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¿Hacia dónde van las negociaciones de paz con las AUC?

Carlo Nasi, experto en resolución de conflictos, evalúa en su justa dimensión el significado de la visita de los paras al Congreso.

Semana
1 de agosto de 2004

El gobierno ha adelantado un proceso de paz bastante errático con las AUC. A las enormes dificultades que todo proceso de paz implica (especialmente en un contexto de violencias entrecruzadas, como el colombiano), se han sumado algunos malos manejos de la política de paz que aumentan la incertidumbre de que las negociaciones culminen exitosamente.

La más reciente salida en falso del gobierno fue invitar a los jefes máximos de las AUC a hablar ante el Congreso. Esto generó malestar no solo entre sectores de izquierda, sino también entre senadores uribistas como fue el caso de Rafael Pardo y Gina Parody. Contrario a lo que afirmó el representante Petro, la invitación no tuvo la dimensión de un "fracaso nacional", y tampoco significó un "sometimiento de las instituciones del Estado al narcotráfico": al fin y al cabo no se tomó ninguna decisión frente al quehacer judicial con respecto a los delitos de las AUC, y el Congreso todavía está por debatir una ley de justicia y reparación. Pero sí fue prematuro por parte del gobierno permitir que las AUC hablaran ante el Congreso. Para nadie fue claro el propósito de la invitación a las AUC en una etapa tan incipiente de las negociaciones, y el gobierno dejó una fuerte sensación de estar improvisando en su política de paz.

A pesar de todo, los discursos de los jefes de las AUC sirvieron para dar algunas luces sobre el futuro del proceso de paz. Más allá de las propuestas puntuales de Mancuso de crear una comisión de alto nivel para acompañar las negociaciones, o de crear otras zonas de ubicación para las AUC (sugerencias potencialmente importantes para que avance el proceso de paz), las intervenciones de los jefes paramilitares dejaron entrever tres aspectos clave referentes a las dificultades, alcances y potencialidades de las negociaciones.

Empecemos por las dificultades. Un primer punto que quedó en claro es que probablemente nunca habrá un cese de hostilidades completo por parte de las AUC. Hay que recordar que en los inicios del proceso de paz, el gobierno exigió un cese de hostilidades a las AUC como precondición para empezar a negociar. Aunque las AUC nunca cumplieron a cabalidad con esta precondición (pero sí disminuyeron la intensidad de sus ataques), el gobierno decidió correr el riesgo y abrir la mesa de negociaciones con los grupos paramilitares. Posteriormente, ya iniciadas las negociaciones, las AUC han violado reiteradamente el cese de hostilidades. No hay que albergar mayores esperanzas de que esta situación cambie. En efecto, Salvatore Mancuso afirmó ante el Congreso: "El cese de hostilidades declarado por las autodefensas no nos exime de la responsabilidad de defender a las poblaciones y regiones de los ataques de las guerrillas, allí donde el Estado no hace presencia".

El incumplimiento del cese de hostilidades por las AUC seguirá siendo un pesado lastre, y un factor que mantendrá el proceso de paz en la cuerda floja. Frente a esto las alternativas son pocas, y la solicitud del vicepresidente Francisco Santos de que la OEA sea más agresiva en materia de verificación resulta un tanto inoficiosa. Desde un comienzo el gobierno fue laxo en exigir un cumplimiento cabal del cese de hostilidades a las AUC, y nunca aclaró cuántas (o cuáles) violaciones llevarían a suspender (o romper) las negociaciones de paz. Si el gobierno asumiera ahora una posición más rígida frente al tema, el proceso de paz colapsaría. En síntesis, para prolongar la vida de las negociaciones el gobierno no tiene más remedio que quedarse de brazos cruzados frente a violaciones al cese de hostilidades por las AUC. Pero a su vez, dicha inacción tiene costos, porque multiplica las suspicacias que existen frente a la voluntad de paz de las autodefensas. Más aún: no se puede descartar que alguna violación finalmente rebase la copa del gobierno y dé al traste con el proceso de paz. Seguirá habiendo incertidumbre sobre cuántas violaciones aguanta el proceso de paz, y la viabilidad de las negociaciones dependerá en buena medida de que las AUC limiten al máximo sus actos violentos.

Un segundo aspecto que se debe destacar se refiere al alcance del proceso de paz. Todo parece indicar que incluso en el caso de resultar exitoso, el proceso de paz con las AUC conllevará una desmovilización apenas parcial del paramilitarismo (al menos mientras siga la guerra en Colombia). Mancuso insinuó esto cuando afirmó ante el Congreso que desmovilizar de tajo a todas las autodefensas sería "una demencial irresponsabilidad que provocaría un desastre en gran parte del territorio nacional y llevaría la derrumbe de la economía". La declaración de Mancuso probablemente refleja un consenso más amplio al nivel de algunas élites regionales que apoyan a las AUC y temen ser abandonados a la suerte de las guerrillas.

Afirmar que las negociaciones con las AUC tendrán un alcance limitado no equivale a decir que son irrelevantes. En efecto, desmontar así sea parcialmente el paramilitarismo contribuye a desactivar uno de los mayores factores generadores de violencia y barbarie en Colombia, lo que es positivo. Adicionalmente, si en un futuro vuelve a haber negociaciones entre el gobierno y la guerrilla (y el propio Comando Sur reconoció recientemente que el propósito del Plan Patriota es llevar a las Farc a la mesa de negociaciones), es fundamental que los grupos paramilitares sean controlados y no permanezcan como rueda suelta saboteando las negociaciones a su antojo.

Finalmente, frente a las potencialidades del proceso de paz, hay que resaltar el gesto de 'Ernesto Báez' de pedir perdón a los familiares y amigos de los que han sido victimizados por los grupos paramilitares. Pedir perdón es importante tanto para crear un mejor ambiente en las negociaciones de paz, como para ayudar al logro de una verdadera reconciliación en Colombia. A su vez, es algo insuficiente para compensar a las víctimas de actos atroces, y no puede ser considerado como un camino hacia la impunidad y el olvido de los delitos cometidos por las AUC. De hecho, para que las víctimas y la sociedad colombiana puedan genuinamente perdonar a las AUC (al margen de lo que ocurra en materia judicial) se requiere previamente esclarecer la verdad y establecer responsabilidades por delitos específicos. A falta de eso, es materialmente imposible perdonar a las AUC: al fin y al cabo ¿a quién se perdonaría y por qué delitos?

Queda mucha tela por cortar en esta materia, pero el gesto de 'Báez' es un primer paso hacia la reconciliación que debe ser valorado. Lamentablemente, el arrepentimiento de las AUC quedó en entredicho con las justificaciones del paramilitarismo que hicieron Mancuso e Isaza, y con la manifestación de que los miembros de su organización no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel. Una de dos: o un grupo armado está realmente arrepentido de sus propios actos y asume consecuencias, o busca toda suerte de justificaciones para evadir responsabilidades. Pero cuando se juntan las disculpas con las justificaciones, lo que queda en duda es la sinceridad del arrepentimiento.

Las posiciones maximalistas de buscar bien sea la impunidad total para las AUC o un castigo de todos sus delitos llevan a callejones sin salida. El éxito del proceso de paz con las AUC dependerá de la construcción de un camino intermedio que sea aceptable para todos. Ojalá que esto se logre algún día.

* Director de la Especialización en Resolución de Conflictos Armados, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes

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