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“Fortalecer el Canal “Uno”: a propósito de acechos”

Las tareas sociales, políticas (en el mejor sentido de la palabra), informativas y educativas de los medios, no las puede cumplir el sector comercial duopólico de medios.

Semana.Com
18 de agosto de 2015

Ramiro Bejarano se pronunciaba en su columna dominical de hace 10 días titulada “Uribismo al acecho” (El Espectador, 9 de agosto de 2015) sobre un proyecto de ley propuesto por la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, que incluye una norma que obligaría al informativo “Noticias Uno”, independiente e incómodo para el uribismo, a salir del aire luego de finalizada la prórroga de 40 meses otorgada a  los concesionarios del Canal “Uno”.  Este episodio expresa sin lugar a dudas, y a pesar de la creciente significación de las redes sociales,  la importancia política de la televisión como el medio de masas por excelencia a través del cual se informa la mayoría de la población, así como la conciencia que los políticos tienen de la necesidad de su control y manipulación para sus fines ideológicos y partidarios. Pero más allá de esa autoconciencia de los políticos (que no siempre tienen los televidentes para escoger sus mejores opciones informativas y diferenciar el grano de la paja), quisiera reflexionar sobre nuestro actual sistema de medios de comunicación y los retos que el avance de los diálogos de paz y el posconflicto armado les plantean.

Uno de los grandes problemas de nuestro actual sistema de medios es su alta concentración de la propiedad en manos de los grandes grupos económicos y financieros. Esta situación estructural es grave, no solo porque restringe el acceso de diversos sectores económicos, sociales y políticos subordinados o excluidos, a la expresión de sus opiniones e intereses, sino porque tiende a hacer más visibles y audibles las voces y los intereses de los poderosos y de los grandes grupos corporativos nacionales e internacionales que controlan las grandes obras de infraestructura y los grandes contratos, y a menudo los altos cargos del Estado donde se toman las decisiones de política pública. Y esa situación monopólica termina traduciéndose, en la construcción mediática y periodística de la realidad y de los problemas nacionales, en una gran “falta de mundo”, en una ausencia de roce social con otros grupos de la sociedad, con los movimientos sociales, con las poblaciones de las regiones y localidades ubicadas en peldaños inferiores de la estructura social. Es justamente lo que le ha pasado al programa televisivo “Séptimo Día” en sus emisiones recientes dedicadas al movimiento indígena en el Cauca, plagadas de estereotipos y de prejuicios sobre la población indígena y sus organizaciones políticas, en buena parte por soberbia capitalina, ignorancia social, prejuicios de clase y falta de investigación y consulta con líderes regionales, intelectuales locales y voceros de las comunidades (véanse, entre otras, las críticas en El Espectador, de César Rodríguez Garavito; y de Sebastián Salamanca, en Semana.com).

El sistema mixto de televisión, una especie de híbrido entre público y privado, que nos rigió entre comienzos de los años 60 y finales de los 90, hasta la privatización de la televisión en 1997, tuvo muchos rasgos oligárquicos (buena parte de los noticieros en manos de los “delfines presidenciales”) y muchas exclusiones, entre ellas la de la izquierda legal que no accedería a la expresión de sus opiniones y de su percepción del mundo en la televisión, hasta que la Alianza Democrática M-19 obtuvo en 1990 el noticiero AM-PM en la negociación de paz con el presidente Barco (1986-1990). Pero a pesar de esas exclusiones, ese sistema también garantizó, dentro del monopolio liberal-conservador, cierto pluralismo político y cierta calidad periodística: los informativos no estaban solamente en manos de empresarios interesados fundamentalmente en la rentabilidad del negocio. A través de los casi 20 teleinformativos que existían antes de 1997, se podía escuchar y ver, gracias a una economía política de la televisión más plural y menos concentrada, mucha más diversidad de opiniones que la que podemos escuchar y ver hoy en nuestra televisión reconvertida y privatizada. Esta última no sólo ha concentrado en los dos canales privados dominantes la pauta publicitaria, sino que además, en cuanto a contenidos, deja ver la misma relación incestuosa: sus programas mañaneros hablando una o dos horas de las novelas y del reality del propio canal, y las secciones de farándula de sus informativos dedicadas también a ese obsceno e insoportable autobombo.

