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Opinión

  • | 2020/05/12 23:15

    Emergencia impondrá medidas regresivas sin democracia

    El Gobierno no necesita poderes extraordinarios sino voluntad política. La segunda emergencia es una estratagema para imponer medidas regresivas sin la discusión democrática de rigor.

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El gobierno nacional ha decretado una segunda emergencia con motivo del COVID 19 y le quedaría espacio para una tercera hasta marzo de 2021. En tandas cuidadosamente programadas, el ejecutivo vacía las competencias del legislativo y también se entromete en las   judiciales, arrogándose la facultad de suspender términos.

La pregunta es, ¿si la imprevisión justifica semejante concentración de facultades en el ejecutivo? La respuesta es claramente negativa. Vigente la primera emergencia, ya se conocían los efectos desastrosos sobre el empleo de las cuarentenas y de los choques simultáneos de demanda y oferta que sufrían los países que nos precedieron en el avance del contagio. Respecto del examen de necesidad que debe superar la nueva declaratoria, mediante sentencia C-670/15 quedó descartado el “criterio de eficacia” que está detrás de las medidas anunciadas.

Con 73 decretos leyes expedidos en la primera emergencia, el gobierno ya legisló incluso sobre extradición y adopciones y, desde luego, para ampliar la capacidad del gobierno para atender con transferencias pecuniarias y préstamos a las personas y empresas afectadas. El decreto 444, además,  autoriza al gobierno para suscribir acciones y bonos de empresas emproblemadas. Como se trata de recursos públicos, sujetos a un alto grado de riesgo moral, el gobierno haría bien en destinarlos a empresas con problemas de liquidez y no de solvencia, para que el erario pueda recuperar posteriormente buena parte de ese gasto de emergencia.

Con la segunda emergencia, el Gobierno pretende facultades exprés para enajenar la propiedad accionaria de Ecopetrol y el nuevo holding financiero estatal, lo cual es completamente desaconsejable cuando los precios de los activos están en barrena. El ahorro acumulado de los grandes grupos empresariales estaría mejor dirigido a contribuir extraordinariamente al erario y no a hacerse al patrimonio colectivo a precio de ganga.

El mismo decreto 444 se apropió del ahorro de regalías y pensional de las entidades territoriales que les habría permitido atender la emergencia con la oportunidad debida. Ahora, para suplir el faltante, el gobierno busca autorizarles mayor acceso al crédito y endeudamiento. Para allegar recursos, el gobierno haría bien en aducir fuerza mayor y solicitar la moratoria de la deuda externa para liberar los $40 billones que cuesta su servicio en el año y conseguir del Banco de la Repúblico un préstamo a bajo costo, como corresponde en tiempos de pandemia.

Leyendo entre líneas, más que necesidad lo que hay detrás de la segunda emergencia es la imposición, sin participación del Congreso y la ciudadanía,  de las propuestas de la agenda empresarial rechazadas en las multitudinarias movilizaciones del 21N. En materia laboral, se encuentran: la eliminación de las contribuciones por nómina a la salud, al ICBF y al SENA; la modificación de la jornada laboral, con la consecuente eliminación de las horas extras y dominicales y festivos; la regularización de la tercerización laboral y la reducción del salario y su pago por horas. Con lenguaje generoso en “solidaridad” y “equilibrios ante las cargas y efectos derivados de la pandemia,” se preparan para reducir los trámites y procedimientos para las licencias ambientales y las consultas previas.

Hasta con cierta picaresca, el decreto de emergencia pretende justificar la desmejora de los derechos sociales de los trabajadores, constitucionalmente vedada durante la emergencia, haciendo propias las medidas de la República Popular China. Estas incluyen “re-negociones salariales, rotación de puestos y licencias, así como el pago por horas trabajadas,” en línea con la política de represión salarial del capitalismo de Estado chino, que ha favorecido al empresariado a escala mundial.

Con las facultades del decreto 444, todavía vigente, el gobierno puede extender los beneficios monetarios a los trabajadores informales, familias y jóvenes en acción y adultos mayores, así como aumentar los préstamos de nómina a las pymes y demás empresas que pueden ser parcial o totalmente condonados. Si contara con apoyo gubernamental, el Congreso aprobaría en tiempo récord, la renta básica extraordinaria propuesta por la oposición, para la duración de la pandemia.

El Gobierno no necesita poderes extraordinarios sino voluntad política. La segunda emergencia es una estratagema para imponer medidas regresivas sin la discusión democrática de rigor.

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