Congreso de la República: transparencia mediocre

El 18 de mayo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de transparencia en el Congreso. Pero lo hizo de una forma tímida, por no decir mediocre, porque dejaron por fuera el artículo fundamental, que obligaba a que los congresistas hicieran públicas sus declaraciones de renta.

Qué útil habría sido que, cuando Pablo Escobar fue congresista, nuestros padres de la patria hubieran tenido la obligación de publicar su declaración de renta.

Hoy en día, toda persona que entra a trabajar como servidor público debe entregar su declaración de bienes y rentas. Esto está en el artículo 122 de la Constitución, que también indica que “Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público”. Se entendería que estos documentos pueden ser conocidos por el público, pues el deber de rendir cuentas y tener transparencia sobre sus posibles conflictos de intereses, por mínimos que sean, forman parte de “la aplicación de las normas del servidor público”.

Pero hay otros que piensan diferente. Un ejemplo de esto son los representantes a la Cámara Albeiro Vanegas y Elbert Díaz, del Partido de la U quienes podrían llamarse precursores de que este proyecto de ley hoy en día no contemple la publicidad de las declaraciones de renta. Ellos tomaron la palabra el 28 de abril de este año y dieron varios argumentos por los que el debate fue aplazado hasta el 18 de mayo, cuando se aprobó dicha iniciativa con esa triste mutilación.

Vanegas dijo, entre otras cosas, que: “no hay declaraciones de renta o resúmenes de bienes y servicios más investigados por la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, los Paramilitares, los Elenos y las Farc, de las cuentas de los Congresistas (…) La relación de bienes y servicios eso lo investiga Raimundo y todo el mundo, quienes están aquí si quieren saber cuánto tiene Albeiro Vanegas, no necesitan sino meterse en la red y ahí saben”.

Busqué en internet y no encontré. La página web http://www.albeirorepresentante.com/ no me cargó, por lo que no puedo saber si Vanegas hace pública esa información en su página web. También hice una búsqueda en el buscador de Google con las palabras “Albeiro Vanegas Osorio representante declaración de renta” y no encontré nada.

Tampoco encontré la declaración de renta de Díaz, quien dijo en ese mismo debate que “me parece muy delicado que eso esté, que esa información esté pública, no por el caso mío ni por el caso suyo doctor Albeiro que no tenemos nada, pero los que sí tienen de pronto sí pueden tener dificultades con bandas criminales, con gente que no coge esa información para enterarse sino para otras cosas, para otros fines, eso me preocupa, eso hay que discutirlo”.

La verdad es que ese es un argumento muy superficial. No es posible que se niegue el acceso a la información por parte de la ciudadanía en general por el simple hecho de que existen grupos a los que quizás les interese esa información para hacer daño. Díaz no debe alarmarse, pues, que yo sepa, los funcionarios que han publicado ese tipo de información no han tenido riesgos diferentes de los que pueden tener por el cargo que ocupan.

Juan Manuel Santos, copartidario de Díaz y de Vanegas dijo en un discurso del 27 de abril de este año  que Elisabeth Ungar, Directora de Transparencia por Colombia, le había propuesto que los ministros del “Gabinete de la Paz” publicaran sus declaraciones de renta y de bienes. Santos dijo que “Creo que es una propuesta que podemos acoger como una señal adicional, de compromiso de este Gobierno en la lucha contra la corrupción”.

Este compromiso, lamentablemente, depende de la voluntad propia de cada persona. El Artículo 583 del Estatuto Tributario dice que “La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada”. Además, el Artículo 2 del Decreto 1651 de 1961 dice que las Declaraciones de Rentas y Patrimonio “están amparadas por la más absoluta reserva”. Esto lleva a que, como lo contó la Revista Dinero, solo uno de los Ministros, Germán Arce, haya cumplido.

Mientras tanto, el columnista de El Espectador, Yohir Akerman, planteó el 14 de mayo que las explicaciones de Clara Lopez sobre su relación con una compañía panameña no son suficientes. Como explica Akerman, no queda claro si Lopez reportó la creación de esa empresa en 1980, cuando también era funcionaria pública. Todo sería más fácil si la declaración de renta de los servidores públicos no fuera clasificada.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que fue sancionada en el 2014, dice en su Artículo 18 que la información relacionada con la intimidad puede ser clasificada, “bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público”.

Si uno se va a las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede encontrar que los funcionarios públicos ejercen actividades de interés general y buscan la confianza de la ciudadanía, por lo que su intimidad, como limitación propia de su cargo, es reducida. En últimas, uno podría decir que es normal que este tipo de documentos, cuando pertenezcan a estas personas, deben ser públicos, como se decidió hace poco en Chile.

Pero todo sería más claro si los Congresistas no hubieran sido tan tímidos cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue debatida. Cuando ese proyecto de ley fue presentado en el 2011, establecía que la clasificación del a información por motivos de intimidad no debería incluir “las actividades relacionadas directa o indirectamente con la función de los servidores públicos”. Pero en el paso de los debates hubo modificaciones que llevaron a que la norma fuera como es hoy.

Al proyecto de ley de transparencia en el Congreso le queda un debate. Sería un momento crucial para que el Presidente Santos fuera más claro con su compromiso con la transparencia e impulsara que se vuelva a incluir la obligación de publicar las declaraciones de bienes y rentas en esa iniciativa. Y más aún, debería buscar una forma de formalizar lo dicho en el discurso del 28 de abril, para que no sean palabras que se lleva el viento. Es hora de acabar con el reino de los tímidos.

*Asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa. @EmmanuelVP.