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Humanización de la política criminal y penitenciaria

Ministro, necesitamos que se cometan menos delitos, no que se deroguen ni minimicen por falta de recursos públicos.

9 de febrero de 2023

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, propone al Congreso un proyecto de ley por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para superar el estado de cosas inconstitucional, declarado y reiterado por la Corte Constitucional.

El proyecto busca cuatro objetivos: enfrentar el afán punitivo con que se ha legislado en décadas; apostar por la justicia restaurativa, esto es, maximizar los derechos de las víctimas; que la ejecución de penas cumpla su finalidad constitucional, la resocialización; favorecer la seguridad y reducir la reincidencia.

El diagnóstico de una comisión asesora y los pronunciamientos de la Corte Constitucional indican que las decisiones en esta materia carecen de fundamentación empírica, son reactivas, las instituciones que participan en su elaboración están desarticuladas, tienden al aumento de penas y carecen de una perspectiva de derechos humanos.

El hacinamiento carcelario es una tragedia humanitaria. Sin embargo, se descarta la posibilidad de ampliar los cupos penitenciarios, porque cuesta en promedio 130 millones de pesos por persona; superar el déficit de infraestructura implicaría un gasto superior a cinco billones de pesos y los costos anuales de sostenimiento, más de un billón de pesos. En su lugar, propone despenalizar nueve conductas: la inasistencia alimentaria; la agravación punitiva por homicidio de menores; contra la libertad y cultos religiosos; contra la integridad moral, injuria y calumnia; el incesto; la alteración del estado civil; emisión ilegal de cheque; elección ilícita de candidatos, y aceptación indebida de honores. Además, amplía beneficios penales, el principio de oportunidad y mediación, y los programas de preparación para la libertad y prevención de la reincidencia. También ajusta la figura de la detención preventiva.

De otro lado, pretende proteger la protesta social y la manifestación pública, de manera que se excluya la posibilidad de imputar el delito de concurso para delinquir y terrorismo.

Si bien se comparten algunos de los criterios que sustentan la propuesta, tales como el afán de punitivo, el aumento de penas, la ausencia de evidencia empírica, la desarticulación institucional, se deben criticar otros aspectos: no se resuelve la situación carcelaria básica que rebasa el simple hacinamiento y se eluden las inversiones por su elevado costo, lo que equivale a que ante la ausencia de recursos se sacrifican las reglas de juego y se cohonesta con infracciones en el pasado consideradas graves. Nada se dice de los altos índices de impunidad que equivalen a que de cada 100 delitos se condenan nueve o diez, como tampoco de la congestión y demora de los despachos judiciales.

En el contexto de la ‘paz total’ que permite conversar con la delincuencia organizada, así como establecer diálogos con los grupos insurgentes; del manejo permisivo de los cultivos ilícitos; de la permisión del consumo con determinados fines; de la propuesta de legalización de las drogas; de la tolerancia de los desmanes de quienes protestan brutalmente y con violencia, lo que resulta es una política y un gobierno que premian el delito, menosprecian las instituciones y acorralan al ciudadano que cumple con las reglas y paga los impuestos.

Lo que corresponde es una revisión integral de las penas que se ajuste a la gravedad de los delitos, realizar las inversiones en infraestructura penitenciaria que dignifique la estancia y logre la resocialización, la separación de los lugares de detención de los penitenciarios, en fin, que la ineficiencia estatal no se traduzca en beneficios ni concesiones para los enemigos de la sociedad.

Un alcalde de Nueva York probó -con éxito- que sancionar pequeñas faltas era una estrategia efectiva para prevenir la comisión de delitos mayores. Ministro, lo que necesitamos es que se cometan menos delitos, no que se deroguen ni minimicen por falta de recursos públicos.