato y desmesurado -al menos por ahora- pensar en una guerra de nuestro país con la hermana república. Pero que el ELN y las disidencias de las Farc actúen en Venezuela como fuerzas paramilitares en actividades criminales, al servicio del régimen de Maduro, es un tema de seguridad nacional, vital para Colombia, por las formidables amenazas que plantea, pero sobre todo porque si las denuncias se llegaran a comprobar, pondrían en entredicho la legitimidad y la validez de los procesos de paz. Resultaría indignante y estremecedor repasar, analizar y entender los desarrollos y desenlaces de los tortuosos procesos de paz con las Farc y el ELN a la luz de una interferencia deliberada de Venezuela y Cuba para impulsar empresas políticas y criminales en paralelo. Una enorme afrenta y burla a nuestra nación. Para establecer qué hay de verdad en ello será vital lo que digan los antagonistas militares y civiles de esa reciente acción criminal del ELN en el Amazonas venezolano, que tienen mucho que decir (y que ya comenzaron a hablar).