Colombia, un país que repite

A los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país los están matando, y duele admitirlo, pero seguirá ocurriendo, porque hay sectores recalcitrantes de derecha que se niegan a aceptar que estamos cambiando como nación; ante los temores que ello les genera, prefieren atacar a quienes levantan su voz para reclamar por mejores condiciones de vida que sentarse a dialogar y tratar de entender sus inconformidades.

Pero eso no es nuevo en el país, ya ha ocurrido en el pasado, el problema es que la memoria de muchos es corta, pero cuando se alarga y se profundiza se encuentran los rastros de un comportamiento que lo único que ha dejado es una estela de sangre, de desarraigos y de desolación. Colombia es un país que se repite, entre otras razones porque no se transforma profundamente, ni en lo individual ni en lo colectivo, y cuando lo intenta, aparecen esos sectores criminales para evitarlo. Así estamos hoy.

¿Y quiénes son los que activan la violencia y se oponen nuevamente a que avancemos? Colombia es un país de terratenientes, comerciantes e industriales que defienden lo que tienen a como dé lugar; y entre ellos hay sectores influyentes que tienen los recursos suficientes para activar acciones criminales contra quienes se les opongan.

También es una nación donde sectores de la Fuerza Pública se resisten a transformar su doctrina sobre el enemigo y por ello consideran una amenaza a quienes en las regiones reclaman sobre el mal uso de los recursos naturales y debaten sobre negocios que solo generan riqueza a unos pocos. Esos mandos, militares y policiales, formados en la guerra contrainsurgente, no dudarían en actuar junto a grupos armados ilegales para contrarrestar la protesta social, el discurso reivindicativo, las exigencias de justicia y equidad.

Pero también hay políticos y periodistas que tienen la influencia necesaria para continuar reforzando los miedos en la conciencia colectiva y persisten en recurrir a la propaganda mentirosa, evitando que la ciudadanía tenga una mirada distinta de la realidad nacional y pueda tomar decisiones en consonancia con los cambios que se están viviendo.

Sectores de terratenientes, comerciantes, industriales, militares, policías, políticos y periodistas, tanto el pasado como en el presente, han impedido con sus acciones, omisiones y alianzas criminales que el país avance. Por eso insisto que, en asuntos de violencia, Colombia es un país que se repite. Y yo dudo que eso cambie.

La firma del acuerdo final con las Farc no borrará, de tajo, las convicciones de quienes se formaron para la guerra en sus dimensiones militares e ideológicas, ni las de aquellos que ven en toda perspectiva de cambio social y político una amenaza para sus intereses individuales y gremiales. Una mirada a varios hechos históricos así lo evidencian.

Con la llegada a la Presidencia de la República del general Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953, quien asumió el poder con la anuencia de sectores políticos, económicos e ideológicos, se creyó que traería calma al país luego de cinco años de intensa violencia, pero no fue así. “La violencia declinó dramáticamente durante el primer año del gobierno de Rojas, pero enseguida volvió a recrudecerse y así se mantuvo hasta su derrocamiento el 10 de mayo de 1957”, escribió James Henderson en su libro “Cuando Colombia se desangró” (1984).

Tras la salida de Rojas Pinilla, se pactó el llamado Frente Nacional, un gran acuerdo político entre Liberales y Conservadores con el que se pretendió refrenar la violencia y poner orden en la casa. Si bien los niveles comenzaron a reducirse significativamente, su espíritu excluyente y el contexto internacional de la década del sesenta, generó expresiones de violencia más complejas, en la que participaron esos mismos sectores que hoy temen a los cambios.

Luego de miles de muertos, que curiosamente no están incluidos en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011, que solo tiene en cuenta a las víctimas de hechos ocurridos solo a partir del 1 de enero de 1985), y de acuerdos con varios grupos guerrilleros, desembocamos en la Asamblea Constituyente de 1990, de donde surgió la Constitución Política que actualmente nos rige. Cargada de adjetivos positivos, se pensó que con ella el país cambiaría, pero no fue así. En respuesta, surgió, con todo su cruel rigor y sus alianzas más estructuradas, la solución contrainsurgente. Y nos ahogamos en sangre.

Ahora que se aprobó el acuerdo final con las Farc, visto como un nuevo intento para superar la violencia política y sobre el cual se construyen muchas esperanzas, ¿qué hace suponer que no correrá más sangre? Nada. Lo peor es que hay un amplio sector de la derecha inconforme con lo acordado, y eso es peligroso. Ya lo advirtió en un mensaje bastante cifrado, el senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, difundido a través de su cuenta en Twitter el 23 de septiembre de 2015: "Sin cárcel para cabecillas (de las FARC) habrá firma (de un acuerdo de paz) en La Habana pero ejemplo para más violencia en Colombia".

¿Podrá el Estado, en su integralidad, proteger a quienes hoy en está en riesgo por culpa de esos sectores de derecha que se niegan al cambio y continuarán viendo enemigos por todos lados? ¿Cómo exigirles a las autoridades mayor eficiencia en sus estrategias de seguridad?

Colombia es un país que se repite y en esta nueva fase de la confrontación política ya suenan los tambores de guerra. Créanme, no es pesimismo, es realismo. Y escribirlo, duele, y mucho.

En Twitter: @jdrestrepoe
(*) Periodista, director de VerdadAbierta.com