Final feliz para "narcosoldiers"

La noticia pasó inadvertida en Colombia, y ni qué decir en Estados Unidos, pero retrata bien la ley del embudo que ya aceptamos como natural en cuanto a penas por narcotráfico. Una pequeña información del Army Times registra la condena impuesta a un militar norteamericano implicado en tráfico de drogas desde Colombia.

El soldado especialista Francisco Rosa fue sentenciado a cinco años de cárcel y a ser separado del servicio de manera "no honorable". Una pena benigna, si se tiene en cuenta que la condena mínima por posesión y distribución de narcóticos en el estado de Texas -donde fue sorprendido- es de 15 años. Por supuesto, cuando se trata de civiles.

La corte marcial valoró el testimonio del antiguo comandante del soldado Rosa, quien lo definió como un hombre potencialmente rehabilitable. Pasó por alto, en cambio, que el fiscal del caso había entregado pruebas que ligan al especialista con operaciones de distribución de drogas desde octubre de 2004. Es decir que, en marzo de este año, cuando salió con sus amigos y 16 kilos de cocaína de la base aérea de Apiay, Meta, no estaba en su primer trabajo de narcotráfico.

Los cargos señalan que el soldado y los tres sargentos, capturados al aterrizar con el cargamento en Fort Bliss, Texas, tenían montada una red de distribución de cocaína, aprovechando su presencia en Colombia. Ellos entrenaban militares colombianos, paradójicamente para luchar contra las drogas.

Según la acusación, los negocios de los narcosoldiers-miembros del Batallón 204 de Inteligencia Militar- se desarrollaban en Orlando, Florida, y en las localidades texanas de San Antonio y El Paso. La investigación estableció que el soldado Rosa camuflaba la venta de narcóticos, identificándose falsamente como agente de la DEA.

Nada de eso impresionó al juez, el teniente coronel Jefery Nance, quien lo despachó con cargos menores y la pena más baja posible.

En contraste, las llamadas 'mulas' que llegan en aviones civiles, la mayoría de las veces con alijos más pequeños y que no tienen antecedentes criminales, reciben 12 años de cárcel como condena promedio en Estados Unidos. No los consideran "potencialmente rehabilitables", no hay atenuantes, ni testimonios a favor.

Por eso es tan desconsolador este caso. Salta a la vista que es más grave el crimen de los militares estadounidenses que el de los civiles colombianos. No es lo mismo traficar prevalido de la autoridad y la protección de un uniforme, dentro de un programa de cooperación contra el narcotráfico y usando un avión militar, que hacerlo como pasajero de un vuelo comercial.

Sin embargo, no es la primera vez que algo parecido pasa. En 1999 la esposa del coronel James C. Hiett, miembro de la agregaduría militar de la embajada norteamericana en Bogotá, envió 20 kilos de heroína a Estados Unidos por la valija diplomática. La justicia encontró que Laurie Anne Hiett había contado con la complicidad de su esposo -el coronel- y de su chofer colombiano Jorge Alfonso Ayala Varón.

Los estadounidenses fueron juzgados en Estados Unidos. La Corte concluyó que el coronel había sido cómplice sólo porque su esposa era adicta y él quería ayudarla. Aunque quedó probado que había lavado dinero proveniente de la operación, no fue procesado por esos hechos. No pasó un día en la cárcel. Cumplió una pena de dos años de libertad condicional y se jubiló con los privilegios de su grado.

La señora fue condenada a tres años, pero le concedieron libertad bajo palabra -apenas un mes después- con la condición de que ingresara a un programa de rehabilitación. La Corte creyó su historia, según la cual los 20 kilos eran su dosis personal. Ella alegó también que cayó en el vicio empujada por el medio diplomático en Colombia.

Mientras tanto, el chofer colombiano fue condenado a ocho años de prisión, por la justicia de nuestro país.

El mes entrante empieza en Texas la corte marcial contra los sargentos del grupo de narcosoldiers. No hay que ilusionarse con condenas ejemplares.