El futuro del futuro

La idea de que hemos tenido un conflicto armado interno fue aceptada por todos los gobiernos a partir de la administración Betancur. Para generar respaldo ante un grave deterioro de la seguridad interna, Uribe introdujo -creo que con razón- el concepto de amenaza terrorista, el cual no excluye la noción adoptada desde 1982. Santos mantuvo la tradición, aunque añadiendo que hemos padecido una guerra cuya duración fue de más de cincuenta años (mala caracterización o hipérbole, a mi modo de ver). Esos debates son hoy, de cara al futuro, bizantinos.

Las urgencias del momento consisten en afrontar los complejos retos que, en materia de orden público, los años por venir nos deparan: el crecimiento del ELN con quien es imposible negociar, el asesinato de líderes sociales, el auge de las bandas delincuenciales y la inseguridad que nos genera Venezuela. Y, de otro lado, cerrar la confrontación con las Farc, tarea que nos exige ser capaces de construir un consenso amplio sobre las bondades de haber desmovilizado esa guerrilla para llevarla a la arena política y a la vida civil.  Ni el proceso ni el acuerdo fueron óptimos, pero lo que tenemos es mejor que regresar al pasado. Hay que preservar su esencia aunque se realicen algunos ajustes.

Para el nuevo gobierno la transición ha sido compleja, no por el carácter del presidente sino por el radicalismo de partidarios y adversarios. Me parece, por ejemplo, que pretender excluir a los estamentos castrenses de la jurisdiccion de la JEP, a través del mecanismo oblicuo de crear unas magistraturas exclusivas para ellos, desquicia la filosofía de las obligaciones que, tomando como referente el Acuerdo del Teatro Colón, con plena autonomía adoptó el Congreso en función constituyente. Del lado opuesto, movilizar banderas, pancartas y actos de respaldo para evitar la supuesta aniquilación de ese tribunal a raíz de algunas dudas que han surgido sobre el alcance de sus competencias, es armar una tempestad en un vaso de agua. Pase lo que pase con esa querella, el Gobierno está comprometido con su preservación.    

En esta materia los hechos relevantes son: (I) La Corte Constitucional ha remitido para sanción presidencial la Ley estatutaria de la JEP, la cual ha encontrado, en parte, contraria a la Constitución (específicamente a su “tomo dos”, que es el que recoge los compromisos del Teatro Colón). (II) Los asuntos que preocupan al Fiscal tienen que ver con la realización de actos criminales después de la fecha del Acuerdo Final, la reincidencia de los guerrilleros en la actividad delictual, la colaboración entre la Fiscalía y la JEP, y la posible impunidad de crímenes de guerra. (III) Esas glosas son razonables; de allí que propongan que el presidente, en vez de promulgar la ley, la objete para que el Congreso restablezca las porciones eliminadas por la Corte.

Creo que ese camino no es factible. Si bien, como regla general, el presidente puede objetar leyes o fragmentos suyos por inconveniencia, tiene que acatar las determinaciones de la corte como juez constitucional. Además, por razones técnicas que omito, considero que las leyes estatutarias (como esta de la JEP) no pueden ser objetadas por inconveniencia sino antes de que hayan sido remitidas a la corte para revisión constitucional automática. En este caso, Santos la envió a la corte hace ya más de un año; la posibilidad de que ahora Duque lo haga ha precluido.

Esta es la dimensión jurídica del asunto, la cual me parece relativamente sencilla. La compleja es de orden político. Si el actual presidente sanciona la ley (versión Corte Constitucional) el llanto y el crujir de dientes de su partido podría ser enorme, máxime si, apoyada en ese texto, la JEP le otorga a Santrich la garantía de no extradición. Por el contrario, si decide objetarla, y el Congreso aprueba la objeción, la ley retornará a la Corte, la cual, al insistir en que sus sentencias deben ser acatadas a raja tabla, le daría al Gobierno una reprimenda colosal.     

Para complicar las cosas, y en el ambiente de aguda pugnacidad en que estamos, algunos funcionarios de la pasada administración han propuesto que se introduzca una consulta en los comicios de octubre para “defender La Paz”. El pequeño problema es que ese curso de accion sería ilegal. Recordemos un antecedente que viene como anillo al dedo: con la llamada séptima papeleta en las elecciones parlamentarias de 1990 se dio comienzo a la tarea de demolición de la anterior carta política: la constituyente que por esa vía se impulsaba no era posible conforme a la Carta que nos regía.

¡Mucho cuidado, amigos! El pacto con las Farc no se puede defender por medios ilegales sin poner en riesgo el edificio constitucional, y sin que desde la otra orilla se intente introducir un voto de signo contrario. Proceder así nos podría llevar a un escenario semejante al del plebiscito de 2016, cuyos calamitosos efectos no hemos superado todavía. O incluso peor: a una nueva constituyente. ¿Será que queremos arrancar otra vez desde cero?

Briznas poéticas, Epitafio de Joseph Conrad: “Tras el trabajo el sueño, / el puerto luego de los mares turbulentos, / el reposo después la guerra, / la muerte al final de la vida / harto complacen”.