Estatuto de la oposición, antídoto institucional contra la violencia (II)

Durante el Frente Nacional que se inicia en 1958 y se extiende hasta el 7 de agosto de 1978 (parágrafo a.41 A.L.1/68), gracias a la paridad en todos los cargos del Estado para liberales y conservadores exclusivamente, y la alternación en la Presidencia de la República igualmente solo para estos que va de 1962 a 1974 (A.L.1/59) “el cargo de presidente de la república será desempeñado, alternativamente, por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal”, únicamente estos partidos existían para el Estado y ambos tenían “conjuntamente la responsabilidad del gobierno” el cual se ejercía “a nombre de los dos”.

Por disposición constitucional compartían el gobierno. Lo anterior implicaba el monopolio absoluto del poder aún a nivel de departamentos y municipios para el Partido Liberal y el Conservador. No existían para los fundadores del Frente Nacional ni socialistas, ni socialdemócratas, ni demócratas cristianos, ni comunistas, ni el partido llamado tradición, familia y propiedad. La oposición, las minorías, no tenían derecho ni al pan ni al agua, a pesar de que se establecía la meritocracia, el concurso de méritos para ingresar al servicio público. Desde luego, esa disposición prácticamente no se cumplió. Chocaba contra lo que Álvaro Gómez después llamó “el Régimen”.  Este monopolio del poder, este desconocimiento de los derechos políticos de quienes no fueran liberales o conservadores, está al origen de la violencia desencadenada por las Farc y el ELN, la cual a su turno desencadenó la de los paramilitares. No es la única causa porque hay otras de carácter económico y social. Pero esta jugó un papel fundamental. De ahí la importancia del Estatuto de la Oposición consagrado en la Constitución del 91 y en la Ley 1909/18.

En esos tiempos del Frente Nacional a los líderes de la oposición como Alfonso López Michelsen, jefe del MRL, no se les permitía ni siquiera aparecer en la televisión que entonces era exclusivamente pública. En el caso del doctor López hubo una excepción a condición de que no hablara de política ni de economía sino de los árboles y las flores de la Sabana de Bogotá. Así lo hizo. Con la Constitución del 91 y la nueva Ley 1909/18 será mucho lo que progresaremos en materia de convivencia democrática.

Nadie como el presidente López argumentó mejor a favor del Estatuto de la Oposición:   

“La experiencia de los siglos y de las naciones viene demostrando que en donde los gobiernos y las leyes están sometidos a la controversia pública, se preserva mejor la paz que en aquellos Estados en donde no está garantizado el derecho de la oposición o su capacidad efectiva de sustituir en el gobierno, por el voto de las mayorías, a aquellos a quienes ya no favorece la opinión popular… he venido sosteniendo en la cátedra, en la tribuna y en el periodismo, que el más grave de nuestros problemas políticos, el que debiera constituir la primera preocupación, tratándose de cualquier reforma a nuestra Carta Política, no es el de cómo revestir de mayor autoridad al Ejecutivo, para que éste pueda preservar el orden por medio de la fuerza, autoridad que nunca le ha faltado, sino el de cómo crear un estatuto de constitucionalidad y legalidad para la oposición, venga ésta de donde viniere… Me ha tocado contemplar cómo los gobiernos que cayeron el 13 de junio de 1953 y el 10 de mayo de 1957 no se vinieron a tierra por falta de atribuciones constitucionales sobre su misión o de facultades para cumplirla, sino por haber creído que por medio de disposiciones legales que hacían prácticamente ilegal la oposición, ésta iba a dejar de existir… La prueba de fuego, como lo dije alguna vez, no está en gobernar sin oposición o gobernar contra ella sino en gobernar con ella, como una limitación necesaria y obligada a la acción del gobierno dentro del proceso democrático, que consiste en vivir en paz no solamente con quienes comparten nuestras opiniones sino con aquellos que las combaten y aspiran a imponernos las suyas. Por eso he creído que el mayor problema de nuestra vida pública está en educar al país para la oposición, creando una mentalidad nueva no sólo entre quienes la ejercen sino entre quienes la tienen que soportar, aprendiendo a examinar desprevenidamente, como manifestaciones de inconformidad legítimas,   no sólo las que se expresan en el campo político sino en todos los órdenes de la vida social, en donde instintivamente aspiramos sin razón a que se imponga una uniformidad de pareceres”. (Colombia en la Hora Cero, tomo I, Ediciones Tercer Mundo, 1963, pags.188, 189, 190)

La idea de que no hubiera oposición que implicara posibilidad de alternancia en el poder se apoderó de tal manera de la mentalidad colombiana, que en 1968 se estableció que después de 1978, cuando terminaba la paridad, “para preservar… con carácter permanente el espíritu nacional en la rama ejecutiva y en la Administración Pública, el nombramiento de los citados funcionarios (todos los empleados públicos salvo los de carrera) se hará en forma tal que se dé participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del presidente de la república” (a.41 A.L.1/68)

Colombia desarrolló un reflejo condicionado frentenacionalista hasta el punto de que la oposición  les parece polarización y como tal inconveniente e indeseable. Los gobiernos, sin embargo, son mejores en la medida en que tienen una oposición vigorosa, como lo sugería Disraeli. La alternancia en el poder entre gobierno y oposición es de la esencia de la democracia. Pero tanto el gobierno como la oposición deben ser moderados, responsables y respetuosos de los hechos.