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Opinión

  • | 1993/05/31 00:00

    INDEMNICEMONOS

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DEBO RECONOCER PUBLICAMENTE la forma decente y caballerosa como el senador Carlos Espinosa Facio-Lince me buscó para rectificar lo que el asegura que son varios puntos inexactos de mi columna anterior, en cuyo contenido, dicho sea de paso, me reafirmo. Pero como esta discusión se encamina a forzar la existencia de un tono moral en nuestro Congreso, me veo obligada a insistir en mis denuncias, que de ninguna manera tienen como propósito personalizar en el senador Facio-Lince, sino mantener vivo un debate que, más que implicaciones legales, las tiene éticas y morales para todo el conjunto de congresista que participaron o cohonestaron el escandaloso episodio de las indenmizaciones del Congreso, que le costaron a los contribuyentes más de dos mil millolles de pesos, suma que no incluye lo que logró atajarse a última hora. Repasemos los casos más aberrantes.
Caso Gómez Cardona: el señor Julio César Gómez Cardona trabajaba en el FER, cuando en febrero de 1992 fue comisionado para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción en el Congreso, un salario de 471.776 pesos. Sin renunciar al FLR, se posesionó en el cargo que inexplicablcmente se transformó en uno de período fijo. Cinco meses después, a pesar de estar en comisión, se le indemnizó con la suma de 17 millolles 500 mil pesos, y regresó a su cargo en el FER. La mesa directiva argumentó que desconocía los antecedentes del señor Gómez Cardona. Supongamos que creemos en esta explicación. Pero entonces ¿por qué después, cuando se hizo evidente la cadena de irregularidades del caso, no se le denunció penalmente?. La explicación puede radicar en que el señor Gómez Cardona es protegido del senador Omar Yepes Alzate, vicepresidente de la mesa directiva del Senado que aprobó las famosas indemnizaciones.
Caso empleados de libre nombramiento y remoción: ocho empleados de libre nombramiento y remoción fueron despedidos por el Senado de acuerdo con el plan de reducción de la nómina del Congreso. Como su nombre lo indica, un empleado de libre nombramiento y remoción puede ser despedido en cualquier momento, por lo que no tiene lógica que se les indemnice por su desvinculación del cargo. La disculpa de la mesa directiva del Senado fue que el decreto que ordenaba las indemnizacioncs quedó mal hecho y los obligaba a indemnizar a este tipo de empleados por lo que procedieron a asignarles una suma que consistía en la bobadita de 476.754.770 pesos con 12 centavos. Puede que, debido a ese error, no fuera ilegal indemnizar a quienes no se debía indemnizar, pero no es ético cobijarse bajo un decreto que contiene este error garrafal cuando en cambio hubiera podido sugerírsele al Ministro de Hacienda que lo corrigiera. Eso fue exactamente lo que hizo después el senador José Blackburn, sucesor de Espinosa en el Senado, y gracias a ello logró trancar este costoso absurdo .
Caso ESAP: la Escucla Superior de Administración Pública fue contratada para emitir un concepto sobre el plan de indemnizaciones. Conceptuó que no se debería indenmizar a los empleados de libre nombramiento y remoción. Eso hace por lo menos coincidencial que el señor Fernando Calle, funcionario de la ESAP, que participó directamente en la liquidación de los funcionarios del Senado, incluyendo las de aquellos de libre nombramiento y remoción en contra del concepto de su propia institución, hubiera terminado después nombrado en el cargo de pagador del Senado por la mesa directiva de marras.
Caso Villegas, Valencia y Parra: los señores Raúl Villegas, Rubén Darío Valencia y Gabriel Arturo Parra fueron designados por la misma mesa directiva del Senado para preparar la aplicación del plan de retiros indemnizados. Ellos mismos se auto incluyeron dentro de la primera etapa de millonarias indemnizaciones. Villegas se autodecretó una indemnización de 12.478.900 pesos (suspendida en el paquete frenado por Blackburn), y Valencia una de 22.081.964 pesos, ya pagada. No pude conseguir la cifra de la indemnización de Parra. Según la Comisión de Etica, este trío actuó olímpicamente como juez y como parte.
Caso Henriquez: el senador Espinosa asegura que haber incluido a la señora Margoth Henríquez, fallecida, en el plan de retirosindenmizados, fue un error mecanográfico corregido el mismo día en el que se ordenó indemnizarla. Cierto es que se corrigió. Pero en la redacción de la resolución que ordenaba retirarla de su cargo y compensarla, se cometió una ostensible falsificación que por lo menos es indicio de que alguien tenía intenciones de quedarse con los 10 millones de pesos que valía su indemnización. En los considerandos se decía que la muerta "había expresado por escrito, y en forma espontánea, su voluntad de acogerse al Plan de Retiro Compensado". No puede ser producto de un error mecanográfico decir que una muerta hizo lo que sólo podía haber hecho una viva (¿o un vivo?).
Caso Once del patíbulo: los llamados "Once del patíbulo" eran 11 funcionarios del Congreso que fueron despedidos el 28 de febrero, dos meses después de que el senador Espinosa hubiera manifestado en El Tiempo su intención de reestructurar y reducir la planta de personal del Senado. Hasta ahí todo está muy bien. El problema consistió en que inmediatamente después de despedirlos fueron reemplazados por otros 11, en momentos en que ya se discutía el mecanismo para comenzar a aplicar en julio el plan de retiros compensados. A los 11 primeros no los indemnizaron, y es previsible que demanden al Congreso. A los 11 segundos los despidieron en julio, y con solo cuatro meses de trabajo los indemnizaron con sumas millonarias. La pregunta aquí es: ¿porqué despedir en febrero empleados que de todas maneras serían despedidos en julio, para reemplazarlos por otros que también serían despedidos en julio, previa millonaria indemnización? A los primeros les hicieron el daño de despedirlos sin indemnización, teniendo derecho a ella . A los segundos les hicieron el favor de despedirlos para regalarles la indemnización. A ver si entienden el trabalenguas.
En la aplicación de las indemnizaciones del Senado no hubo ni pulcritud ni austeridad, lo que me lleva a concluir una de dos cosas.
En el mejor de los casos, las indenmizaciones que se concedieron tan alegremente configuran un caso de repugnante clientelismo. Pero, en el peor de los casos,es inevitable pensar en la "partija".
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