Ancianos en el desamparo

Entiendo la resistencia de las nuevas mayorías, como se hizo evidente en el Congreso la semana pasada, al aceptar ciertos aspectos de los acuerdos de paz con las FARC, tales como la existencia de una jurisdicción especial cuyos magistrados fueron designados a través de extraños mecanismos, la posibilidad de que los dirigentes guerrilleros vayan al Parlamento sin haber rendido cuentas ante la justicia, y que, aún en el caso de delitos graves,  las penas puedan no implicar privación de la libertad; apenas “restricciones” que todavía no sabemos en qué consistirán. ¿Sembrar lechugas los domingos por la mañana?

Tanto lo entiendo que, desde esta tarima, trinchera, balcón o lo que fuere, me opuse a esas concesiones. El problema es que ellas fueron validadas por el Congreso en su función constituyente y homologadas por la Corte Constitucional. En tanto haya situaciones jurídicas consolidadas, dar marcha atrás resulta imposible desde la óptica legal; o muy costoso -y riesgoso- en términos políticos.

El presidente Duque llega al gobierno con un capital político importante pero limitado. Como su partido carece de mayorías en el legislativo, tendrá que realizar alianzas; soportará la oposición de un sector radical que ya ha anunciado el uso recurrente de protestas, movilizaciones y resistencia civil. Mecanismos estos, lo diré al pasar, más propios de la lucha contra una dictadura que para enfrentar las políticas de un gobierno democrático.

Un primer escenario de confrontación proviene de las inevitables medidas de ajuste fiscal, tema del que poco hablaron los candidatos durante la campaña; de hecho, prometieron “el oro y el moro”. Los datos son preocupantes. El gobierno saliente proyecta que el déficit fiscal seguiría una senda decreciente hasta llegar en el 2022 al -1.5% del PIB, lo que implica un ajuste significativo del gasto, mientras que el consenso de los analistas es un déficit del -3.5% para esa fecha. La historia reciente no valida el optimismo gubernamental: entre el 2014 y fin del 2018 la deuda publica habrá pasado del 43% al 48% del PIB; esta acelerada dinámica alcista se registra también en las cifras de servicio de la deuda. La austeridad en el próximo cuatrienio tendría que ser enorme.

Sin embargo, las necesidades de gasto social también son de magnitudes importantes. El programa “Adulto Mayor”, que provee recursos monetarios a ancianos indigentes, beneficia a solo el 37.6 % de la población objetivo; por razones elementales de equidad habría que cubrirla en su totalidad, y, además, subir el estipendio mensual de $75.000, que hoy se reconoce, hasta el umbral de miseria que es $251.000. Podría multiplicar ejemplos como este a fin de preguntarnos de dónde saldrán los recursos en una situación de penuria fiscal y excesiva rigidez sobre el destino del gasto (alrededor del 90% está preasignado).

Si el frente fiscal consumirá capital político, la reforma pensional también lo hará. Ella es indispensable para poner fin a la crisis social y financiera que se ha venido agravando durante estos ocho años de inactividad gubernamental. Respecto de la primera, basta anotar que de 6.1 millones de personas que se encuentran en edad de retiro, únicamente 2.2 millones cuentan con una pensión, uno de cada tres colombianos. Esta situación tenderá inexorablemente a agravarse, a menos que se adopten correctivos de fondo, por una razón simple: la población en edad de retiro crece mucho más que la que se encuentra en edad de trabajar. Desde la perspectiva financiera se tiene que en este año el gasto en pensiones con cargo al presupuesto nacional representará cerca del 17.5% del total. Esta cifra, que beneficia a un contingente relativamente pequeño de colombianos, es mayor que la que gastamos en educación, defensa y salud, rubros de los que todos, o la gran mayoría, nos beneficiamos. Para colmo el gasto en pensiones es regresivo: beneficia, en proporción mayor a estratos altos de la población.

Como la ideología con frecuencia produce ceguera, se dirá que el problema es de fácil solución: abolir las cotizaciones que van al sistema de capitalización en cuentas individuales para pasarlas a un mecanismo universal de “reparto”; en tal caso, la carga que hoy gravita sobre el Gobierno desaparecería como por arte de magia. Eso es verdad en el corto plazo. En el mediano y largo, el monto de las obligaciones fiscales a favor de los futuros pensionados habría crecido exponencialmente y la carga tendría que ser trasferida a los trabajadores del futuro vía elevadas cotizaciones. ¿Será justo, o incluso posible, hacerlo?

Sea cual fuere la técnica financiera que se decida usar – de capitalización o reparto-  es inevitable aceptar que tendremos o que cotizar más, o hacerlo durante más años, o recibir pensiones menores, o una mezcla de estos factores. Adoptar soluciones como estas es muy impopular. Retorno al principio. El presidente Duque tendrá que medir muy bien como invierte su capital político. Su horizonte es, apenas, de cuatro años.

Briznas poéticas. Octavio Paz, nos trae las palabras de otras culturas: “¿El mundo/ siempre fue así/ o ahora/ se ha vuelto/ solo por mi tan triste?”.