Invasión de tierras

El Defensor del Pueblo manifestó recientemente, en relación con la ocupación indebida de tierras, que el fenómeno presenta un aumento de casos que requiere medidas urgentes por parte del Gobierno nacional para evitar poner en riesgo la vida e integridad de las comunidades en conflicto.

Además, identificó 108 casos en 26 municipios, en los departamentos de Antioquía, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle y Vichada, donde se evidencia que cerca de 6 mil familias estarían ejerciendo tal ocupación indebida. Las dos principales causas son la carencia al acceso progresivo de la tierra, situaciones que se presentan mayormente en predios improductivos y baldíos; y, de otra parte, grupos étnicos que reclaman zonas consideradas como tierras ancestrales. Finalmente, sostuvo que el 36 % tienen lugar en el Cauca y al menos en 13 casos estarían vinculados grupos armados ilegales.

No sobra mencionar que la propiedad privada es un derecho constitucional, de naturaleza fundamental cuando se afecta su núcleo de goce y uso, de manera que implique un menoscabo al atributo inherente a la persona, en tanto ser racional. No puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores, cumple una función social que de ningún modo justifica las vías de hecho en su contra.

El Código Penal sanciona la invasión de tierras, que tengan explotación agrícola, con penas de 54 a 120 meses de prisión. Podrá haber terminación anticipada antes de la acusación si hay desalojo pleno, o principio de oportunidad si no hay oposición al desalojo. También sanciona la perturbación a la posesión con prisión de 16 a 36 meses y multa hasta de 30 salarios mínimos legales mensuales. La Ley 2197 de 2022, castiga el avasallamiento de bien inmueble, esto es, ocupación de hecho, usurpación, invasión o desalojo, con prisión de 48 a 120 meses, además de prever circunstancias de agravación.

El Código Civil prevé que el dueño reclame la posesión de su bien y el juez ordene su restitución.

El Código Nacional de Policía y Convivencia establece acción preventiva por perturbación de bienes inmuebles, donde la Policía Nacional expulsará a los responsables dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación. También, se establece un amparo a la posesión, tenencia y servidumbre, que debe ejercerse dentro de los 4 meses siguientes, con carácter precario y tradicional, de efecto inmediato, consistente en mantener el statu quo mientras el juez decide la titularidad de los derechos y las indemnizaciones correspondientes.

Así las cosas, corresponde al Gobierno nacional, al presidente y cada uno de sus ministros, adoptar las medidas necesarias para desalentar, impedir y hacer efectivos los desalojos por la invasión a tierras de propiedad privada, con las instrucciones pertinentes a las autoridades de policía para proteger los derechos de propietarios, poseedores y tenedores, sin perjuicio de las investigaciones que adelante la Fiscalía.

Las razones ideológicas, los respaldos electorales de las poblaciones étnicas o de los sectores vulnerables con expectativas de acceso a la propiedad de la tierra, que pueda tener el actual gobierno, no le permiten, por omisión o por intención, los atropellos al derecho constitucional a la propiedad privada, la relativización de sus protecciones legales, como tampoco someter a negociación dialogada el derecho cierto contra reclamaciones sociales o históricas.

Por el contrario, el Gobierno es el responsable de desmontar la bomba social que se está activando, no por la vía de la expropiación de las tierras hostigadas, sino mediante una política consistente sobre la adquisición de Baldíos y revisión de resguardos y territorios étnicos.

Desconocer derechos de unos para garantizar el acceso de los mismos derechos a otros no es más que arbitrariedad rodeada de eufemismos.