La pavorosa toma de Valledupar por la delincuencia

En los tiempos de Escalona, Pedro Castro y  López Michelsen, Valledupar era tierra de gentes apacibles y hospitalarias, algodón, ganadería y vallenato. En los actuales es una región empobrecida, asediada por criminales de todos los calibres, donde son inusitadamente frecuentes los asaltos, asesinatos, fleteo, el hurto callejero y a residencias, el contrabando… 

Hace pocos días un buen vecino sorprendió y sometió  a  Jorge Luis Urrego Corrales alias “El Pachi”, al interior de la vivienda que saqueaba en el barrio Doce de Octubre y se lo entregó a la Policía donde ya era un viejo conocido, con seis capturas y dos condenas por hurto.

En proporción a su tamaño y al número de habitantes Valledupar es hoy una de las ciudades más peligrosas de Colombia, porque también parecen incontenibles allá, el atraco a mano armada a personas e instituciones, el robo de vehículos, el narcotráfico y el sicariato. 

Es, sin duda, la capital más violenta del Caribe colombiano, -109 homicidios en 2015-. Según “Valledupar Cómo Vamos”, 20 % de su población fue victimizada por el crimen ese mismo año.

Durante décadas gran emporio de riqueza, la primera destrucción de la seguridad de Valledupar ocurrió en los años 90 del siglo pasado, a cargo de Simón Trinidad, el jefe de las Farc hoy preso en Estados Unidos y el jefe paramilitar Jorge 40, ambos miembros de la sociedad local, que desataron en la región una pavorosa escalada de secuestros, muerte, retaliaciones y masacres.

La cuota inicial de la nueva inseguridad la puso el propio gobierno cuando en el año 2000, en medio de una de las habituales crisis por hacinamiento carcelario, convirtió el presidio local que había otorgado a los vallenatos, en la temible Tramacúa, una cárcel de alta seguridad a la cual fueron trasladados más de mil de los más peligrosos delincuentes del país, que pronto trajeron a sus lugartenientes y bandas a vivir en Valledupar. La irrupción masiva de esos nuevos habitantes trastocó el orden, disparó el valor de la vivienda y el costo de la vida y trajo la primera ola de delincuencia -violencia, microtráfico, fleteo y vandalismo- a la ciudad.        

En los últimos años la situación empeoró. Hay inconformismo y pánico entre la población por la constante y agresiva actividad delictiva de individuos y organizaciones criminales que atacan todos los días y a cualquier hora en calles y parques, en tiendas, bancos, restaurantes y hasta en bailes y funerales.

Según el Centro de Estudios políticos y socioculturales del Caribe en esa región solo se  denuncian 25% de los delitos.  En lo que va corrido de 2016, en Valledupar se han denunciado 408 atracos y según el Instituto de Medicina Legal, la tasa de homicidios pasó de 50 a 81 entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, cifras muy elevadas para una ciudad que apenas tiene 400 mil habitantes. Según datos oficiales 38% de las muertes violentas fueron producto de acciones de sicariato, 29% de riñas y 24% de hurto.

El gobierno nacional envió hace pocos días a Valledupar al Director de la Policía, general Jorge Nieto y al viceministro de defensa, Aníbal Fernández de Soto, con el encargo de analizar la situación y concertar soluciones con las autoridades locales. Ahí fueron enterados de fenómenos nuevos como el arribo constante de criminales venezolanos provenientes en su mayoría de Maracaibo y del dramático deterioro que han experimentado en los últimos meses algunos barrios populares, en particular Nando Marín y Lorenzo Morales, del plan de vivienda gratis del gobierno, que se habrían convertido parcialmente en santuario de criminales.    

Como ocurre en otras ciudades del país, en Valledupar la gente se queja por la inoperancia de las autoridades, por la permisividad con el contrabando, expendios de droga y otros focos delictivos y por la ineficiencia del aparato judicial que, como en el caso de “El Pachi”, devuelve rápidamente a las calles a muchos de los delincuentes capturados.

El general Nieto anunció que ya tienen identificadas las zonas donde se genera la inseguridad y que está en marcha una acción  conjunta del Ejército, el CTI, la Fiscalía y las autoridades civiles para enfrentar a la delincuencia. El problema es que casi nadie le cree porque mientras más se realizan registros, allanamientos y controles de movilidad, no cesa  la ola de robos, atracos, fleteos, lesiones personales y homicidios. Lo que certifica la realidad es que la dimensión de la crisis que impulsan el contrabando de gasolina, la extorsión, los préstamos “gota a gota”, el microtráfico y todo el crimen organizado que se tomó a la ciudad,  rebasa la escasa fuerza policial presente en la zona y sus precarios recursos.

La situación de Valledupar reclama y merece la atención de todo el país. Pero sobre todo mueve a la reflexión porque es un retrato nítido de la realidad más inquietante y desoladora de la Colombia actual: un país tomado por el delito, la violencia y la impunidad, los mayores obstáculos al crecimiento económico, las verdaderas raíces y los motivos profundos de la crisis nacional. Una criminalidad agresiva y desbordada cuyo poder depredador supera ampliamente al de las Farc, a cuya desmovilización están enfocadas, por ahora, las mayores expectativas. El remedio ayudará, sin duda, si se firma el acuerdo, pero no está a la altura de la enfermedad.

@germanmanga