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Fiscal a la carta

La propaganda ha sido tan intensa, que se ha llegado a afirmar que si Granados no está en la terna se podría descuadrar la aprobación de la reelección en la Corte

Daniel Coronell
3 de julio de 2005

La demora en la presentación de la terna para escoger Fiscal Feneral de la Nación sólo tiene una explicación. Se llama Jaime Enrique Granados Peña. Un abogado penalista que ha cosechado sus mayores éxitos durante la gestión de Luis Camilo Osorio.

Mucha gente influyente quiere que el presidente Uribe lo incluya en la terna. Sin embargo, el vicepresidente Francisco Santos se ha opuesto, en público y en privado, a la nominación de Granados.

Una decisión del mandatario en contravía de las manifestaciones de Pacho sería, en la práctica una desautorización al segundo funcionario del país, quien además es la cabeza de la política gubernamental contra la corrupción. Hay quienes dicen que si esto sucede, Santos podría renunciar a su cargo.

¿En qué momento un abogado que hasta hace poco era un ilustre desconocido, se convirtió en el eje de la mayor crisis política que podría enfrentar el gobierno Uribe? ¿Por qué el vicepresidente Santos se opone con tanta firmeza a su inclusión? y ¿por qué el Presidente ha estado dispuesto a darse semejante lapo?

Jaime Granados, candidato del actual Fiscal, ha desplegado una impresionante operación de lobby para lograr su nominación, y su posterior elección en la Corte Suprema.

La campaña ha pasado por ámbitos políticos, judiciales y periodísticos, con el preciso objetivo de cambiar la percepción que existe sobre el aspirante. Todo, porque algunos de sus resultados como litigante han puesto en entredicho la ortodoxia de sus métodos.

La primera señal de alarma vino de la Corte Suprema de Justicia. En una sentencia de tutela llamó la atención sobre el tráfico de influencias de una funcionaria de la Fiscalía para sacar de la cárcel a un sindicado de violación. El implicado y favorecido por la excarcelación, Javier Cortázar, tenía como apoderado a su amigo Jaime Granados.

Poco después se supo que el abogado Granados era, al mismo tiempo, apoderado del Fiscal General y del cuestionado alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo.

Apenas un día después de que se revelara esta incómoda coincidencia, el fiscal Osorio sacó una resolución separándose del conocimiento de los casos que lleva su abogado ante la Fiscalía.

La resolución se convirtió en la mejor carta de presentación de Granados frente a los fiscales subalternos ante quienes litiga. A esos despachos llega un oficio firmado por la asesora del fiscal Yenny Claudia Almeida, quien les adjunta el documento que presenta a Jaime Granados como defensor del Fiscal General. En consecuencia, anuncia que Osorio designa al Vicefiscal para que lo reemplace en esos procesos.

Por lo demás, Granados ha hecho todo lo posible por mostrarse como un sumiso servidor del gobierno, quizá para cumplir con el designio del Presidente de clonar a Luis Camilo.

En el episodio de 'Don Berna', por ejemplo, Granados declaró a los medios -sin sonrojarse- que era discrecional del Presidente ejecutar o no la orden de captura, a pesar de que los crímenes eran posteriores a la creación de la zona despejada. Según su concepto, los paramilitares pueden seguir delinquiendo en la zona de ubicación, y es opción del gobierno que respondan o no.

Por designación del Presidente, Jaime Granados es conjuez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que actúe en un proceso por la masacre de 17 personas en El Aro, Antioquia. Por ese crimen de lesa humanidad, es decir no amnistiable, ya fue condenado en Colombia a 40 años de cárcel -desde luego simbólicos- el desmovilizado Salvatore Mancuso.

El plan para la designación de Granados ha contado también con el apoyo de un ex consejero de Álvaro Uribe, interesado en el proceso de privatización del acueducto de Cúcuta. Un enorme negocio que pasará por las manos del absuelto alcalde y cliente de Granados, Ramiro Suárez.

La propaganda ha sido tan intensa, que se ha llegado a afirmar que si Granados no está en la terna se podría descuadrar la aprobación de la reelección en la Corte Constitucional. Una aprobación que el gobierno viene dando por descontada, a pesar del concepto del Procurador.

Por todo eso es comprensible que el Presidente sea hincha de Jaime Granados, y el Vicepresidente, su detractor.

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