El infierno sí existe: se llama electricaribe

Electricaribe, filial del grupo español Gas Natural-Fenosa, la empresa que lleva energía a la cuarta parte de los colombianos en siete departamentos de la costa Atlántica, parece, a todas luces, la pesadilla perfecta para los usuarios: cortes permanentes del servicio, redes obsoletas y sin mantenimiento, centenares de personas electrocutadas, casas incendiadas, electrodomésticos fundidos, cobros excesivos, quejas desatendidas…  

Un informe de marzo de 2016 de la Superintendencia de Servicios públicos señala que Electricaribe es la tercera empresa de electricidad con mayor número de suscriptores -después de Codensa y EPM- pero la número uno en quejas de los clientes durante el último año: 1’580.209. También es campeona y sin rivales en quejas desatendidas: 1’044.680.

Una caricatura publicada recientemente en un medio de la costa registra un diálogo entre niños:

-“A mi papá le dicen Electricaribe”

- “¿Y eso?”

-“…porque en cualquier momento se va y no se sabe cuándo llega”.

La frecuencia y duración de los cortes del servicio de Electricaribe son los mayores del país y es tan malo el servicio que acumuló 5.000 millones de pesos en multas, tan solo en el primer trimestre de 2016.

Empresas de todos los tamaños, hoteles, hospitales, sitios de esparcimiento y de comercio se unen con los usuarios domiciliarios en la extensa lista de damnificados por este servicio caro y malo. Sin embargo, nada logra erradicar una crisis que tiene raíces antiguas y en cuyas causas tienen grandes culpas Electricaribe pero también el gobierno nacional y los regionales, la muy cuestionada clase política de la costa y los organismos de control, tan solo para mencionar a los principales.

En los últimos tiempos políticos costeños de todos los partidos promueven debates en el Congreso, en la academia y en los medios sobre Electricaribe. Reclaman cambios e intervenciones pero pasan por alto, sin inmutarse, que 80% de los usuarios de la empresa pertenecen a los estratos 1 y 2 y viven en barrios pobres de Sincelejo, Montería, Cartagena, Soledad y las demás ciudades y poblaciones de la costa, en condiciones de pobreza o de miseria, muchas de cuyas causas de fondo son imputables a la corrupción, la desidia y la incompetencia de esa misma clase dirigente que ahora protesta. También tendrían que dar explicaciones –y tomar acciones- por el  monto acumulado de lo que debe a la fecha el sector oficial a Electricaribe: 144.000 millones de pesos.      

La empresa por su parte, resalta las dificultades que representa que la mayoría de sus clientes vivan en lugares marginados donde mucha gente no paga y donde abundan las conexiones fraudulentas, los contadores adulterados y también los accidentes y los electrocutados. En 19,7% estiman las pérdidas por concepto de fraudes. Y a la fecha suma 400.000 millones de pesos la cartera en ese segmento. 

Hay historias aún peores en el sórdido pasado de la energía eléctrica en la costa Atlántica: las que ocasionaron la quiebra de sus 8 electrificadoras en 1998. Fenosa compró Electricaribe dos años después a Houtson Industries y Electricidad de Caracas. La maneja desde entonces, transitando en una nebulosa atmósfera de informalidad, ambigüedades e  inconsistencias y acumula, año tras año, un enorme déficit de inversión que hace que hoy buena parte de su infraestructura sea ineficiente, con algunas subestaciones, transformadores y  otros elementos desuetos u obsoletos, lo cual explica a su vez, las agudas deficiencias del servicio.

Los españoles están blindados contra toda adversidad porque en una discutida y hasta ahora no controvertida jugada, para no juntar la plata buena con la mala fragmentaron la operación en 4 empresas que atienden los distintos segmentos del mercado. Dicen que deben 2 billones de pesos a los bancos pero su contabilidad de los últimos años muestra que el negocio ha sido siempre rentable, - con ingresos de más de $4 billones y utilidades brutas de más de $50.000 millones año-. Es buen negocio, entre otras razones, porque el gobierno les transfiere recursos, poco vigilados, para infraestructura -60% de lo que destina Minminas para el sector- y cuantiosos subsidios para atender la cartera morosa de los más humildes.

Rabia, impotencia, humillación siente la gente ante ese circuito perverso de una empresa resiliente ante las multas, las sanciones y la estridente avalancha de reclamos de sus usuarios y muy hábil para pastorear sus causas ante un estado débil.

El gobierno no se ha quedado quieto. La Superintendente de Servicios públicos domiciliarios, Patricia Duque Cruz impuso esta semana a Electricaribe un programa de gestión con base en seis indicadores monitoreables periódicamente, denominado “Energía digna para el Caribe”. Y el año pasado Minminas lanzó el Plan 5 Caribe que agrupa 394 proyectos estratégicos e inversiones por 5,1 billones de pesos, de los cuales Electricaribe aportaría 1.1 billones.  El debate está en si lo que viene será más de lo mismo. Y si con estas decisiones se está cohonestando y premiando con dineros públicos la ineficiencia y la avaricia de esta empresa, cuyos manejos irritan tanto a la gente. El caso interesa sobre todo a los pobres porque a la fecha 53% de los usuarios no regulados, que son los grandes consumidores, compran su energía a otros generadores y comercializadores. Siguen en el infierno, pero van en primera clase.

@germanmanga