Un paso valeroso para fortalecer las relaciones colombo-venezolanas

“Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos”: Simón Bolívar

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se asemejan a una montaña rusa, con subidas hasta puntos muy altos y bajadas intempestivas. Un día estamos trabajando amparados por la figura del “Padre de la Patria” y al siguiente, nos encontramos al borde de una crisis política o de un conflicto armado, que jamás perdonarían las generaciones venideras en ninguno de los dos países.   

Colombia con frecuencia ha acogido a venezolanos perseguidos por sus ideas políticas en el vecino país, en el que los golpes de estado y las conjuras, reales o ficticias, han sido siempre parte del acontecer nacional. Otra cosa es la de servir, como en ocasiones ha sucedido con la hermana república, de base para adelantar operaciones delincuenciales por parte de grupos armados o que sus fuerzas militares, pretendan ocupar territorios o espacios marítimos que no le corresponden.

Sea en el Golfo de Venezuela, en el que la posición tradicional de Colombia sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas mediante las líneas equidistante y media tiene un creciente respaldo en la jurisprudencia y en las normas del derecho internacional o en el río Arauca, que es la frontera común de los dos países desde los tiempos del virreinato de la Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela.

Aunque Colombia no es parte del Pacto de Bogotá y retiró la declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y Venezuela tampoco ha ratificado el Pacto y ni ha aceptado la competencia de la Corte, nada impide que los dos países, mediante acuerdo especial, acudan ante al alto tribunal para solucionar las controversias existentes. No importa cuál sea el resultado: es absurdo utilizar la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para reivindicar supuestos derechos.

Incluso, sería posible activar el tratado vigente de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939, que prevé la solución de las controversias que surjan entre los dos Estados a través de una Comisión Permanente de Conciliación, constituida por dos representantes de cada una de las partes y un quinto miembro designado de mutuo acuerdo. Venezuela en su momento afirmó que ese instrumento reflejaba “los últimos votos del Padre de la Patria”.

Si el gobierno de Venezuela está convencido de la validez de sus argumentos, por qué no, en su condición de república “bolivariana” y honrando la figura de El Libertador que tanto la ha inspirado y que nos motiva también a nosotros, en un paso que lo proyectaría ante el continente y el mundo, propone la aplicación del tratado de 1939 o el recurso ante la Corte Internacional de Justicia para solucionar los asuntos pendientes entre los dos países: sería el camino para relanzar las relaciones comunes y una manera de acabar con las permanentes prevenciones y roces entre ellos.

Como dijo Benito Juárez en 1867 “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

(*) Profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario