Qué miedo esta Fiscalía

Más allá del caso Santrich, que ahora enfrenta un nuevo capítulo, tal vez lo más interesante del auto de los magistrados de la Sección de Revisión de la JEP es sugerir que se investigue a funcionarios de la Fiscalía por permitir que autoridades extranjeras o particulares actuaran sin permiso alguno de la justicia colombiana.

Poner al descubierto esa anomalía de marca mayor sacó de los chiros al renunciado Néstor Humberto Martínez (NHM), que se amparó en el Estado Social de Derecho para justificar su ira, a sabiendas que él mismo lo había violado flagrantemente al permitir que agentes de la DEA quebrantaran nuestra soberanía.

Ese hecho es de una gravedad pavorosa y al mismo tiempo aterradora porque del hallazgo de los magistrados de la JEP, se puede advertir que esa irregularidad manifiesta puede estar ocurriendo en Colombia desde hace 40 años, es decir, desde que se instituyó la figura de la extradición bajo el designio de un tratado suscrito con Estados Unidos. ¡Qué horror!  

Quién sabe a cuantos colombianos de los miles que han sido extraditados a los Estados Unidos se les han violado los derechos más elementales fabricándoles pruebas con agentes o supuestos testigos extranjeros encubiertos comprometerlos en un delito de entrampamiento sin que medie un permiso del Estado colombiano. Un secreto a voces oprobioso; de fábula, que un juez de ese país solicite en extradición a un paisano y aquí, a ojo cerrado, sin valorar pruebas y sin tener indicios serios, es montado en un avión para que sea juzgado con las leyes de otro país. Suena inverosímil, pero así es.

Del auto de los magistrados de la JEP quise destacar el artículo 351 que ilustra cómo en el caso de Hernández Solarte se violaron derechos que universalmente son aplicados y que ningún Estado, por más poderoso que sea, los puede quebrantar a no ser que el país anfitrión lo consienta; dice el artículo: “En cuanto a la ilicitud, se ve reflejada precisamente porque tanto a las autoridades colombianas como a las de ningún otro Estado les está permitido obtener pruebas en nuestro territorio, con flagrante violación de los derechos fundamentales como la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, en el entendido que para poder invadir legítimamente espacios resguardados por la expectativa razonable de la intimidad en el marco de investigaciones penales, deben someterse al cumplimiento irrestricto de los controles ante el juez”.

Más claro no canta un gallo, aquí esos principios fueron y han sido violados seguramente en muchas circunstancias. Es más decepcionante cuando un funcionario de la talla del exfiscal NHM aparece en los medios de comunicación aceptando las irregularidades y reconoce que los agentes encubiertos, llámese la DEA, actuaron como particulares sin ningún tipo de permiso; y, como si fuera poco, perversamente admite que en la grabación del “famoso video que salió (y que hoy tiene en problemas a Santrich), la Fiscalía no participó en ese operativo”.

Es decir, una prueba recaudada bajo el manto de la ilegalidad. Ese reconocimiento es de una gravedad inusitada que NHM corrobora cínicamente cuando en RCN Radio le preguntan: “¿Con eso se puede concluir que el operativo lo hizo la DEA sin autorización y conocimiento de las autoridades colombianas?”, a lo cual trata de explicar que “las operaciones que realizan las diferentes autoridades en el mundo de entrampamiento responden a realidades que, en este caso específico, yo le puedo decir que no tenía conocimiento la Fiscalía. Por eso no tuvimos participación en ese operativo”.

Pero además el exfiscal Néstor Humberto Martínez tiene el descaro de justificar el delito del entrampamiento, delito que está proscrito del Código Penal colombiano. Vaya justicia la que tenemos en Colombia, ¡qué miedo!

@jairotevi