El domingo 28 de junio se consumó en Honduras un golpe de Estado a través de la expulsión violenta del presidente Zelaya ejecutada por el ejército de Honduras y apoyada por el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. La acción del ejército hondureño, respaldado por las élites nacionales, es un hecho inaceptable pues el uso de la violencia para dirimir conflictos políticos es contrario a formas de gobierno democráticas. En este sentido el rechazo unánime de la comunidad internacional al golpe de Estado ocurrido y su negativa a aceptar el gobierno de Michelleti envían un mensaje claro.

El mantenimiento del gobierno golpista es sin duda un escenario indeseable en la medida que es un gobierno fundado sobre la fuerza y la coacción. Prueba de ello es que, a pesar de los pronunciamientos oficiales en sentido contrario, el recorte de las libertades es ya un hecho. El Congreso por unanimidad y a pedido del gobierno de facto, aprobó potestades para las fuerzas de seguridad que les permiten restringir los derechos de manifestación, inviolabilidad del domicilio, asociación, garantías en la detención y libertad de movimientos por el país.

Sin embargo, la restitución del presidente Zelaya impulsada por la comunidad internacional no es tampoco un escenario promisorio. Zelaya ha mostrado claramente su talante autoritario, al desconocer fallos de poderes judiciales competentes y buscar adelantar, sin reparo por las consecuencias sociales e institucionales, su agenda política. En efecto, de manera acorde con la tendencia regional, Zelaya se reclama intérprete y encarnación de la voluntad popular, y señala de conspiración oligárquica cualquier esfuerzo contrario a sus deseos

La comunidad internacional ha respondido de manera mecánica. Se reivindica el orden constitucional y la legitimidad del mandato de Zelaya derivada del hecho que éste último haya sido elegido a través de una competencia electoral. Acorde con esta lectura se plantea el regreso al orden constitucional y se exige que Zelaya sea reinstaurado como Presidente. Esta respuesta es mecanicista porque no considera las implicaciones para la política interna que tendrá la intervención, que si bien es hecha en nombre de la democracia y la libertad, puede resultar en todo lo contrario.

Si bien la reinstauración de Zelaya como Presidente es la medida inmediata para conjurar el golpe, la intervención de la comunidad internacional para que esto ocurra alterará de manera radical la correlación de fuerzas políticas en el país centroamericano. El Congreso y la Corte Suprema hondureñas enfrentarán problemas de legitimidad al interior del país y Zelaya se encontrará en una posición de fuerza para forzar el referendo reeleccionista. La defensa del orden constitucional y la institucionalidad democrática corre el riesgo, paradójicamente, de apuntalar un caudillismo autoritario más en la región.

El gran reto para la comunidad internacional es pues hacer una intervención que vaya más allá de la respuesta mecánica de mantener los mecanismos democráticos per se. Se necesita una intervención que incluya un equilibrio delicado donde se restablezca a Zelaya en el poder, pero a la vez contemple formulas que impidan que la correlación de fuerzas políticas al interior de Honduras se altere tanto a favor del Presidente, que se termine fomentando un autoritarismo con fachada democrática.

La reflexión que está en el trasfondo es que la defensa de los mecanismos democráticos y de los órdenes constitucionales no resultan necesariamente en la defensa de una democracia liberal, es decir, una donde además de la elección del Presidente a través de elecciones libres, haya pleno goce de derechos individuales y colectivos y separación real de poderes.

La reacción de la comunidad internacional tiene mucho de mecánico porque responde de manera estandarizada (defensa de lo procedimental) a una amenaza que ha mutado: la amenaza a las democracias en la región ya no surge de imposiciones por la fuerza, sino de la acción sistemática y subterfugia que vacía de contenido a las instituciones y le da apariencia de democracia liberal a la permanencia en el poder de caudillos autoritarios que desdibujan a medida que avanza el tiempo la separación de poderes y recortan libertades.

El ordenamiento constitucional y los mecanismos democráticos son condiciones suficientes más no necesarias para promover la libertad y la democracia en la región. Sin una acción política orientada por valores de pluralismo, tolerancia y competencia política, el ordenamiento no es más que el andamiaje legitimante de las dictaduras del siglo XXI. Esa orientación está ausente en Honduras que se encuentra en el peor de los mundos: tener una dictadura elitista que se apuntalará a través de la coacción, o un autoritarismo caudillista que regresará del exilio apoyado por los adalides mundiales de la “democracia”.