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Opinión

  • | 2009/07/16 00:00

    Falso perdón presidencial

    Uribe pidió perdón a las víctimas, pero en genérico, que no es más que una manera de encubrir la realidad.

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En ese tono falsete que distingue a aquellos que se arrepienten sin arrepentirse sinceramente, el presidente Álvaro Uribe Vélez, le pidió perdón desde Popayán, el pasado domingo 5 de julio, a todas las víctimas que ha dejado la violencia en los últimos 40 años en el país.

“Con la responsabilidad de ser Presidente de la República, de encarnar hoy, por generosidad de los colombianos, la jefatura del Estado, y también por mandato del alma, por recuerdos, por dolores, por nostalgias, quiero sumarme también a lo que ha dicho Eduardo Pizarro, para pedir perdón a todos los colombianos".

Minutos antes, el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación había dicho que “a nombre de todos los colombianos que no fuimos capaces de impedir estos actos de barbarie queremos pedirles perdón”. Los dos altos funcionarios se encontraban en el acto de inicio del proceso de reparación por vía administrativa.

El viernes 10 de julio en Medellín, durante la instalación de la primera Comisión Regional de Restitución de Bienes, el vicepresidente Francisco Santos calificó de “histórico” el gesto de Uribe Vélez y dijo que era “un acto de humildad, de generosidad política, de amor por este país”.

Pero ese “gesto histórico presidencial” sonó tan falso como los cientos de “positivos” registrados por militares y policías en los últimos 15 años que atentaron contra la población civil, entre otras razones porque generaliza la violencia y no se atreve a pedir perdón por hechos concretos.

“Nada más encubridor que la afirmación que condena en abstracto a toda violencia venga de donde venga”, escribió Ignacio Martín Baró, uno de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en 1989 en la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador. En su reflexión, consignada en un interesante libro llamado Poder, ideología y violencia (Trotta, 2003), apuntó que esas generalizaciones, en la práctica, “son abstracciones que, con frecuencia, más que desvelar tienden a ocultar la realidad”.

Si de verdad quiere mostrar arrepentimiento, le propongo Señor Presidente que le pida perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y reconozca que se equivocó aquel 20 de marzo de 2005, cuando al término de un consejo de seguridad celebrado en la sede de la XVII Brigada, en el municipio de Carepa, declaró que “allá hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. Esas palabras fueron pronunciadas cuando aún estaba fresco el dolor por la muerte de ocho personas, cinco adultos y tres niños, ocurrida el 21 de febrero de ese año.

Contrario a lo señalado por el primer mandatario, la investigación judicial demostró que esas personas que sindicaron a los pobladores de la Comunidad fueron falsos testigos preparados por oficiales de la Brigada XVVII para distraer la atención sobre los verdaderos responsables del múltiple crimen: paramilitares del bloque Héroes de Tolová protegidos por tropas de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 Vélez. El asunto ya fue castigado penalmente.

Si de verdad quiere pedir perdón, que admita que la recuperación de la comuna 13 de Medellín, durante la llamada Operación Orión en octubre de 2002, no merece el elogio nacional e internacional, pues estuvo plagada de complicidades con grupos paramilitares liderados por el confeso narcotraficante y criminal de guerra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna. Sin traba alguna, perpetraron decenas de desapariciones forzadas días después de la acción oficial y varias de las víctimas aparecieron descuartizadas en fosas comunes en las laderas occidentales de la ciudad, asunto sobre el cual el jefe paramilitar ya fue vencido en juicio y condenado.

Siguiendo la ruta del perdón, también debería regresar al municipio de Cocorná, en el oriente antioqueño, y reconocer que se equivocó al decir allí, el 25 de octubre de 2007, que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública “eran guerrilleros de civil” y no simples campesinos cuyas muertes le representaron a la tropa unos cuantos pesos de bonificación y unos días libres. “Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina”, afirmó Uribe y agregó: “y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate”.

Un acto de arrepentimiento adicional sería darle la razón al Relator de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, quien recientemente visitó el país y dejó un informe preliminar que cuestionó la actitud de la Fuerzas Armadas constitucionales, y derogar la Directiva Ministerial 029 del 2005, que premia actos del servicio de soldados y policías como las “bajas” en combate, la cual fue concebida y rubricada por el entonces Ministro de la Defensa y hoy candidato a Fiscal General de la Nación, Camilo Ospina Bernal.

En Antioquia las negaciones, las falsas sindicaciones, los ocultamientos y los distractores han sido tantas y de tal magnitud durante sus dos periodos de gobierno, sin sumarle claro está las de su periodo como Gobernador del departamento, que el presidente Uribe tendría “una agenda del perdón” como para varios consejos comunitarios; que bien pudiera hacerlos, a ver si realmente nos convence de su arrepentimiento.


*Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario
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