Entre vendas y togas

En los últimos años, en Colombia ha habido una fuerte discusión pública sobre la manera como los jueces deciden y deberían decidir los casos que llegan a sus despachos. Esta discusión ha tenido como centro del debate decisiones expedidas por la Corte Constitucional sobre temas moral y políticamente polémicos como el aborto, la eutanasia y el reconocimiento de algunos derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo.

En uno de los polos de este debate encontramos aquellos a quienes podríamos llamar los mecanicistas de la decisión judicial. Estas personas defienden la idea de que los jueces pueden y deben decidir neutralmente todos los procesos que llegan a sus escritorios. Es decir, que los jueces, pueden y deben solucionar los conflictos frente a los cuales tienen competencia sin que los influyan elementos externos al derecho, en particular, sus compromisos morales y políticos.

Para estos individuos, el juez es simplemente “la boca de la ley”, el mediador aséptico entre normas jurídicas y hechos. Desde esta perspectiva, no habría entonces, mucha diferencia ente un juez y un computador; tanto éste como aquel reciben una información –hechos y normas en el primero, datos pertinentes para correr un programa en el segundo– la procesan objetivamente y producen un resultado que no está contaminado por factores externos al derecho o al ordenador.

Las razones que justifican esta posición son fuertes. Por un lado, se argumenta que el único que tiene capacidad creadora de derecho en una democracia es el legislador; el congreso es quien tiene la tarea de interpretar y articular los intereses de la ciudadanía. Los jueces, en contraste, en tanto que no son elegidos por el pueblo, no tienen la potestad de crear derecho, solo de aplicarlo. Por el otro, se indica que el derecho es un sistema completo, coherente y cerrado que puede ser operado por un juez mecánico. Es decir, que el ordenamiento jurídico provee las herramientas (principios, valores, reglas, criterios de interpretación, por ejemplo) para solucionar todos los conflictos de una comunidad, no tienen contradicciones, y no necesita de elementos que estén fuera del sistema para dar solución a los problemas de la sociedad. El derecho no es, desde esta perspectiva, distinto a la geometría.

Nuestra imaginación política y jurídica ha sido dominada por este mecanicismo judicial. Dos imágenes sintetizan poderosamente esta perspectiva: la toga que hoy usan los magistrados en Colombia y la mujer vendada con una balanza en la mano con la que usualmente se representa a la administración de justicia. La primera, simboliza la idea de que el juez cuando entra a su despacho deja a un lado los valores morales y políticos con los que está comprometido; su individualidad se pierde cuando actúa como juez. La segunda, que la justicia es ciega. Para el juez no debe importar quienes son las partes o como cree que debería decidirse el caso desde una perspectiva política o moral; él pone los argumentos presentados por las partes en la balanza y deja que el más fuerte triunfe.

En el otro polo del debate sobre como deben decidir los jueces están aquellos que podríamos llamar los voluntaristas de la decisión judicial. Estos consideran que el ideal de la neutralidad judicial es inalcanzable. El carácter vago o ambiguo de muchas de las normas jurídicas, las contradicciones que existen entre las normas que hacen parte de sistemas complejos como el colombiano, la riqueza de la realidad humana que impide que el legislador regule todas las situaciones que pueden darse en una comunidad y el hecho de que las normas jurídicas muchas veces pierdan pertinencia en tanto que las transformaciones sociales van usualmente mucho más rápido que los cambios jurídicos, hacen que el juez no pueda dejar a un lado su identidad cuando soluciona los conflictos que enfrenta diariamente en el tribunal. El juez, para los voluntaristas, no es más que un individuo que avanza una agenda política y moral determinada con cada una de sus sentencias.

Para los voluntaristas, el derecho no es como la geometría, es sólo otra rama de la política. La toga no elimina la subjetividad del juez, simplemente la encubre. El juez ideal, desde este punto de vista, sería entonces aquel que explicita los puntos de vista morales y políticos con los que está comprometido de manera que se hagan evidentes los verdaderos fundamentos de sus decisiones. La parcialidad judicial debe ponerse claramente sobre la mesa; el juez debe ser honesto y reconocer la inevitable parcialidad de su jurisprudencia.

Desde mi perspectiva, tanto los mecanicistas como los voluntaristas están en un error. Los jueces no son ni deberían ser maquinas que producen sentencias neutralmente, ni meros agentes políticos que no pueden distinguirse del legislador. Las normas jurídicas determinan un número importante de las decisiones judiciales. Tanto la ley como la jurisprudencia como las reglamentaciones expedidas por la administración, fijan y deben fijar la manera como los jueces deciden. Si no lo hicieran, no serían realmente normas. Sin embargo, el derecho está compuesto por algunas normas que pueden ser interpretadas razonablemente de distintas maneras, tiene lagunas y contradicciones, y avanza mucho más lentamente que las dinámicas sociales. En estos “casos difíciles” el juez tiene que escoger entre dos o mas soluciones disponibles, y por tanto, no tiene una opción distinta a involucrar variables externas al derecho en la decisión que habrá de solucionar el caso bajo estudio, entre otras, sus convicciones políticas o morales.

Es por esta razón que resulta pertinente que conozcamos profundamente a nuestros jueces, particularmente, a aquellos que hacen parte de altos tribunales, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los magistrados de estas cortes deciden una parte importante de la estructura básica de nuestra sociedad. Para entender la manera como los jueces toman estas decisiones debemos estudiar no solo las normas jurídicas que las motivan parcial o totalmente; debemos también entender quiénes son los encargados de interpretarlas y aplicarlas. Por eso es tan importante que los ciudadanos comunes, los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones sociales y los partidos políticos, entre otros, estemos atentos a los procesos de elección de nuestros magistrados. Debemos conocer quienes son los candidatos; debemos, por ejemplo, conocer los trabajos que han desempeñado, sus escritos y la manera como entienden la labor de un juez. Debemos partir del carácter humano de nuestros jueces y de la falibilidad de nuestros sistemas jurídicos.

Próximamente serán elegidos algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Los ciudadanos no podemos perder esta oportunidad para iniciar un proceso juicioso y continuo de evaluación de los candidatos a las altas cortes, así como de la tarea que adelantan aquellos que efectivamente son elegidos.


*Daniel Bonilla Maldonado es profesor de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la misma universidad.