Estado de derecho abierto, pero no anárquico.

Con pausa pero con la necesidad de encontrar un rumbo para Colombia, no entendemos por qué la protesta se convirtió en destrucción y vandalismo. El Estado de derecho es abierto, más no puede tornarse en anárquico porque sus estructuras se derrumbarían.

El reflejo de la violencia no puede sobreponerse sobre los valores y símbolos de nuestra patria. Destruir la estatua de Bolívar en la plaza, atacar la Catedral Primada, fustigar a la Corte Constitucional y ejecutar los desmanes que los manifestantes protagonizaron la semana pasada, se sale de todo contexto social y jurídico.

La protesta social es válida pero los daños de esa protesta no pueden ser asumidos por la ciudadanía que cada dia se ve más confiscada con tributos para financiar las obras de la ciudad.

El país debe dirigirse hacia otro rumbo en el que las máximas jerarquías del poder nos presenten ejemplos de concordia y armonía, por ejemplo, respetando la majestad, la importancia y el papel que jugará la Justicia Especial para la Paz en el descubrimiento de la verdad de un conflicto interno que nos asoló por décadas y para que la víctimas encuentren las garantías de justicia, reparación y no repetición al mejor estilo de tribunales internacionales que sirven ahora de precedente en la aplicación de estos valores.

Obsérvese cómo el Tribunal Penal Internacional para Ruanda establecido para la rendición de cuentas de los perpetradores de alto nivel de los crímenes atroces que tuvieron lugar en ese país en 1994 se volvió célebre porque se procesaron altos dirigentes políticos y militares, personas influyentes en los medios de comunicación y el clero, y otros actores de la guerra.

En Sudáfrica operó la Comisión para la verdad y la reconciliación, creado por Mandela para la aplicación de una justicia restaurativa después del apartheid en donde los autores de graves violaciones a los derechos humanos confesaron sus crímenes y fueron las propias víctimas quienes concedieron o no el perdón.

Por estos antecedentes la JEP debe ser tratada con la grandeza que amerita un tribunal de esta índole, siendo ahora mismo la más importante institución de justicia, particularmente dedicada a la consolidación de la paz estable y duradera para los colombianos.

Pero si esa enseñanza no sale del corazón de los actores políticos, matriculados como contradictores a muerte por el solo hecho de seguir una u otra orilla, ¿qué le podemos exigir a los manifestantes?

En esta semana que se superará el debate de las objeciones, el país debe continuar con la implementación de las tareas firmadas en el acuerdo, sea con normas interpretativas como lo sugieren algunos juristas y legisladores, sea con consensos sobre algunas correcciones que se deban establecer para darle cuerpo a la verdadera paz, sea para encaminar al país hacia el desarrollo institucional, económico y social que requiere.

El Estado de derecho, conducido por el Gobierno actual, debe ejercer la fuerza cuando así lo requieran los hechos para que la anarquía no destruya sus bases, entre las que cuenta una piramidal: la paz para todos.

(*) Abogado Constitucionalista.