El fracaso de la consulta anticorrupción

Claudia López y Angélica Lozano, promotoras de la Consulta Anticorrupción que se realizará el próximo 26 de agosto, acertaron en el tema. En todas las encuestas de opinión la corrupción es señalada por los colombianos como uno de los problemas más importantes y graves del país.  

También acertaron en el momento. Odebrecht, Reficar, El cartel de la toga, El cartel de la contratación, PAE, contralorías regionales, los gobiernos de la “mermelada” …  Constantes y graves escándalos indignan y conmocionan a la opinión pública que reclama respuestas y soluciones de un estado que luce controlado y dominado por los corruptos. En el Índice de percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del año 2017, nuestro país ocupó el puesto 96 con 37 puntos, en la zona baja de la tabla, la misma que ocupamos durante toda la década 2005-2015 en la cual nos mantuvimos en un rango de entre 30 y 40 puntos.

El enorme desacierto -que presagia el fracaso de la Consulta- está en los contenidos. En forma inexplicable y lamentable las promotoras de la iniciativa descuidaron lo principal. Les faltó responsabilidad, rigor y seriedad para concertar y definir -con la academia, con los partidos, con organizaciones internacionales etc.- temas y herramientas a la altura del problema, que hubieran hecho de la consulta el instrumento que todos anhelamos para cambiar la historia.

En Colombia las principales fuentes de corrupción están en el gasto militar y en sectores como la salud -botín de las Eps, las IPS, los laboratorios, los políticos-, la educación -ponqué de Fecode y de los contratistas- el medio ambiente -con las CAR caja mayor y menor del clientelismo en todas las regiones-.

Según “Corrupción en Colombia”, un estudio de la Universidad Externado de Colombia publicado esta semana, los tipos de corrupción más frecuentes en nuestro país, por el número de sanciones, son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. Setenta por ciento del presupuesto estatal se ejecuta mediante contratos. En 2010 el Departamento Nacional de Planeación reportó a los órganos de control 21.681 irregularidades en la ejecución de recursos de regalías y casos de funcionarios corruptos en 750 entidades territoriales, con un detrimento de cuatro billones de pesos en regalías.

Las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción -Fiscalía, Contraloría, Procuraduría- no actúan en forma coordinada. Y las contralorías territoriales están totalmente capturadas por las mafias del clientelismo regional.

Tenemos un sistema judicial corroído por la ineficiencia y por la corrupción que muchas veces actúa en complicidad con los corruptos o en su favor. Las normas facilitan preacuerdos y negociaciones y dificultan que el Estado recupere el dinero o los bienes ilícitamente apropiados.

Tampoco hay transparencia en el Congreso -gran núcleo de la corrupción centralista clientelista-. Es un órgano hermético, cerrado, renuente a someter sus procedimientos y decisiones a la vigilancia ciudadana, objetivo mayor del cabildeo y de la captura del Estado, que produce leyes a la medida, defiende o perpetúa intereses, es foco de nepotismo y no pocas veces ha tenido integrantes directamente vinculados con organizaciones criminales. El nuestro es un país donde las leyes incentivan la concentración económica, consagran exenciones tributarias y es un país permisivo -casi alcahueta- con la fuga de capitales y los paraísos fiscales.

Enfrentamos un problema descomunal. El mencionado estudio del Externado señala que entre 1991 y 2011 la corrupción le costó a Colombia y a los colombianos más de $189 billones de pesos. En dos años la Fiscalía ha activado procesos de extinción de dominio por 10.7 billones de pesos, cinco veces el recaudo anual de impuestos.

Frente a un panorama como este lucen intrascendentales, anodinas, casi infantiles las siete preguntas de la Consulta Anticorrupción. Dos de ellas la 1 y la 7 son inconstitucionales ya que no se pueden hacer consultas populares “sobre temas que impliquen modificación a la Constitución”. Las demás comprenden materias ya incluidas en el ordenamiento legal. Su selección obedece a que fueron siete iniciativas que el Congreso les negó a Claudia López y Angélica Lozano, “las propusimos cuatro años en el Congreso y cuatro años las hundieron”, un tema personal de mínimo tamaño, desconectado de los grandes intereses del país.    

Se ha visto manipulación, maniqueísmo, mala fe y mucho oportunismo en el debate, en particular desde sectores que pretenden vender la consulta anticorrupción como una tercera vuelta de las elecciones presidenciales y otro escenario de la polarización izquierda derecha que estremece al país, algo que eleva a niveles exponenciales los malos efectos de la iniciativa. 

La realidad es que al margen de las simpatías u odios que suscitan las promotoras y de la tensión política que experimenta el país, la consulta anticorrupción parece condenada al fracaso porque es absolutamente inútil para enfrentar el problema. En los asombrosos malabares retóricos que emplean para disimular el esqueleto roto de su proyecto, López y Lozano se aferran a lo político “vencer a los corruptos” pero han tenido el buen cuidado de eludir el debate acerca de la escandalosa pobreza de los contenidos. No obstante, como se vio en las elecciones de 2016 y 2018, la gente no es tonta ni traga entero. Difícil, casi imposible que alcancen los 12 millones de votos que requiere la aprobación de cada pregunta. Parece más seguro que reciban de la gente una gravosa factura política por la incuria y temeridad que encierra someter al país a un proceso de tan mala factura, a un costo de 350 mil millones de pesos que se hubieran podido destinar a causas mejores: vivienda, salud educación, o a la lucha contra la corrupción, pero en serio.