¿Es posible regular a las ONG?

El desmesurado intercambio de opiniones entre el presidente Uribe y algunas ONG nacionales e internacionales traerá consecuencias internacionales perjudiciales para el gobierno nacional. El jefe de Estado abrió un espacio político a las organizaciones de derechos humanos que, hasta el momento, había sido limitado en medio del "unanimismo" de la política colombiana de los últimos meses.

Queda en el ambiente la necesidad de discutir pausadamente si conviene regular o no a las ONG. No es una materia desprovista de complicaciones. Pero existen experiencias internacionales, con variados niveles de éxito, que podrían ofrecer elementos sobre un debate que, al final, debe producir sólo ganadores en el Estado, en la sociedad colombiana y en la comunidad de ONG.

Unos días después del 11 de septiembre, el presidente Bush dijo entender que "ciertas ONG sirven como frentes, como mecanismos de financiación para las organizaciones terroristas". Sus declaraciones produjeron el "horror" de varias ONG muy respetables, incluida Oxfam, de que se les vinculara con el terrorismo internacional.

La presión interna y externa hizo entender al presidente Bush que estas aseveraciones no podían formularse en abstracto, y con el tiempo, se vio política y moralmente obligado a aterrizar sus declaraciones. Estados Unidos generó nombres concretos de organizaciones sobre las cuales existían evidencias o indicios que comprobarían su complicidad con el terrorismo. Sus activos fueron congelados por Estados Unidos, y en algunos casos por otros gobiernos, cuando así lo indicó el comité de sanciones especializado creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para congelar los activos de organizaciones vinculadas con Al Qaeda.

La comunidad internacional comprendió que era verdad que existían ONG que actuaban como fachadas de Osama Ben Laden para llevar a cabo operativos terroristas. Y esto es un fenómeno que ha sucedido en otras regiones del mundo. En Kosovo, hubo investigaciones para establecer casos en los que la ayuda humanitaria era utilizada para la compra de armas pesadas. En Palestina, se investigan casos de dineros con destino humanitario que podrían haber sido orientados para el entrenamiento de ataques suicidas. Y en Bosnia, se anunció recientemente que 500 organizaciones humanitarias y no gubernamentales tenían operaciones que debían ser reexaminadas por los indicios de que algunas de ellas estarían financiando actividades terroristas.

La experiencia internacional indica que, desafortunadamente, sí es posible que algunos terroristas creen o utilicen ONG para sus fines extremistas. Esto no es culpa de las ONG sino de los que llevan a cabo actos terroristas que se aprovechan injustificadamente de todos los medios para lograr sus fines. La situación merece, en consecuencia, un examen pausado, profesional y democrático con amplia participación para que los resultados del ejercicio sean transparentes.

En marzo del 2003, en Sri Lanka, se llevó a cabo un seminario intergubernamental financiado por el gobierno británico en el que fueron examinadas las mejores prácticas para la regulación de actividades de caridad y de ONG. Allí fue reconocido ampliamente el trabajo honorable de muchas organizaciones, pero también se tuvo conciencia de la vulnerabilidad de las mismas a ser infiltradas por el terrorismo.

Existen pautas regulatorias que han sido sugeridas por el Grupo de acción financiera contra el lavado de dinero (Fatf por sus siglas en inglés), un mecanismo intergubernamental del Grupo de los 8 (G8) cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir la financiación terrorista. De manera específica, el Fatf ha propuesto la regulación de organizaciones sin ánimo de lucro dada su vulnerabilidad en la materia. Estas pautas podrían constituirse en la base de un debate nacional sobre el tema.

Algunos países han intentado regular las ONG, no siempre dentro de espacios democráticos amplios. En junio del 2002, Egipto puso en marcha un régimen normativo estricto que exige a todas las ONG registrarse con el gobierno o simplemente desaparecer. La ley, que impuso restricciones para la consecución de fondos, la administración y las actividades políticas de estas organizaciones, ha sido cuestionada pues aparentemente el gobierno habría abusado el mecanismo para callar las ONG de derechos humanos.

En Bangladesh también fueron propuestas normas a finales del 2002 para prohibir que las ONG se involucraran en actividades políticas, y en su lugar, se dedicaran exclusivamente a actividades de desarrollo con un control estricto de la recepción de fondos nacionales e internacionales. Y así sucesivamente existen debates vigentes en Sri Lanka, Indonesia, Malasia, Pakistán, Filipinas y Singapur con diversos niveles de participación y resultados.

En Colombia, como en cualquier otro país, es posible iniciar acciones en la dirección de la regulación y el control. Sin embargo, el proceso debe ser participativo, transparente y desprovisto de agendas ocultas. El resultado de un ejercicio democrático tiene el potencial de beneficiar a todas las partes interesadas, un simple juego de suma positiva en el que todos ganan.

En el medio de este debate está la confianza que tengan los colombianos en este tipo de organizaciones en los niveles nacional y comunitario; la transparencia y responsabilidad con que actúan las mismas en un medio complejo políticamente como lo es el colombiano, y la madurez democrática del gobierno para liderar la discusión de temas difíciles con altura.

*Internacionalista. Actualmente representante de Unicef en el Perú