Generales a la JEP

Hicieron bien en hacerlo los generales en retiro Mario Montoya Uribe y William Torres Escalante, de suscribir el acta ante el Alto Tribunal de Paz y someterse a los preceptos de la justicia transicional. Como Agentes del Estado no son susceptibles de aplicárseles amnistía o indulto, pero sí contarán con reglas jurídicas simétricas que garantizan seguridad jurídica durante el proceso para obtener los beneficios siempre que cumplan con el régimen de condicionalidad. 

Eso sí, los generales, como demás integrantes de la Fuerza Pública, tendrán que asumir responsabilidad en los hechos por los cuales son requeridos en la JEP y, condición ineludible, deben contar verdad plena para acceder al régimen de sanciones que establece este modelo de justicia transicional. En todo caso, como beneficio adicional, se quitan de encima el San Benito de la Corte Penal Internacional (CPI).

Decía en la columna anterior que los miembros de la Fuerza Pública inmersos en hechos dolorosos, producto del conflicto interno, deben taparse bien los oídos para hacer caso omiso a esos cantos de sirena que desde el Congreso les prometen un tribunal distinto con el peregrino argumento de que ellos, los miembros de las Fuerza Pública, no son equiparables a “los terroristas de las Farc”. Ese no es el asunto, el mismo general Torres Escalante lo dijo: “vine a la JEP porque tengo las garantías que no me da la justicia ordinaria”.

No podemos desconocer que con la entrada en vigencia de la JEP el país comenzó a vivir momentos interesantes, y que los objetivos de la Justicia Transicional de abonar el camino para encontrar una paz estable y duradera, se están cumpliendo; todo lo anterior en aras de que los protagonistas del conflicto interno armado comiencen a contar la verdad y se comprometan con resarcir a las víctimas; en el caso de los militares, contando lo que saben; y por el lado de los exguerrilleros que asuman responsabilidad, cuenten la verdad y económicamente entreguen la totalidad de sus bienes para reparar a los cientos de miles de campesinos y campesinas, indígenas y afrodescendientes afectados por su acción bélica.

Sin duda, con la llegada de los generales Montoya Uribe y Torres Escalante junto a los 1944 miembros de la Fuerza Pública, según datos del Mindefensa, que se acogieron a la JEP, este Alto Tribunal de Paz gana en legitimidad política, no solo nacional sino internacional, y seguramente el país lo entenderá como el camino expedito para consolidar la paz en el territorio colombiano; pero, además, obliga a que organizaciones como el ELN asuman con seriedad la posibilidad de negociar la paz con el gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, nos esperan momentos turbulentos si los nubarrones de granizo que nos anuncia el nuevo gobierno se ponen en práctica: regular -¿o criminalizar?-  la protesta social, otra pomposa Reforma Tributaria seguramente acompañada de beneficios para los ricos y empresarios y más castigo para el bolsillo de la clase media; y, por supuesto, las intenciones del uribismo de tocar, a fondo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, intenciones que Duque ignora deliberadamente.   

@jairotevi