INCOMPATIBLE

pudo parecer tardía y maliciosa, pero de todos modos la revelación del ex ministro Saulo Arboleda, acerca de la intriga por la emisora de Chaparral, constituye una nueva incompatibilidad para el fiscal general en el ejercicio de sus funciones. Al hecho de haber sido abogado defensor dentro del proceso 8.000 y de haber sido postulado como fiscal por el mayor beneficiado de la destinación de dineros del narcotráfico, se suma, en el caso del ex ministro Arboleda, la circunstancia de haberle solicitado a éste, siendo ministro de Comunicaciones, la adjudicación de frecuencia para una firma amiga. Es lo que se ha dicho y respecto de lo cual no ha habido rectificación conocida.
Los defensores del fiscal general, que son muchos (generalmente los que han sido sus clientes), argumentan que no fue lo mismo el reparto de emisoras entre amigos por parte de los funcionarios "porque estos ostentaban la dignidad de ministros de Estado" que el caso del doctor Gómez Méndez, quien acudió al amiguismo en solicitud de emisora, como ciudadano particular. Y es cierto que los funcionarios deben respetar la dignidad de sus cargos, pero cualquier persona debe respetar la suya propia y no apelar al favorecimiento ventajoso en una concesión pública.
No es todo. Lo que resulta completamente incompatible es que la persona que buscó obtener esa concesión para sus allegados sea la misma que le dicte luego medida de aseguramiento, con pérdida de la libertad, a quien fue el destinatario de su solicitud. Al funcionario que atendió su pedido y que se ve acusado por otro caso de la misma naturaleza indelicada.
El hecho no ha sido negado. Y he leído que los concesionarios de Radio Combeima son, efectivamente, familiares y amigos del fiscal Gómez Méndez. Se afirmó, inclusive, que la solicitud fue avalada por la secretaría general del presidente Ernesto Samper, quien más tarde sería nominador del mismo fiscal, el cual, al parecer, era contado entre 'los amigos del presidente', de los que hablaban in genere los ex ministros Saulo y Villamizar.
Si, como afirma un desabrochado columnista del diario El Tiempo, decir estas cosas es hablar 'pendejadas', no sabe Lorenzo qué cosa pueda ser de interés en este país, en que todo concepto de honor público se ha ido a pique. Quien de esta manera se expresa fue a su vez concesionario de espacios por gratuidad oficial.Para lo que él ha visto, insignificancias.
El fiscal general de la Nación no debiera desempeñarse en el caso 8.000. Tampoco en el caso Saulo Arboleda, si, como no se ha desmentido, una emisora particular fue otorgada por pedido suyo. Puede no haber sido ningún delito, sino algo muy 'normal', pero es una demostración más de que el poder se ejerció en beneficio de los amigos, de 'los amigos del presidente', como tan claramente se escuchó en la grabación de las conversaciones entre los ministros del miti miti.
Esto es pequeño en comparación con el hecho _tamaño XL-fante_ de condenar y encarcelar por unos cuantos cheques recibidos (sin que se tenga establecido el elemento a sabiendas) y de otra parte disculpar en escritos, y como abogado defensor en el mismo proceso, la presencia de sumas ingentes, que fueron solicitadas en las propias oficinas y residencias de los jefes del ominoso cartel por los directores de la campaña que llevó a Ernesto Samper a la presidencia de Colombia. Según él mismo lo dijo, a sus espaldas, como si se tratara de la persona más ingenua y torpe que haya pasado por la política nacional.
El menudeo que aplica ahora el fiscal no se compadece con su vista gorda, gordísima, para con el mayorista de tales dineros, que engrosaron las arcas de toda una campaña electoral triunfante. No le correspondió, es verdad, ser acusador del presidente, sino, por el contrario, ser nominado por él para suceder a quien lo acusó. Circunstancia que, cualquiera entiende, no es una garantía de imparcialidad.
El fiscal _soy ingenuo, perdónenme_, por estar impedido para la mayoría de los negocios de su oficina, debería renunciar.