¿Habrá paz con el ELN?

En los próximos días se iniciarán las prenegociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, acordadas en el Diálogo Formal Exploratorio realizado a finales de diciembre en La Habana. En honor a la verdad, estas noticias se reciben normalmente con pleno -y justificado- escepticismo, pero las circunstancias en que se dan las negociaciones con ese grupo guerrillero permiten albergar algunas esperanzas.

El moderado optimismo que pueden generar estos últimos hechos se origina en que las negociaciones pueden ser muy provechosas para las dos partes, razón por la cual se puede esperar que perseveren en el proyecto.

Por el lado del gobierno, los diálogos serían benéficos porque hasta ahora no tiene nada para mostrar en materia de procesos de paz con la guerrilla y, además, la política de Seguridad Democrática aún no ha evidenciado su capacidad para doblegar a los grupos guerrilleros y conducirlos a una mesa de negociaciones.

De otra parte, un proceso de paz con el ELN le ayudaría al gobierno a legitimar ante el país y la comunidad internacional las negociaciones que se adelantan con los grupos paramilitares y neutralizaría muchas de las críticas que se han formulado contra la Ley de Justicia y Paz. Ciertamente, las conversaciones con ese grupo guerrillero podrían replantear las preguntas acerca de cómo se deben armonizar los procesos de paz con las exigencias de verdad, justicia y reparación que han sido desarrolladas en los ámbitos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Precisamente, la necesidad del gobierno de legitimar el proceso con los paramilitares y de validar su política de seguridad democrática permite pensar que estaría dispuesto a hacer importantes concesiones en las negociaciones, si ello le permite lograr resultados concretos. No sería la primera vez que el gobierno se muestra "generoso" cuando se trata de alcanzar sus objetivos: piénsese solamente en las concesiones otorgadas en la Ley de Garantías Electorales y en los apetecidos cargos burocráticos que les ha entregado a algunos opositores.

Esa disposición del gobierno sería muy conveniente para el ELN. En primer lugar, porque esta organización atraviesa por un proceso continuo de debilitamiento político, militar y económico. Luego, porque ello le permitiría retomar un papel principal en los procesos de paz -después de haber sido relegado a un lugar secundario en los anteriores gobiernos- y, finalmente, porque ello garantizaría que su inserción en la vida política institucional puede estar acompañada de resultados concretos para la sociedad colombiana.

Pero, además, para el ELN tiene que ser cada vez más acuciante la pregunta acerca de si tiene sentido continuar con la lucha armada o si es aconsejable optar por ingresar a la vida política institucional. Este interrogante es más exigente si se observan los últimos desarrollos políticos en Latinoamérica y en Colombia.

Ciertamente, en distintos países de la región, los movimientos de izquierda están llegando al poder y, además, antiguos guerrilleros están accediendo a las más altas posiciones. Esto último es lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, en Brasil y en Bolivia, y lo que se puede presentar próximamente en Nicaragua o en El Salvador. Pero, incluso en Colombia los movimientos de izquierda han logrado buenos resultados en las elecciones regionales, y también antiguos guerrilleros se destacan por el buen papel que desempeñan en la vida política.

Los avances de la izquierda que han sido anotados contrastan radicalmente con la situación de los grupos guerrilleros en el país. En realidad, para todos los colombianos es claro que, actualmente, no hay posibilidad alguna de tomarse el poder en Colombia a través de las armas, y que la lucha guerrillera y la respuesta que ha generado vienen produciendo verdaderas calamidades para la población colombiana. También es evidente el aislamiento político del movimiento guerrillero, como se evidencia en el desconocimiento generalizado acerca de sus planteamientos y propuestas y en la irrelevancia de los mismos en los procesos de decisión sobre las políticas fundamentales del país. Por lo tanto, las prenegociaciones con el gobierno llegan en una época oportuna, en la que la opción por la lucha armada está siendo fuertemente cuestionada por los actuales acontecimientos políticos en la región y por el liderazgo que han asumido los movimientos de izquierda democrática.

De esta manera, los diálogos entre el gobierno y el ELN se inician en un momento en el que para las dos partes sería muy rentable lograr un acuerdo de paz. El gobierno obtendría legitimación para su cuestionada política de paz y el ELN podría conseguir importantes ventajas políticas al decidir el ingreso a la vida institucional.

El hecho de que tanto el gobierno como el ELN puedan obtener importantes beneficios de la suscripción de un acuerdo de paz es lo que permite alimentar algunas expectativas sobre los actuales acercamientos. Pero, como siempre, los resultados de las negociaciones son inciertos y muy probablemente no se verán en el corto plazo. A los colombianos sólo nos queda guardar las esperanzas, recubriéndolas con una gruesa capa de escepticismo para evitar dolorosas decepciones.

* Profesor de la Universidad Nacional y miembro del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad - DJS.
Derecho, Justicia y Sociedad (DJS) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir en los debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.