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Expectativas de redistribución: arma de doble filo

Un pacto por el desarrollo puede evitar que se descarrile el crecimiento económico si se responde torpemente a las demandas de justicia social.

Eduardo Lora
20 de agosto de 2022

Casi la mitad de los colombianos creen que el país va en la dirección correcta, según la última encuesta internacional de Ipsos titulada “Qué le preocupa al mundo”. Al menos temporalmente, está derrotado el pesimismo abrumador que reinó en el país desde que estalló la pandemia. El legado que deja Duque es la convicción de que la inequidad y la falta de empleos son problemas urgentes y de que, en contra de lo que pueden sugerir algunos indicadores, la situación económica del país es mala. Así lo creen 85 de cada 100 colombianos.

El triunfo de Petro se debió en mucho a que captó bien este ambiente de inconformidad. Durante las primeras semanas de gobierno, ha intentado explicar su visión de la Colombia del futuro, que implica pasar por una gran reestructuración social y productiva liderada por el Estado. Mientras sus ministros están afanados definiendo con mayor precisión en qué consistirá esa compleja reingeniería, hay algo que han hecho en forma consistente, como si estuvieran siguiendo un libreto: reforzar las expectativas de redistribución.

El ministro de Hacienda fue el primero en poner las cartas sobre la mesa con una ambiciosa “reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”, de corte indudablemente progresivo, pero que se excede en promesas. En sus palabras, “La reforma contribuirá a saldar la deuda social histórica del Estado” al reducir en cuatro puntos porcentuales la pobreza extrema y al disminuir 18 por ciento la brecha de ingresos entre el 10 por ciento más pudiente y el 10 por ciento más vulnerable. Resulta, sin embargo, que para lograr esto sería necesario que la mitad del recaudo adicional se gastara en transferencias adicionales a los hogares pobres, lo que no es realista, pues la reforma tributaria apenas logrará tapar parte del hueco fiscal.

La ministra de Trabajo se ha expresado con palabras parecidas: “Este Gobierno pagará la deuda histórica con los trabajadores”, y lo hará restringiendo los contratos de prestación de servicios, recortando la jornada laboral diurna, acabando con las brechas laborales de género, fortaleciendo a los sindicatos y, sobre todo, estableciendo “un salario mínimo que permita cubrir las necesidades básicas”.

La ministra de Agricultura ha sido igualmente enfática: “Este no es el mismo país... tenemos unos sectores muy amplios que estuvieron marginados que ahora tienen voz... Hay que llegar a acuerdos entre las partes para evitar la guerra” en el Cauca y otros lugares de conflicto de tierras, y hay que reducir la escandalosa concentración de la propiedad de la tierra. Ya está desatada una gran puja distributiva como resultado de aumentos sustanciales de la productividad laboral en algunos sectores, de los altos precios de exportación del café y otros productos, y del bajonazo que tuvieron las tasas reales de interés en el último año de Duque por la lenta reacción del Banco de la República frente a los aumentos de precios.

Aunque nada de esto es hechura de Petro, él está atizando el fuego. Una apuesta peligrosa: las expectativas de redistribución son un arma de doble filo; el escenario está bastante caldeado y puede estallar con la menor chispa. Por fortuna, la CUT y Fecode, que son muy efectivos para movilizar el descontento, están neutralizados por el momento. Pero todo margen de espera tiene un término. Petro y sus ministros lo saben y claramente están tratando de iniciar procesos de reforma que respondan a las demandas de justicia social. El riesgo es que tomen medidas descabelladas que sacrifiquen el desarrollo productivo que quisieran conseguir. Este riesgo podría mitigarse buscando un acuerdo pragmático con los jugadores claves del sector privado que comparten los mismos objetivos que el Gobierno, así no estén de acuerdo en el discurso o en la forma inmediata de lograrlos.

En lo que deben ponerse de acuerdo, primero que todo, es en que ni el Gobierno ni los expertos de siempre saben cuál es la receta del desarrollo productivo con inclusión. Tendrán que buscarla juntos. Como dijo Deng Xiaoping cuando puso en marcha el proceso de reformas que llevó a China a ser lo que es hoy: “No importa que el gato sea blanco o sea negro; mientras cace ratones, es un buen gato”. El Consejo Privado de Competitividad, la Andi y los grandes grupos económicos deberían ser invitados por Petro a ser parte de ese acuerdo. También debería invitar a los miembros más reconocidos de las élites nacionales y regionales que están más allá del ajedrez electoral. Un pacto por el desarrollo productivo e incluyente puede evitar que se descarrile el crecimiento si se responde en forma torpe a las demandas de justicia social.