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Opinión

  • | 2019/10/31 19:35

    Gobernar sin mayorías

    Muchos analistas políticos han señalado que la debilidad del sistema presidencial es que si el presidente tiene mayorías claras en el Congreso se vuelve demasiado poderoso, y si no las tiene, le resulta muy difícil gobernar.

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En ambos casos, sin embargo, el voto popular supone que el mandato es independiente de la capacidad que tiene el Presidente de traducir sus promesas en hechos. Las elecciones locales recientes, para muchos, han mostrado que la ciudadanía no apoya la agenda del Presidente ni la de su partido y que los votos que lo llevaron a la presidencia no pueden ser capitalizados para lograr las transformaciones anunciadas. Son una prueba más, dicen, de que la ciudadanía no votó a favor de un programa de gobierno sino en contra de otro. 

Esto me parece que es muy importante tenerlo presente para entender la moderación que debería imponerse en el actuar del Presidente y su gobierno. No sólo parece claro que sus ideas más reaccionarias no tienen el apoyo que presumía el partido, sino que es lo contrario: el país está en el centro del espectro político en materia económica y está en el lado liberal en materia de la regulación de la moral. Aunque un cierto grado de liberalismo económico es aceptable para la opinión, nadie está dispuesto a ver aumentar más la desigualdad. Entre otras, el caso chileno parece una advertencia clara de los riesgos de hacer oídos sordos a los reclamos ciudadanos. Frente a los debates morales, la ciudadanía respalda las posturas de la Corte Constitucional: de acuerdo con varias encuestas, la mayoría de la población está de acuerdo con la manera en la que actualmente la ley define el acceso al aborto, la igualdad en el matrimonio, el respeto por la diversidad y la dignidad en el trato. Los cambios introducidos por la Corte Constitucional son respetados como legítimas interpretaciones de la Constitución, así muchas veces no sean suficientemente conocidos o apreciados. Los intentos por reformar el texto de la Constitución para dejar esos cambios sin efectos, liderados en varias ocasiones por el Centro Democrático y el partido Conservador, se han hundido en el Congreso. 

En este sentido, las solicitudes que están haciendo algunos de que el Ministro de Salud se abstenga de cumplir la orden de la Corte Constitucional en materia de la regulación del acceso al aborto, suenan fuera de lugar, casi absurdas. No es que los gobiernos anteriores hayan sido fieles cumplidores de las órdenes que ha dado la Corte Constitucional para la protección de derechos. En la mayoría de los casos el cumplimiento queda sepultado en las dificultades del seguimiento a órdenes complejas, en las debilidades burocráticas y en restricciones presupuestales. Pero cosa distinta es no dar cumplimiento a una orden sencilla y que tiene un plazo claro y determinado. Más aún cuando la orden no tiene un costo elevado y, según algunos estudios, incluso ahorraría muchos recursos al sistema de salud. 

En el caso de la resolución de aborto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-096 de 2019, ordenó al Ministerio de Salud expedir una resolución que unificara las reglas contenidas en sus decisiones sobre la materia, y las hiciera circular con el carácter técnico que las hace relevantes y digeribles para los operadores del sistema de salud, incluyendo los médicos y directores de hospitales. Y es que después de la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional ha tenido que insistir en más de 20 sentencias que se eliminen las barreras administrativas para que las mujeres, dentro de las restricciones delineadas por la Corte, puedan acceder al procedimiento que solicitan. Ha habido casos de niñas menores de 14 años se les ha dicho que no se les permite realizar el procedimiento porque la fecha de la presunta violación no coincide con la “verdadera” fecha de concepción, como si nuestro Código Penal no estableciera que siempre hay delito cuando se tiene sexo con una menor de 14 años (T-209 de 2008 y T-946 de 2008). Otros en los que los jueces de tutela han alegado objeción de conciencia y se han abstenido de ordenarle a los médicos el aborto a pesar de la presencia de las causales, como si los jueces no estuvieran obligados solamente a decidir conforme al imperio de la ley (T-388 de 2009). Las EPS han afirmado que no pueden realizar el procedimiento porque todos sus profesionales objetan de conciencia, como si las EPS no tuvieran la obligación legal del servicio con calidad más allá de los médicos que tienen actualmente contratados (T-209 de 2008). A una mujer con cáncer de útero se le negó la realización de la cirugía para detener el cáncer por encontrarse en embarazo, como si uno no se muriera de cáncer (T-009 de 2009). A otra mujer se le negó terminar su embarazo a pesar de tener prueba de que el feto carecía de cerebro (T-171 de 2017). Los médicos han puesto en duda diagnósticos de depresión, como si esta no fuera una enfermedad que pone en riesgo la vida de millones de personas –el suicidio que está asociado a ella está entre las primeras causas de muerte en varios países del mundo (T-731 de 2016). 

Honestamente a mí me parece muy raro eso de que a los médicos les cuesta leer las sentencias de la Corte Constitucional o entender que las mujeres, en cuanto pacientes, tienen derechos. Creo que ha faltado imponer sanciones serias y graves, acordes con la seriedad y gravedad de las vidas perdidas y el sufrimiento causado a tantas mujeres de manera completamente innecesaria, y por parte de quienes tienen como misión principal cuidar la vida, no juzgar si la persona está a punto de cometer un delito o no. La Corte ha decidido entrar en una dinámica más dialógica, pidiendo al Ministerio que sea quien vigile su sector y use sus herramientas para garantizar los derechos de las mujeres, que son tantos y tan importantes como los derechos de los hombres. De esto se trata la resolución. Así lo ha entendido el Ministro de Salud. Es lo único que razonablemente puede hacer el Presidente. Darle eco a las voces de quienes piden algo distinto, por desinformadas y extremistas, no es serio. De hecho, hace que las cosas sean más difíciles para el Presidente en general. 

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