En Brasil y Colombia, el sistema está podrido

El 12 de julio de 2017, el juez Sergio Moro, condenó en primera instancia al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión por haber aceptado y reformado una casa en el litoral de Sao Paulo, avaluada en 3,7 millones de reales (más de un millón de dólares), a cambio de contratos públicos. A Lula aun le quedan vivos otros cuatro procesos liderados por el juez Moro.

La condena del ex presidente de Lula es resultado de la mayor investigación sobre corrupción en Brasil. En la operación Lava Jato (lavadero de autos), como se le conoce, ya han sido detenidas y condenadas más de 100 personas desde 2014, cuando arrancó en cabeza de la Policía Federal.

Lo que inició como una pesquisa sobre lavado de dinero terminó destapando un multimillonario esquema de corrupción masiva, que incluía a altos ejecutivos de la Petrobras, a políticos de diversos partidos y a empresarios. Se calcula que entre 2004 y 2012, cerca de 8.000 millones de dólares fueron movidos por esta red, que operó incluso en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros países de América Latina, a través de la financiación de campañas políticas por parte de la constructora Odebrecht a cambio de contratos públicos.

Pero la operación Lava Jato fue más allá. Incluyó investigaciones sobre los nexos de la corrupción nacional con la corrupción local y encontró más casos. Por ejemplo, en el estado de Rio de Janeiro el ex gobernador Sergio Cabral está detenido por recibir un soborno, de cerca de un millón de dólares, por parte de un contratista de una refinería de la Petrobras y tiene nueve investigaciones más por corrupción. Cabral también habría recibido más de 38 millones de dólares, de los 81 millones pagados a políticos en sobornos por un grupo de empresarios del transporte de Rio de Janeiro, a cambio de reajustes en las tarifas del transporte público y para mantener contratos sobrefacturados de transporte público en ese estado.

Como consecuencia de esta investigación, Jacob Barata Filho, uno de los mayores empresarios del transporte en Brasil, fue capturado el 2 de julio de 2017  en la zona de embarque del aeropuerto internacional de Rio de Janeiro. Según el Ministerio Público Federal, Barata haría parte de dicho esquema, en el que además estarían involucrados otros transportadores, cinco de los seis miembros del tribunal de cuentas del estado de Rio– entidad que fiscaliza la inversión pública- y políticos.

Barata además era uno de los principales dirigentes de la Fetranspor (http://www.fetranspor.com.br/a-fetranspor-sobre-a-fetranspor), la Federación de las empresas de transporte de pasajeros del estado de Rio de Janeiro, cuyo presidente, Lelis Teixeira, está en detención preventiva también por corrupción. Las investigaciones de las autoridades asimismo tienen bajo la lupa el funcionamiento de las tarjetas y el recaudo electrónico de los pasajes en Rio, operados por la Fetransport, a través de Riocard Cartones y Riocard Tecnología de la Información.

Pero esto no termina ahí. Más sobornos pueden haberse repartido en otros estados de Brasil, pues Barata, conocido como “el rey del bus” (O rei do ônibus), era la cabeza del grupo Guanabara, que controla más de 20 empresas de bus en los estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pará, Paraíba, Piauí e Maranhão; tiene 20 mil trabajadores y se calcula que al día puede mover más de un millón de pasajeros en sus más de 6 mil buses. Además, el grupo Guanabara es distribuidor de buses de Mercedes Benz (Ver link), vende buses usados que han dejado de circular en Rio (ver link) y, a través del banco Guanabara (Portal web banco Guanabara), financia la compra de buses en Brasil.

El sistema en Brasil está podrido. Pero si allá llueve, en Colombia no escampa. Lo que sucede deja en evidencia que la corrupción se ha convertido en el sistema de un voraz entramado criminal que se queda con los recursos públicos. Lo diferente es que en Brasil hoy se está investigando y se empiezan a ver los resultados judiciales, que generan una pequeña esperanza. Aquí aun seguimos a la espera de que la justicia avance y vaya hasta el fondo para desarticular las redes. Lo que hoy sabemos de Odebrecht, Reficar o el carrusel de la contratación en Bogotá es poco. Mientras tanto, los que nos roban siguen campantes.