El berrinche de las Farc

El 18 de mayo de 2006 fue un gran día para quienes creemos firmemente en la separación de poderes y en los controles y equilibrios entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. La Corte Constitucional avaló gran parte de la ley que buscaba facilitar la desmovilización y reintegro de miles combatientes ilegales. Sobre esa ley recaía todo el soporte jurídico de las negociaciones que llevaban a cabo desde hace varios años el gobierno y los comandantes de los diferente bloques de esa organización armada y criminal. El proyecto inicial ya había sufrido cambios durante su trámite por el Congreso; una situación que generó malestar en la mesa de conversaciones. Se habló incluso de incumplimiento por parte del Estado.

Las modificaciones introducidas buscaban meterle dientes a unas normas, que algunos sectores políticos calificaban como una ruta segura a la impunidad. Peor aún: los responsables de crímenes de lesa humanidad tenían la temeridad de opinar sobre lo divino y lo humano. Eran frecuentes sus apariciones mediáticas. Y en el Capitolio, causaba escozor ver a congresistas defender a capa y espada a unos delincuentes. Se alegaba que ese era el costo imperioso para reducir la violencia y acercarnos a la ansiada paz.

La Corte no fue ajena a ese debate y una mayoría de los magistrados aceptó el argumento del Gobierno y del Congreso que los integrantes de ese grupo armado al margen de la ley merecían un tratamiento diferencial y más benigno que el aplicado a cualquier otro ciudadano colombiano. Sin embargo, la Corte no se limitó a actuar como notario. En uso de sus facultades constitucionales, agregó y transformó algunos articulitos. Endureció las condiciones de reclusión y las obligaciones de los victimarios con sus víctimas, entre ellas la confesión de los delitos y su responsabilidad en aportar sus bienes para la reparación. El fallo de la Corte fue polémico y considerado inoportuno, ya que representaba un cambio en las reglas de juego en la mitad del proceso. Miles de hombres ya se habían desmovilizado y entregado sus armas bajo el marco jurídico de la ley que salió del Congreso.

Uno de las reacciones más vehementes provino de uno los principales comandantes: “Se trata de un golpe bajo y mortal para el proceso por parte de un órgano que se dedicó a colegislar, sin tener en cuenta los esfuerzos históricos que se hicieron”, manifestó a Caracol radio. Allí advirtió que se iba a reunir toda la cúpula para ver si era posible salvar la negociación. En un comunicado posterior, los jefes pidieron “un gran acuerdo nacional” para superar las dificultades ocasionadas por la Corte Constitucional con sus fallos. Finalmente, las 39 cabezas de las autodefensas, incluyendo al locuaz alias “Ernesto Báez” citado arriba, accedieron continuar con el proceso con la administración del presidente Álvaro Uribe.

Hoy existe consenso de que fue crítica la intervención de la Corte. Que su fallo mejoró sustancialmente la ley de Justicia y Paz, que emergió del Congreso.

Once años después, en la misma semana de mayo, la Corte nuevamente se encuentra en medio de fuego cruzado. La acusan de haberse extralimitado y puesto en riesgo la paz con las FARC. El Secretariado ordenó a su tropa estar en “asamblea permanente” y advirtió que el proceso de paz está “en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio”. En un comunicado, dijo que “se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana”.

Al igual que los paramilitares, la guerrilla no quiere entender ni aceptar que en Colombia hay tres ramas de poder. Que si bien el Presidente tiene la facultad para negociar la paz, su implementación requiere de la participación activa del legislativo y el judicial. Que cada cual juega un rol fundamental en la democracia. Por eso fue necesario que el Congreso y la Corte refrendaran en diciembre de 2016 el acuerdo firmado en el Teatro Colón. Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras y condenan a la Corte no dudaron en elogiarla cuando dio vía libre al procedimiento extraordinario del “fast-track”. Y la Corte en ese entonces. ¿Será insensato pedirle un poco de coherencia a ambos lados? Ambas sentencias son legítimas.

Francamente, no comprendo el berrinche de las FARC. Ellas sabían que todas las leyes iban a tener una revisión automática de la Corte. Y me imagino que sus sesudos abogados les habrían advertido que la Corte desde su creación, siempre modifica las leyes. Nunca ha operado como una estatua. Y me parece muy alentador que en este último fallo, la Corte haya reafirmado el derecho deliberativo del Congreso. Confío, como ocurrió con justicia y paz, que la intervención de los dos poderes mejore el resultado final y faciliten la reincorporación de las FARC a la sociedad colombiana.

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