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Opinión

  • | 2018/07/11 10:17

    Estado de derecho, extradición y matar dos pájaros de un tiro

    Se ha dicho acertadamente que el Estado de derecho es un milagro cotidiano. Un milagro que el Estado dicte normas para limitar su propio poder, y un milagro que se incline ante ellas para cumplirlas. Solo puede ejercer sus competencias en el marco de esas leyes.

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La Constitución y la ley, inermes por sí solas, se hacen obedecer por un Estado que tiene aviones de combate, helicópteros Black Hawks, bombas inteligentes, submarinos, barcos de guerra y en Colombia 500.000 hombres sobre las armas. Los jueces juegan a este respecto un papel esencial al lograr que el Estado se incline ante la Constitución y la ley cuando no lo hace voluntariamente. Ellas, unas veces le significan límites infranqueables. Y no solo para la organización estatal como tal sino aún para el electorado, para las mayorías democráticas, dado que los derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la paz son antimayoritarios; y otras veces le imponen obligaciones de actuar a ese mismo Estado para satisfacer los derechos económicos, sociales y ecológicos.

No hay democracia sin Estado de derecho. Sobre el particular escribe Jacques Chevallier: “El Estado de derecho implica que la libertad de decisión de los órganos del Estado es, a todos los niveles, limitada por la existencia de normas jurídicas superiores, cuyo respeto es garantizado por la intervención de un juez. El juez es entonces el arco toral y la condición de realización del Estado de derecho…El desarrollo actual del Estado de derecho muestra sin embargo que una concepción nueva de la democracia  tiende a prevalecer en las sociedades contemporáneas. La Democracia no es más sinónimo de poder exclusivo de los elegidos: Ella supone el respeto del pluralismo, la participación más directa de los ciudadanos en las decisiones colectivas y las garantías de derechos y libertades”... (L´État de droit, Montchrestien, E.J.A.1992, p.149 y 150)

La senadora Paloma Valencia nos ha sorprendido con el siguiente anuncio: “Además iniciaremos el trámite de modificar los actos legislativos del fast track” (El Tiempo, 3 de julio 2018, p.1.4). Será un capitulo adicional de la lucha que el Centro Democrático ha venido librando con tesón digno de mejor causa contra la paz firmada con las Farc por el gobierno Santos.

El acto legislativo sobre el fast track (A.L.1/2016) yo lo demandé por estar en desacuerdo con él en su momento ante la Corte Constitucional al igual que el doctor Iván Duque. Pero dice la Constitución, honorable senadora, que “es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes” y las decisiones judiciales. Y la Constitución establece que “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Este es un eje definitorio de la identidad de la Constitución colombiana. Lo era también de la anterior aunque la causal de inexequibilidad denominada “sustitución de la Constitución” no existiera en ese momento. Por estas elementales razones la nueva legislación que modifique en materia sancionatoria lo existente, no puede operar retroactivamente para aplicársela a los exguerrilleros “farianos”. Servirá, eso sí, ¡qué desgracia! para impedir un acuerdo de paz con el ELN, lo que hará feliz a muchos colombianos que prefieren la guerra con ese grupo guerrillero a la paz con elegibilidad política de sus miembros y sin cárcel para sus dirigentes.

De suerte que si lo que quieren es llevar a la cárcel a los excomandantes guerrilleros ahora que dejaron las armas, ese no es el camino. Tampoco lo es si quieren crearles inhabilidades o incompatibilidades. La fórmula para el éxito de esos propósitos ya está patentada: Que los Estados Unidos pida en extradición a todos y cada uno de los integrantes del antiguo Secretariado y sin pruebas que demuestren la existencia de la conducta que se les atribuye y la autoría de la misma, los embarquen en un avión de la DEA con destino a las “mazmorras” norteamericanas. No podrán así concurrir al Congreso. Lograrán matar con su extradición dos pájaros de un tiro.

De otro lado, se deduce de las declaraciones de la senadora Valencia que el Centro Democrático pretende incumplir los acuerdos de paz pues se proponen modificarlos unilateralmente a través de actos legislativos y leyes. La ley colombiana lo que consagra, sin embargo, es que toda convención, acuerdo, tratado, contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no puede ser modificado sino por su mutuo consentimiento. Es decir, no unilateralmente. Pero ya sea convención, acuerdo o tratado, no solo debe ser  cumplido sino cumplido de buena fe.

Si esto es así, ¿se propone el Centro Democrático atentar contra el Estado de derecho en nombre de las mayorías obtenidas en las urnas?  Que Dios nos tenga de su mano. Se nos habría venido encima “el estado de opinión” como una amenaza autoritaria. Decía Aristóteles que el gobierno de las leyes es mejor que el gobierno de los hombres porque “La ley no tiene las pasiones que en cambio sí encontramos en toda alma humana”.  En este momento de incertidumbre vale la pena recordarlo.

No obstante todo lo anterior, no pierdo la esperanza de que el presidente Duque haga respetar la Constitución y la ley como es su obligación y su promesa: “Yo seré el presidente de la legalidad, y la legalidad es defender a todos los colombianos por igual”. (El Tiempo, 12 mayo 2018) Sin embargo, causa inquietud que sistemáticamente olvide la siguiente norma para pedirle a la JEP lo que esta no puede darle en cuanto a  inhabilitar a los ex comandantes guerrilleros en materia de participación política y elegibilidad: “Artículo transitorio 20°. Participación en política. La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. (A.L.1/17) Esta norma, tengámoslo claro, es de ineludible cumplimiento para la JEP. Pero por cuenta de ello el Centro Democrático, seguramente se complacerá en estigmatizarla, en denigrarla en medio de su incansable lucha en contra de la paz firmada con las Farc.

Constituyente 91*

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