Estado cuadripléjico

Las autoridades nacionales y locales colombianas han acertado en la forma de enfrentar la epidemia. Por lo menos en la toma de decisiones. La temprana decisión de confinamiento, la declaración de emergencia y el cierre de los aeropuertos han permitido reducir la curva del contagio, salvar vidas y proteger el sistema de salud de una avalancha de casos que habría desbordado su capacidad de atención. De la misma manera se crearon mecanismos de apoyo económico para atender las necesidades de millones de personas que se quedaron sin el precario sustento que tenían antes de la epidemia. También se ordenaron mecanismos para apoyar a las empresas y tratar de reducir el impacto en términos de empleo que la cuarentena trae consigo. La solidaridad privada y pública también se activó de manera rápida. 

Pero pasados apenas un poco menos de treinta días desde el anuncio de las primeras medidas, los problemas de ejecución estructurales del Estado colombiano han vuelto a aparecer. Y es que –como me dijo hace muchos años un gran conocedor de la política y el gobierno— en nuestro país el Estado es cuadripléjico: cuando la cabeza funciona, los miembros no obedecen.

Los médicos y personal de clínicas y hospitales protestan porque no tienen los equipos de bioseguridad necesarios para protegerlos frente al riesgo enorme que corren por cumplir su labor. Ahora, cuatro semanas después, el gobierno le pasó la responsabilidad a las Aseguradoras de Riesgos Laborales, y resulta que no se ha hecho el inventario de necesidades. Esta era una medida de primera urgencia que debería haber sido resuelta hace mucho.  Y esta semana el ministro de salud reconoció que no tenemos forma de aumentar las pruebas de detección del coronavirus porque no se consiguen los reactivos. Sin esa herramienta, estamos ciegos para tomar decisiones sobre cómo seguir combatiendo la epidemia.

Esta semana hemos empezado a ver las protestas de aquellos que necesitan las ayudas, pero no las han recibido. Y nos enteramos entonces de que hay problemas en la identificación de los beneficiarios, en la cadena logística para distribuirlas y que los recursos no alcanzan para llegar a todos los que las requieren. También vemos a los pequeños empresarios que reclaman que los alivios y créditos garantizados ofrecidos no les son otorgados porque los bancos dicen no haber recibido las directivas del gobierno. Muchos de los decretos expedidos siguen sin ser aplicados porque su reglamentación se demora más de lo que debería.

La crisis de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria que vivimos se volvió insostenible por la epidemia. Los muertos por las revueltas que hubo hace tres semanas quedaron en el olvido y ya hay muertos por el covid-19 en la cárcel de Villavicencio. Ayer el gobierno expidió por fin el decreto de excarcelación para enviar a prisión domiciliaria a condenados o permitir que muchos de los que esperan juicio lo hagan en libertad vigilada. Pero, a criterio de algunos penalistas, su aplicación va a tardar mucho porque debe pasar por un examen individual de cada caso por parte de un juez. Se dice que podría tardar meses en cumplirse. Y parece ser que es tan restrictiva la medida que solo tendrá un impacto ínfimo en evitar un contagio masivo en las cárceles.

Todo esto es la crónica repetida de las inoperancias del Estado colombiano. Sin contar con el bien conocido problema de la corrupción que no ha entrado en cuarentena. Los entes de control ya tienen en la mira contratos por miles de millones de pesos para entregar mercados con sobre precios o para beneficiarios muertos o inexistentes.

Estos problemas de la administración pública colombiana no son nuevos. Pero se vuelven críticos en la situación actual. Los riesgos pueden ser mayores si la incapacidad del Estado para garantizar la efectiva y rápida aplicación de las medidas terminan generando problemas de desobediencia civil e incluso de orden público y violencia. En efecto, minan la confianza ciudadana en las autoridades y sirven de incentivo y excusa para desacatar las normas establecidas. Ciudadanos exasperados y desesperados por la situación, sin alternativas para sobrevivir sin violar las normas de confinamiento, podrían verse condenados a tomar vías de hecho con gravísimas consecuencias para ellos y para el resto de la ciudadanía. Lo peor sería que tuviéramos que vivir, además de la epidemia, confrontaciones violentas y represión de manifestaciones de gente sin esperanza y sin alternativa.

La causa primera de todos estos problemas es bien conocida. No contamos con un cuerpo de funcionarios públicos profesionalizado. La política, los amiguismos y el clientelismo siguen plagando la administración pública local y nacional. Por supuesto que hay miles de funcionarios serios y dedicados, que trabajan con mística y compromiso. Pero no logran superar las debilidades que el sistema les impone. A eso por supuesto se debe añadir nuestro espíritu santanderista, especializado en debatir el sexo de los ángeles y la manía de multiplicar los controles en vez de hacer efectivos los existentes lo que siempre lleva a la parálisis por análisis y a más burocracia con menos resultados.

Dicen que las crisis son también oportunidades. Ojalá esta crisis sea la oportunidad para hacer reformas que hagan más eficiente y ágil la burocracia estatal que no logra sacudirse la paquidermia ni siquiera bajo las medidas de excepción adoptadas para liberarla de buena parte de las trabas y proceso