Hablemos de tecnología

A propósito de la situación de Uber y su estrepitosa salida del país, consideramos que es momento oportuno para referirnos un poco a la situación que están afrontando los emprendimientos en nuevas tecnologías en nuestro contexto legal y estatal.

Para nadie es un secreto que en su gran mayoría estas nuevas iniciativas transitan libremente por cuenta del principio de libertad de navegación en internet, situación que ha permitido que múltiples experiencias de soluciones técnicas se edifiquen en medio de las zonas grises de nuestra normatividad y regulación, generando muchas veces más inquietudes que soluciones.

Elegimos un presidente de la república, cuyo discurso se centró en la nueva terminología de la “economía naranja”. Por primera vez, optamos por un mandatario que, contrario a las reiteradas promesas de trabajo para todos, cambios sociales, paz o seguridad, se inclinó por hacer valer una realidad inocultable de nuestra cotidianidad, el importantísimo valor de nuestro emprendimiento digital, ese mismo que ha sido copiado o replicado en diferentes lugares del mundo. El mismo que ha servido de puente entre el ciudadano de a pie para lograr satisfacer sus necesidades diarias.

Así no lo podamos entender o incluso creer, Colombia ha sido pionera de monumentales iniciativas que han cambiado de forma definitiva la vida de millones de personas. Para no ir tan lejos, basta con citar la experiencia de Rappi. Sin embargo, toda esta revolución digital en la que actualmente estamos anclados ha estado gobernada por un común denominador, la ineficacia regulatoria o incluso la ausencia total de cuerpos normativos que permitan dotar de herramientas legales a nuestros emprendedores para otorgarles seguridad y legítima confianza.

Resulta paradójico que preciso, durante el gobierno que ha promovido como ningún otro el fortalecimiento del mundo digital y la innovación, estemos atravesando tan complejas dificultades, como es en el caso concreto la salida de Uber de nuestro país. Sin embargo, este análisis ha de hacerse con detenimiento y, por ello, no podemos aventurarnos a acusar ciegamente al gobierno de Duque por la apremiante situación, pues lo que sí resulta claro son los infructíferos intentos del pasado de lograr regular las plataformas de transporte mediante aplicaciones móviles.

¿Cuántos proyectos de ley han sido archivados en el Congreso de la República?, ¿qué pasó con los decretos del año 2015, que regulaban los denominados “taxis de lujo”? Aparentemente todas estas iniciativas han quedado relegadas al olvido y al final del camino, como siempre pasa, el responsable o paganini termina siendo el mandatario de turno.

Es claro que hay una situación que en Colombia no puede seguir aconteciendo y es que nos tornemos en un sistema tecnocrático sin resultados palpables o evidentes. De nada sirve adelantar cientos de reuniones o mesas de trabajo técnicas con ministros, expertos, académicos y actores si al final del camino no se va a lograr llegar a un consenso. Consideramos que es menester que la Comisión Sexta, tanto de Cámara como de Senado, debe tener mayor protagonismo en la agenda legislativa nacional.

Así mismo, el Gobierno ha de priorizar sobre las necesidades inmediatas de regulación, que más allá de las necesidades puntuales sobre aplicaciones de medios de transporte son muchas otras las que requieren inmediata atención desde el punto de vista regulatorio. Colombia no puede seguir siendo ajena a las criptomonedas, a las plataformas de pagos digitales y al mundo cashless. 

Es obligatorio que el Congreso, en concurso con el Gobierno Nacional, como corolario de las iniciativas de la economía naranja, estructure soluciones inmediatas de regulación y tipificación normativa para las pasarelas de pagos, los monederos virtuales, las billeteras electrónicas, y las expresiones alternativas de pagos.

Hemos sido reiterativos en este espacio de opinión sobre cómo nuestra legislación en materia de recursos económicos y financieros ha heredado un perfil restrictivo y prohibitivo por cuenta de las dificultades propias que el narcotráfico introdujo dentro de nuestra sistema económico durante las últimas décadas. Sin embargo, consideramos que hoy, en pleno 2020, no podemos seguir mirando al pasado, y obvio, no se trata de permitir o hacer plausible cualquier actividad financiera, para volver a Colombia un paraíso de la ilegalidad digital, pero si es permitirle a un sector de la economía crecer. Claro crecer con el estricto cumplimiento de las normas, especialmente aquellas que tienen que ver con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Este es un llamado para que de manera responsable y organizada logremos consolidar desde el punto de vista normativo lo que está pasando todos los días en nuestro contexto digital, tenemos un reto palpable los abogados y políticos en nuestro entorno, pues por primera vez en la historia los elementos empresariales y comerciales están creciendo mucho más rápido y a una velocidad tan vertiginosa que lo hacen sin siquiera existir normas o cuerpos normativos que los regulen.

Tenemos que abrirnos a las realidades propias de la técnica, entender que hoy por hoy la gente ya no contrata un conductor sino baja una aplicación de transporte, ya las familias no van con la otrora regularidad a cine, pues para eso están los servicios de televisión vía streaming, ya no se recurre a las agencias de viaje, por cuanto en la comodidad del mismo teléfono móvil se pueden comprar, cruceros, paquetes turísticos, planes con guías incluidos.

Es claro que el mundo cambió y por ello el reto legislativo se hace cada vez más exigente, no podemos permitir que un país de emprendedores y de actores de primer nivel en el estado de la técnica, se vea sacudido por una pugna por un solo elemento claro: la falta de regulación. Hoy por hoy las pasarelas de pago, los comercios en línea, los remesadores electrónicos y en fin, las demás aplicaciones que se dedican a ofrecer bienes o servicios de manera digital yacen en un estatus de total inercia frente a su regulación y normatividad.

Finalmente, si bien no podemos pronunciarnos jurídicamente sobre los elementos casuísticos del caso Uber por considerar que aún hay una instancia judicial pendiente, razón de sobra para abstenerme de cualquier apreciación, sí debo ser enfático en repudiar las palabras emitidas por el supuesto vocero del gremio taxista, quien despectivamente trató a las mujeres y hombres que dedican su vida y sustento a prestar el servicio de transporte a través de la aplicación. Conozco bien el  gremio de los taxistas y doy fe de la honorabilidad y caballerosidad de muchos de sus principales empresarios y de la mayoría de sus conductores, expresiones como las de ayer no representan a este gremio que tan importante es para nuestra economía.