Noticias “Uno” y el noticiero CM& expresan en buena medida lo que quedó del anterior sistema mixto. El primero nos muestra la importancia del periodismo de investigación y a veces de denuncia, que rastrea la noticia, la documenta y entrevista a diversas fuentes para esclarecer la verdad de los hechos.  La apuesta diferencial de CM& está en el valor de la información económica  y sin duda en una información internacional mucho más amplia y pormenorizada  frente a la pobre presencia del mundo en los informativos de los dos canales privados.

Sin negar la importancia de la entrada de un tercer canal de televisión, la cual fue saboteada sistemáticamente a finales de la primera década de este siglo por los abogados de los dos canales privados poco interesados en compartir la torta publicitaria con un tercer comensal; sin desconocer lo que esa competencia de un tercero podría acarrear en términos de ruptura parcial de la comodidad y el unanimismo del actual duopolio, esa opción también implica, en cuanto a información noticiosa, el riesgo de un nuevo proyecto informativo comercialista similar al de los dos canales existentes.

Me parece entonces que la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, pensando además no sólo para tiempos normales, sino en los retos que se derivarían del posacuerdo de paz (información sobre la recuperación del campo y la vida campesina; pedagogía de la paz y la reconciliación; construcción de nuevas solidaridades ciudad-campo;  información plural y equilibrada sobre la justicia transicional, las víctimas y la diversidad de victimarios; garantías de seguridad para los ex combatientes reincorporados  a la vida civil; exigencias sociales de verdad noticiosa amplia derivadas  de una eventual Comisión de la Verdad, para citar sólo unos cuantos), debería construir una política de fortalecimiento del Canal “Uno” como un canal pluralista y diverso. Un canal basado en una economía de base privada pero más pluralista, invitando a través de una convocatoria amplia y de una licitación limpia, técnica y transparente, a las programadoras que sobrevivieron a la privatización de 1997 y a nuevas empresas medianas y pequeñas de televisión. Una eventual reorganización de “Canal Uno” requeriría también la concertación entre las programadoras para tener una política de canal y de construcción de una parrilla de programación coherente y seductora, que no la tiene hoy el canal, que pudo haberse propuesto en los años inmediatos a la privatización y que desafortunadamente no se propuso, en buena medida por las desaveniencias y la falta de identificación de intereses comunes por parte de las programadoras. No obstante, creo que también el Estado falló en esa coyuntura de la privatización de la televisión por no tener en cuenta lo que se perdía con ella: una gran diversidad de propuestas y de ideas que habían hecho posible valiosas y significativas producciones en la ficción, en la información y en la opinión.

Mi propuesta de recuperación y consolidación del Canal “Uno” tiene que ver con la certeza de que muchas de estas tareas sociales, políticas (en el mejor sentido de la palabra),  informativas y educativas de los medios, no las puede cumplir el sector comercial duopólico de medios.

Finalmente quisiera decir que la ANTV y los ciudadanos interesados en el papel de la televisión en el posconflicto y en general en la democratización de la sociedad y en el desarrollo de un sistema de medios de comunicación realmente competitivo y pluralista, con una información y una opinión de calidad y unas propuestas de ficción diversas, capaces de reflejar la diversidad de conflictos, sueños y dilemas de los colombianos, deben pensar en unas políticas coherentes de fortalecimiento y mejoramiento de los medios públicos. Mucho de lo que podemos hacer realidad nos lo está indicando hoy la propuesta de “Señal Colombia”. Como sobre este asunto hay mucha tela que cortar, volveremos sobre el tema en una próxima oportunidad.

*Historiador. Ph.D en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Director Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia.