Indultos = licencia para matar

Preguntarse por la convivencia en sociedad obliga, necesariamente, a preguntarse por los límites. Las leyes, las normas, la justicia… todas estas realidades sociales creadas por los seres humanos no le apuntan a otra cosa que lograr un cierto equilibro de las libertades individuales.

Esta semana en Bogotá, en medio de una protesta de la comunidad indígena embera, se presentaron graves actos de violencia en contra de miembros de nuestra Policía Nacional y gestores de convivencia dela Alcaldía, además de destrucciones en propiedad privada y pública. Esto, a todas luces, es condenable: el derecho a la protesta no da derecho a agredir a nadie. Pero este Gobierno nos está llevando a un punto en el que los agresores se sienten protegidos por el mismo presidente, quien actualmente solicita al Congreso poderes para “otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social” (artículo 17 del Capítulo IV del proyecto de ley en cuestión).

No hay título ni retórica que maquille el objetivo sistemático del Gobierno Petro: debilitar al Estado de derecho, rindiendo la institucionalidad, humillando a la fuerza pública y arrodillando la justicia ante los intereses de los criminales. Es evidente el resultado de una de las estrategias que utilizaron en campaña: impunidad a cambio de votos.

Esta vez los beneficiados del “perdón social” o, mejor dicho, de la impunidad total serán los integrantes de la primera línea que no protestaron pacíficamente ni cometieron actos aislados, sino que se camuflaron y aprovecharon el descontento social para generar violencia contra ciudadanos y bienes públicos, y que por eso están siendo judicializados y condenados por jueces de la república.

Delitos como los cometidos por Sergio Andrés Pastor González, alias 19, perteneciente al grupo delincuencial Resistencia Portal de las Américas, a quien la Fiscalía imputó cargos por hurto, vandalismo, tortura y terrorismo, no pueden ser indultados por quienes hoy representan la institucionalidad. Las autoridades señalan que este hombre, junto a otros de su grupo, desnudaron, amarraron y apuñalaron a dos policías, los pintaron y les rociaron gasolina con la amenaza de quemarlos vivos. Otro de los muchos ejemplos es el de un juez de Paloquemao que impuso medida de aseguramiento a alias el Gato, Maura y Z-11, miembros del grupo criminal Portal de Suba, por vandalismo y terrorismo. Las versiones oficiales señalan que quemaron buses, incineraron patrullas de Policía, golpearon y amenazaron de muerte a miembros de la Policía, y alias el Gato fue acusado por una mujer de agresión sexual en el marco de las protestas sociales. Que estas acciones no tengan consecuencias es absolutamente contradictorio con la naturaleza del Estado mismo.

La cereza del pastel es que el Gobierno quiere contratarlos como promotores de convivencia y participación ciudadana, como si fueran referentes morales para los niños y jóvenes, y como si fuera justo que los premien con los impuestos que pagamos todos los colombianos.

¿Por qué se insiste tanto en liberar delincuentes y por ningún lado se habla de reparar a la familia del ingeniero que fue degollado, a las madres que perdieron sus bebés por los bloqueos o a los policías que quedaron con secuelas físicas y psicológicas, por hablar solo de algunas víctimas de los miles que hubo? ¿Cuántas veces se tiene que perdonar a alguien como Iván Márquez, que después de haber asesinado, secuestrado, extorsionado, masacrado y traficado, se le ha indultado y vuelve a la criminalidad? Mientras que Petro invierte su tiempo en ver cómo saca de la cárcel o indulta a sus aliados, la pobreza aumenta, la inflación no cede, el dólar se dispara y el orden público se complica, aumentando la angustia de millones de familias que empiezan a sentir que tienen un Gobierno que está más concentrado en legalizar la ilegalidad que en resolver los problemas más urgentes.

Tienen razón los ciudadanos que manifiestan sentirse solos y decepcionados, pues aquel Estado que con todas sus falencias al menos intentaba protegerlos, hoy parece inclinarse más hacia el lado de los criminales, dejando a la gente ahogada por la incertidumbre y a merced de los valientes que no dejan de creer en las instituciones y luchan para que estas no se erosionen, y que se quedan a construir país, agarrándose de las pocas esperanzas que quedan de que este Gobierno no lo destruya todo, incluyendo la vida misma.

Mire, presidente, no se puede pretender construir una sociedad en paz invirtiendo los roles éticos y legales, negociando la legitimidad del Estado, ni premiando a los criminales y olvidando a las víctimas. Presidente Petro, con su propuesta de indulto, usted da LICENCIA PARA MATAR.