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Construir más cárceles no es la solución

Pensar en construir más cárceles sin que existan programas de rehabilitación y resocialización es una clara violación a los derechos humanos.

Uriel Ortiz Soto, Uriel Ortiz Soto
20 de septiembre de 2013

El problema del hacinamiento carcelario es tema de nunca acabar, hay que aceptar que a quienes se les hizo el encargo de aportar soluciones, les quedó grande la misión. Este problema no es de ahora, sino de siempre. Las cárceles en Colombia, son verdaderas pocilgas donde van a parar los seres humanos que han caído en desgracia, incluida la venalidad de algunos jueces que los condenan muchas veces para satisfacer venganzas personales. 

Guardadas proporciones, el hacinamiento carcelario bien puede compararse con lo que es la administración de justicia. Las cárceles son precisamente la consecuencia de los fallos condenatorios, que infinidad de veces se producen contrariando la normatividad jurídica. Son cientos los inocentes, especialmente gentes de escasos recursos y humildes campesinos, que se encuentran tras las rejas pagando una condena injusta, y lo más grave, con pleno conocimiento de causa del juez que la dictó.   
Si se revisan todos estos casos y sumados a los que podrían recibir el beneficio del Plan Padrino de Descongestión Carcelaria, expuesto varias veces por este columnista, considero que en más de un 50 % de los internos podrían quedar en libertad. Pero, lamentablemente, todo este tiempo de crisis se ha ido en investigaciones y evaluaciones inocuas que hasta la presente fecha no han arrojado los resultados requeridos. Razón por la cual el gobierno ante tanta presión de los internos, sus familiares, organizaciones nacionales e internacionales y los medios de comunicación, se está viendo en la necesidad de acudir al camino más fácil: aumentar los cupos, construyendo más cárceles.

Definitivamente Colombia es un Estado carcelero, qué mentalidad tan absurda. Se han propuesto varios proyectos con el fin de solucionar el hacinamiento carcelario. Sin embargo, después de más de dos años de estarse debatiendo, el problema continúa de mal en peor, sin que se vislumbre solución seria. Los días pasan y los noticieros de televisión muestran las dramáticas situaciones que se vive en los centros de paso y en las mismas cárceles, sin ningún respeto y consideración por los detenidos.     

Mi pregunta, con el debido respeto del ministro de Justicia y del Inpec, es si ya resolvió el tema de los programas de rehabilitación y resocialización. ¿Nuestros internos ya tienen asistencia de salud asegurada? ¿La alimentación que se les brinda, tiene la más mínima nutrición?

Todo indica que esta licitación se ha convertido en toda una piñata de oportunidades donde los delincuentes de cuello blanco se las hacen adjudicar con la asesoría de funcionarios deshonestos. Como resultado, los internos reciben una alimentación de pésima calidad.  

Pensar en construir una cárcel para meter diez mil internos más, sin ninguna garantía de rehabilitación y resocialización, sin proporcionarles un mínimo de bienestar social, es un acto administrativo irresponsable e inhumano y una clara violación a las más elementales normas del derecho internacional humanitario. 

Está bien que se construyan mas cárceles, si existieran unas mínimas garantías de convivencia y supervivencia. Pero lamentablemente las que hay son toda una vergüenza. Allí se llega a perfeccionar el delito y a profesionalizar el delincuente. 

Las políticas penitenciarias de nuestro país no están definidas con criterios de rehabilitación y resocialización. Son muchas las reuniones y asambleas que se han realizado en diferentes instancias del Estado para abordar este tema pero la visión y mentalidad de quienes pretenden manejarla, además de pobre, carece de los más elementales conocimientos del recurso humano frente a los diferentes procesos de desarrollo.

Los funcionarios encargados de dar soluciones, no se han preocupado por sacar los coeficientes intelectuales y laborales de cada interno, esto con el fin de crear pequeñas microempresas dentro o fuera de las mismas instalaciones carcelarias que les permitan mantener su mente ocupada y devengar unas subvenciones para satisfacer sus más elementales necesidades. 

Mientras al delincuente no se le mire como a un ser humano, que hay que mostrarle caminos para que escoja el que más le convenga de conformidad con la evaluación realizada por expertos en el tema carcelario y penitenciario, con el fin de adaptarlo al modelo de vida de sujeto en proceso de rehabilitación y resocialización, es muy difícil entrar en una etapa que nos permita regresar a la sociedad ciudadanos resocializados.

Se dice que se han realizado varios estudios sobre el particular, por cierto a precios bastante altos y los resultados no se ven por ninguna parte. Los sindicatos del Inpec, que son más de 42, se pelean entre sí los beneficios y prebendas que asigna el Estado para la manutención de los internos. Es lamentable y vergonzoso tener que decirlo: recluso que desee llevar una vida con un mínimo de decoro, tiene que pagar a los guardianes hasta el derecho por respirar un mínimo de aire fresco y un lugar medio apacible para pasar la noche así sea respirando la fetidez de los inodoros. 

Pero claro que existen los pabellones del Chicó, donde van los delincuentes de cuello blanco, aquellos Nules que se han robado al Estado y parapolíticos que para graduarse de “padres de la patria” no les importó hacer alianzas hasta con el diablo. Ellos sí tienen todas las prebendas propias del ser humano, sin importar el delito que cometieron.   

Estamos a años luz de que en Colombia se aplique el principio constitucional: “todos los ciudadanos son iguales frente al Estado”. 

urielos@telmex.net.co

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