Torcidos y retorsión en Panamá

Es cierto que en Panamá se mueve una importante porción del contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal de muchos colombianos. Pero también es cierto que la mayor parte de los capitales colombianos en el istmo son de empresas legales, que es un mercado de exportaciones irremplazable y que la red logística de Panamá es fundamental para nuestro comercio exterior con otros continentes. Las medidas unilaterales de Colombia al incrementar aranceles, declarar paraíso fiscal a los vecinos y cualquier otra medida discriminatoria del comercio y las finanzas panameñas, tiene más riesgos de impactar a la economía legal binacional que en lograr desmontar las enquistadas redes de criminalidad común.  

El diagnóstico institucional es viejo y acertado, miles de contenedores de textiles y otros productos de consumo masivo se triangulan desde Asia por el Puerto Libre de Colón y llegan a Colombia a precios irrisorios, haciéndole un dumping criminal a la industria nacional y dejándola con números rojos. En 2013 tras años de diplomacia infructuosa el Gobierno Santos impuso restricciones específicas a los contenedores y tarifas que llegaban con textiles desde Panamá, tras este primer “guanabanazo” comercial a los operadores de la zona de Colón (varios de ellos colombianos que antes operaban en la isla de San Andrés y Maicao) vinieron las gestiones de este gremio que es política y económicamente muy importante en Panamá, lograron que su Gobierno llevará el caso a la Organización Mundial de Comercio por considerarla discriminatoria, y ganaron la primera demanda. Colombia entonces reajusto y publicó un nuevo decreto, volvieron a demandar y volvieron a ganar los canaleros, En Bogotá volvieron a insistir con un tercer decreto y en 2018 la OMC le dio la razón a Colombia.

Tras la derrota, en Panamá se prendieron las alarmas frente a las restricciones de comercio, que allá lo ven también como un tema de soberanía y con tintes de seguridad nacional. Mostraron los dientes anunciando el uso de su Ley de Retorsión (Ley 48 de 2016) creada para protegerse de cualquier hostilidad comercial. La retorsión incluye medidas de alto impacto, tales como la suspensión de visas a trabajadores extranjeros, algo grave considerando que mínimo hay medio millón de connacionales en este país; restricciones a la repatriación de capitales, esto pega duro porque Colombia es el segundo país con más inversión extranjera en el Istmo (17% del total); además le sumaron un incremento de aranceles a exportaciones nuestras, crítico porque al año las exportaciones de acá para allá sumaron más de 3 mil millones de dólares y nos respondieron la cortesía diplomática castigando a 46 productos con aranceles que sacan la producción nacional de ese mercado (incluye flores y materiales de construcción, entre otros).

Este año el Centro Democrático y el Partido Liberal atizaron la guerra arancelaria colombo-panameño al impulsar en el Plan Nacional de Desarrollo los artículos 274 y 275 que generan un incremento del 38 por ciento a los aranceles de textiles como medida para frenar el contrabando y proteger la industria nacional. La medida arancelaria del PND que fue demandada por el propio Gobierno (Si, tal y como suena, el Gobierno de Duque demandando por constitucionalidad medidas legislativas originadas por senador Uribe Vélez) es por lo menos atípica dado que desde la Constitución del 91 el Congreso nunca había fijado aranceles, y además es bastante miope al no calcular los costos económicos que tendría para las demás industrias del país la aplicación parcial o completa de la Ley de Retorsión.

El contrabando, el lavado de activos y la evasión tributaria (además del contrabando y la minería ilegal) que tienen a Panamá como punto de apoyo son temas prioritarios de la agenda nacional, también lo es proteger al sector textil del contrabando y la informalidad, que de manera correcta el Presidente lo asumió como  promesa de campaña y que busca resarcir una deuda histórica de varios gobiernos con este sector. El objetivo no está en discusión, pero hacerlo por la vía de mayores aranceles tendrá impactos no calculados y además tendrá un bajo impacto en la economía del contrabando, más impuestos son más incentivos a seguir bajando mercancías, por Colón, otros puertos de Panamá o por donde sea.

Tal vez porque este será un tema de infarto en el futuro comercial, diplomático y de seguridad entre ambas naciones es que el Gobierno nacional designó un cardiólogo para ejercer como embajador colombiano en Panamá.