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Opinión

  • | 2019/01/09 00:10

    Inhabilidades e incompatibilidades éticas y morales

    Se nos dificulta definir y establecer los límites entre ética y moral, entendiendo la primera, -la ética- como una parte de la filosofía que nos sirve para determinar qué es bueno y qué es malo, y la segunda, -la moral- como un conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas en sociedad.

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El ideal sería que una persona en su racionalidad pueda diferenciar lo bueno de lo malo y sus consecuencias, pero también que aplique las normas morales para comportarse en sociedad como cualquier ciudadano común y corriente que se respete a sí mismo y a sus semejantes, y mucho más aún, que cumpla cabal y rigurosamente la Constitución, las leyes y los reglamentos que la organización estatal nos impone.

Si esa ruta se cumpliera, tendríamos seres humanos que distinguirían que hacer el bien arroja buenos resultados porque el mal deja consecuencias nefastas para sí y para los demás, y adicionalmente, que cumplir las normas permite al hombre desenvolverse sin limitación alguna en sus libertades, en el ejercicio de sus derechos, en el desarrollo de su personalidad, etc.

La trilogía de la ética, la moral y el derecho debe caminar en forma sincronizada como un reloj, pues si se admite que, por ejemplo, la moral actúe como rueda suelta, se asumiría el riesgo de caer en la inquisición y en las ordalías. La moral debe ser el fundamento de la norma positiva como freno ante tal peligro.

Este discurso parece fácil de entender y de cumplir, pero ¿por qué no nos abstenemos de hacer el mal o de incumplir las normas en general?

Si alguien conoce una situación irregular previamente o la termina conociendo en el tránsito de un cargo público por cuenta de una tercera persona, ¿por qué no alejarse del todo evitando cualquier suspicacia que sobre algún detalle de lo conocido lo pudiera perjudicar?

Peor aún, ¿por qué Los responsables de la elección de cargos y dignidades de alto calado en el Estado, eligen a quienes de antemano se sabe que tienen situaciones especiales que en el futuro termina volviéndose un problema para el país?

Se eligieron en los últimos años magistrados constitucionales que se declararon impedidos en el 95% de los procesos porque habían conocido en sus cargos anteriores de los asuntos a tratar y se designó un fiscal que se declaró impedido en uno de los casos más sonados de corrupción.

Los interrogantes se sitúan en un marco que el legislador ha previsto y que la jurisprudencia constitucional ha denominado “régimen de inhabilidades”, entendido por la corte como el “sistema de valores, principios y normas que, en aras de proteger la moralidad administrativa, la transparencia de la función administrativa, el buen nombre de la administración y garantizar la idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de las actividades estatales…” y que sirve para prever hechos y circunstancias que impiden a determinadas personas celebrar contratos o desempeñarse en un cargo público.

Pregunto: ¿Esto de valores, principios y normas, no se parece a la ética, la moral y el derecho arriba mencionados?

El máximo tribunal constitucional sostiene que “las inhabilidades son consideradas como aquellas circunstancias previstas en la Constitución o en la ley, que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, designada para un cargo público, como también en ciertos casos impiden que la persona que ya viene vinculada a la función pública continúe en ella”.

A la vez, para el Constituyente solamente jugó el conflicto de intereses cuando sus causales estuvieran taxativamente previstas en la Constitución o la ley, proscribiendo la interpretación que sobre aspectos éticos y morales se pudiese dar. Esto quedó al arbitrio del servidor.

Si nos atenemos a estos conceptos y definiciones, se entiende que una persona que desempeña un cargo público y le sobreviene una situación que le impide continuar en el mismo, está incurso en una incompatibilidad, es decir, que la función no es compatible con la situación especial o viceversa.

Bien puede decir quien se encuentre en esta situación que le asiste el principio de la presunción de inocencia, pilar fundamental del derecho punitivo. No obstante, existen casos en los que las pruebas son tan contundentes que no le queda otro camino que abandonar el barco, y como en el caso del Fiscal General del Perú, renunciar, porque en estos eventos la presión mediática es más fuerte que la propia causal inhabilitante.

Estas consideraciones quedan para que en los diferentes casos en los que servidores públicos se encuentran en situaciones de inhabilidad o de incompatibilidad adopten las decisiones conforme a la ética, la moral y el derecho, o como dijo la Corte Constitucional, de acuerdo al “sistema de valores, principios y normas”.

(*) Abogado Constitucionalista.

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