Hermenéutica jurídica

Es como el triple salto cada vez más difícil que hacen los trapecistas en los circos. Después de que los primos Nule se robaran los huecos de la 26, ahora aparece un señor que se roba 268 metros lineales de la futura carretera Bogotá-Girardot. O que a lo mejor lo que quiere es simplemente recuperarlos, pues asegura que los vendió hace años y nunca se los pagaron. Por devolverlos, o por volverlos a vender, pide un rescate de 8.000 millones de pesos. Y hay otro señor que hace dos meses se robó un parque en Bogotá para hacer un edificio. O tal vez no fuera un parque de verdad, sino un baldío. ¿Acaso no descubrió hace tres o cuatro años el alcalde de Cúcuta que un bello parque que había allá no era tal parque público, sino simple bien fiscal, y lo taló para abrir paso a una enorme sucursal de las tiendas Home Center? Podía ser un bien mostrenco, o un humedal abandonado. Podía haber sido incautado y estar bajo el amparo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que tiene a su cargo cientos de millares de propiedades, casas, fincas, moteles, lotes, parques, ríos, mares. No se sabe. ¿Quién va a creerle sus datos a la Superintendencia de Notariado y Registro? Aunque tal vez haya alguno cierto. A veces se cumplen también las normas, aunque no sea lo habitual. Conocemos de sobra la tonadilla defensiva de las "manzanas podridas": pero es verdad que algunas siguen sanas.

Leo en el periódico que en los primeros seis meses de este año los municipios y departamentos del país (y supongo que también los ministerios y los institutos y las Cortes y el Congreso) celebraron 281.000 contratos por valor de 16 billones de pesos, 16 millones de millones, saltándose las licitaciones preceptivas: a dedo. Y nos estamos acostumbrando a presenciar sin asombro las operaciones más acrobáticas: un consorcio de universidades que contrata la construcción de un cuartel de bomberos, el Instituto de Bienestar Familiar que supervisa el tendido de un cable submarino de fibra óptica que a continuación se pierde en el mar. Tras lo cual, todo el mundo demanda al Estado. Y el Estado pierde todos los pleitos. Solo consigue ganar alguno cuando contrata ilegalmente, en nómina paralela, a los abogados de la contraparte.

Estamos encallecidos. Pero confieso que esta semana a mí me dejó estupefacto de admiración la noticia de que por fin a alguien se le había ocurrido la manera de aunar en un solo espléndido negocio las dos pasiones nacionales de Colombia, que son las elecciones y el robo. Oh, no se trata simplemente de robar las elecciones, cosa consuetudinaria desde que las elecciones existen: voto por voto, jurado por jurado, o de un solo golpe en el escrutinio final, como en el juego infantil del manotón. No. Esta vez se trata de robar justamente aquello que, en la esperanza de los votantes, puede servir para evitar que se roben las elecciones: se trata de robar el voto en blanco.

Al leer la información en el periódico recordé un viejo chiste clerical: el del cardenal de la Curia romana que va a confesarse con el Papa. Dicha la culpa, y tras un largo silencio de asombrado silencio, el Papa exclama:

-E un peccato mortale! Ma che bella combinazione!

Porque no solo el robo ahora propuesto es sencillísimo, sino que incluso debe ser legal. Resulta que la reciente reforma política que aprobó el Congreso dispone en su artículo 28 que a los promotores del voto en blanco, si los hay, "se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral". Monto que oscila entre los 2.000 y los 2.500 pesos por voto. En las últimas elecciones para corporaciones el voto en blanco, según el presidente del CNE, sumó casi seis millones. Son, pues, 15.000 millones de pesos.

¿Para quién? Uno de los impulsores de la pirueta, el famoso cura Hoyos de Barranquilla, dice que "la iniciativa surge del pueblo". Pero (al margen de que cuando alguien menciona al pueblo, desde la derecha o desde la izquierda, desde arriba o desde abajo, desde la religión o la política, o la música o el juego o lo que sea, se puede tener la casi absoluta certidumbre de que miente) lo que está claro es que de todos modos la plata de la reposición no irá al pueblo. ¿A los grupos promotores del voto en blanco, que ya van en número de 36? ¿Y a cuál de entre todos ellos, si el voto en blanco sirve precisamente para no señalar a nadie? ¿Se dividirá la torta final en 36 tajadas? ¿Y antes, a quién le darán los anticipos previstos por la ley? Y si gana el voto en blanco, y en vista de que la ley dispone que en tal caso se convocarán nuevas elecciones sin la participación de los candidatos derrotados, ¿además del dinero recibirán el cura Hoyos y los demás autodesignados intérpretes de la voluntad del pueblo el poder?

La exégesis de la ley se puede llevar un paso más allá. Otros avivatos pueden robarse los votos de la abstención electoral. Y dado que es verdad sabida que tradicionalmente los promotores de la abstención han sido los grupos guerrilleros, y que la abstención ha sido siempre superior a la participación, entonces...

Bueno. Yo no soy jurista.