Una crisis que se veía venir

En medio de la profunda crisis que atraviesa la Justicia son varias las voces autorizadas, de todas las disciplinas, que han tratado de establecer en qué momento se nos salió la cosa de las manos. Hay quienes anotan que esta debacle empezó como consecuencia de la toma del Palacio de Justicia; otros ubican sus orígenes en la Constitución del 91; y unos tantos creen que estamos en estas por cuenta de haber permitido la reelección presidencial.

Todos ellos tienen razón en varias de sus afirmaciones. Es cierto que en la toma del Palacio se acabó con la vida de una generación de magistrados brillantes, respetables y honestos. También es cierto que la Constitución del 91 estableció varios mecanismos, entre los que se cuentan las funciones electorales de las cortes y la manera de juzgar a los aforados, los cuales crearon nuevas ventanas para el festival de corrupción en el que hoy vivimos. Y es innegable que la reelección presidencial le hizo un daño inmenso a este país.

Existen todo tipo de teorías sobre cómo pasamos de tener unos jueces y magistrados que preferían morir antes que negociar sus principios, a la podredumbre que tenemos hoy. Y, a su vez, hoy hay sobre la mesa una infinidad de propuestas e iniciativas que pretenden desenredar el embrollo.

Hay quienes hablan de reformas a la Justicia, de renuncias masivas en la rama, y de reformas a sistema electoral, entre otras. De lo que poco se ha hablado es de la responsabilidad que tenemos todos en esta crisis. Les resultará extraño que diga que los ciudadanos del común somos en parte culpables de haber dejado que la justicia se volviera un cartel. Pero así es. Esto no es solamente culpa de Bustos, de Ricaurte, de Montealegre, de Perdomo, del Ñoño Elías, de Mussa y de sus secuaces. Nosotros, la opinión pública y los medios de comunicación, tenemos la culpa de haber sido tan pendejos de dejarlos llegar a donde están, y de no haber hecho nada para sacarlos de ahí, cuando esto lleva años pasando en las narices de todos.

Me explico. Es cierto que con las revelaciones del escándalo de Odebrecht, con la captura de Moreno, del Ñoño y de todos los que están pagando su merecido carcelazo, la crisis de la Justicia se ha hecho mucho más notoria y aparentemente mucho más profunda. Pero eso es paja. Esta olla que se está empezando a destapar, lleva ya varios años podrida y poco nos importaba.

Es que los ciudadanos del común debemos entrenarnos para saber identificar ciertas conductas que son a todas luces corruptas, y movilizarnos hasta que se haga algo al respecto.

Por ejemplo, el capítulo más reciente del escándalo que tiene enredados a los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, ha hecho que muchos volteen sus ojos hacia uno de los capítulos más oscuros que ha sufrido la justicia colombiana: la Fiscalía de Montealegre. ¿Pero es que acaso estamos hablando de un tema nuevo? ¿No teníamos ya suficientes elementos de juicio, como para que hasta ahora nos estemos preguntando qué hicieron Montealegre y Perdomo durante sus períodos?

Hagamos por un momento el ejercicio de situarnos antes de que se destapara la olla. Para entonces, ya sabíamos que en esa administración se habían feriado recursos públicos con toda suerte de destinos. Sabíamos que varios magistrados que votaron la prórroga del periodo de Montelagre terminaron con contratos millonarios en la Fiscalía. Sabíamos que él presionó al presidente para que firmara una reestructuración que le aumentara sustancialmente el presupuesto.

Sabíamos que compró un jet de 12 millones de dólares. Sabíamos que creó una universidad de mentiras en la que botó a la caneca más de 30.000 millones. Sabíamos que le pagó más de 4.000 millones a Natalia Springer por decir estupideces. Sabíamos que puso el grito en el cielo y se atravesó a la reforma que pretendía ponerles a los aforados un juez distinto a la Comisión de Acusaciones. Sabíamos que nombró embajadores por todo el mundo, que ganaban más que el presidente. Sabíamos que Perdomo nombró en la Fiscalía a las esposas de sus escoltas. Sabíamos que firmaron contratos millonarios que no tenían objeto distinto a pagar favores, comprar silencios y repartir entre su círculo la torta del Estado.

De manera que debemos dejar de sorprendernos por algo que ha existido y ha pasado durante mucho tiempo. Sería más efectivo lograr, entre todos, que esos personajes, aun cuando no estén condenados, pero sabemos que son corruptos, en vez de estar paseando tranquilos o asesorando presidentes, no vuelvan a pisar una entidad del Estado.

@federigomezla