Sea lo que sea que haya sucedido en Tierralta: o bien una operación especial fracasada o una operación ilegal para coaccionar ciudadanos en beneficio de terceros o un montaje para desacreditar a la Fuerza e impedir el desarrollo futuro de operaciones en la zona o cualquier otra barbaridad; todas las hipótesis implican que las decisiones tomadas en los últimos trece meses, respecto del Ministerio de Defensa, le están pasando fuerte factura a Petro.

Siembra vientos y cosecha tempestades. Claro que en el fondo, millones de colombianos suponemos, con bastante evidencia, que la tempestad misma es el objetivo de Petro. Ha sido toda su vida un cultor del conflicto y el caos. No solo porque disfruta estos escenarios, se nutre de ellos y se tonifica, incitándolos y viéndolos crecer.

También parece cierto que, más allá del disfrute, Petro y sus manejadores usan táctica y estratégicamente el conflicto y el caos en la conquista del poder absoluto que, para el buen marxista leninista, es la única finalidad relevante y real de la combinación de las formas de lucha. Es evidente que Petro es solo una etapa, una herramienta, una marioneta en manos de un ansioso y goloso grupo de manejadores conformado por orgánicos de las guerrillas (hijos infiltrados en la civilidad por Cano o por los históricos del COCE del ELN), narcos, agentes cubanos y venezolanos, oportunistas socialistas europeos, comisionistas de específicos y politiqueros colombianos de la corrupción de toda la vida.

Y si el conflicto y el caos es la ruta, no solo para imponer reformas por ahogamiento y estrangulación, sino para tomar el poder de manera permanente, el desmonte del Ministerio de Defensa claramente es un objetivo primordial para alcanzar el éxito.

El cóctel Molotov de Petro para alcanzar este desmonte, condición esencial para iniciar diálogos con el ELN, empezó con la gran purga de generales y almirantes de las fuerzas militares y de policía, empatada con la designación de un ministro hostil y con una agenda de décadas enfocada a desacreditar y romper la estructura institucional del Ministerio, complementada por la suspensión forzada de operaciones ofensivas contra guerrilleros y mafiosos en el marco de inciertos e improvisados ceses al fuego, con cuanto factor de violencia compagine con Petro o haya participado en los pactos de la Picota, apoyando el esfuerzo electoral de las presidenciales.

Las comisiones de verificación de fantasmales procesos de negociación son ahora el fiel de la violencia organizada en el país. Encargados de disfrazar las crecientes violaciones de los derechos humanos de los colombianos por parte de las guerrillas y las mafias, como actos políticos tolerados de cualquier forma por el gobierno.

Mientras tanto, medio millón de hombres y mujeres, entre militares, policías y civiles y decenas de miles de contratistas de todo tipo, andan al garete, sometidos a órdenes contradictorias y, en muchos casos, comandados por oficiales superiores y de insignia con mínima experiencia táctica por cuenta de la malhadada purga.

La purga impuesta buscó no solo despoblar de varias generaciones la cadena de mando. Fue específica en remover liderazgo, una virtud que no todos los que ocupan un rango ostentan en la misma medida.

La purga además premió con avances significativos a quienes hoy, entre otros, ocupan el comando general de las fuerzas militares y del Ejército, y otras posiciones estratégicas en el control de nuestras fuerzas militares y de policía.

Esta última decisión, de elevar aceleradamente a una generación al mando supremo, es una de las que más costos le acarrea a la Fuerza y a la ciudadanía.

Con el grado y el cargo vienen muchas cosas. Los atributos del poder claro: camionetas, escoltas, casas fiscales, reconocimiento y capacidad de promover amigos y pagar compromisos. Vienen claro, las responsabilidades: severas, constantes, abrumadoras, infinitas casi.

Pero el grado y el cargo también imponen la defensa de la doctrina de la Fuerza Pública. Y la doctrina esencial de las fuerzas militares y de policía es la de la defensa de la Constitución por encima de todas las cosas. Por encima incluso de la subordinación y la obediencia a la orden injusta o desvariada.

Un subordinado tiene el deber legal y funcional de informar, notificar oficialmente y oponerse a las órdenes equívocas y ostensiblemente inconstitucionales. El costo de asumir una postura de verdad y de defensa de la doctrina frente al superior errado, es usualmente la pérdida del cargo, la pérdida de beneficios o condiciones o la expulsión.

El ministro de Defensa y Petro han dado órdenes constantes y reiteradas que implican no solo el sacrificio vergonzoso e inútil de miembros de la Fuerza.

Más grave aún, las órdenes dadas y ejecutadas implican que la Fuerza Pública deje de cumplir su orden constitucional fundamental y esencial de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Asumir costos frente a la orden injusta, errada o malosa del superior requiere carácter. Miles de oficiales y suboficiales lo han vivido a lo largo de sus carreras. Los comandantes Giraldo y Ospina claramente no llegaron al grado con el carácter requerido. Que Dios y la Patria se los demanden.