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Opinión

  • | 1998/11/23 00:00

    INVIOLABILIDAD, INIMPUTABILIDAD Y LOCURA

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De ser cierto que los congresistas son una especie de jueces con patente de corso, que pueden tomar decisiones judiciales a la loca, por simple inspiración política, con evaluaciones arbitrarias de las pruebas y con la posibilidad de proferir fallos contraevidentes, y que a pesar de ello son intocables porque la Constitución dizque les atribuye funciones judiciales bajoel manto de lainviolabilidad, llegaríamos al absurdo de concluir que los magistrados de la Corte llamados a rendir indagatoria por la sala de acusaciones de la Cámara carecen en lo absoluto del derecho de defensa y que lo mejor que podrían hacer es entregarse de una vez a la justicia.
Están condenados a quedar condenados, porque al señor representante a la Cámara Pablo Ardila, de acuerdo con la tesis de la inviolabilidad absoluta de los congresistas, nadie puede pedirle que actúe en derecho, ni en justicia, ni de acuerdo con la legalidad, en el proceso de indagatoria a los magistrados, que según testigos adelanta asesorado por un celular. Puede hacer lo que se le antoje con ellos, en su papel de juez inviolable y por consiguiente inimputable.
Pero no creo que nuestra institucionalidad resista una tesis semejante. La de que en Colombia hay jueces que deben acatar la ley, y jueces que pueden fallar como quieran. Y que, por consiguiente, hay ciudadanos investigados que cuentan con las garantías de ley, y ciudadanos que no cuentan con ellas, dependiendo de la lotería de si el juez es de categoría ordinaria, o sea responsable de sus actos, o de categoría especial, o sea, de los que hacen lo que se les da la gana con el derecho, porque son 'inviolables'.
Pero en nuestra Constitución no puede estar consagrado un atropello semejante: el del permiso de hacer lo que uno quiera con el derecho, en el papel de juez. Por ello la Corte Constitucional, en fallo de mayo 16 de 1996, aludiendo al funcionamiento interno del Congreso, advirtió que "los miembros de las cámaras, en su condición de jueces, asumen una responsabilidad personal que incluso podría tener implicaciones penales".
Así habían quedado aclaradas las cosas, tal y como tenía que ser. Si los congresistas ejercen funciones penales en circunstancias excepcionales, pues deben responder con la misma responsabilidad de los jueces por sus actos y decisiones. Pero a este fallo impecable se le atravesó un insólito francotirador: nadie menos que uno de sus firmantes, el ex magistrado de la Corte Constitucional Jorge Arango Mejía, quien respaldó el fallo mientras fue magistrado, pero quien se declaró su enemigo en el momento en el que fue contratado como abogado de una congresista que alega su inviolabilidad.
Insólitamente, entonces, al doctor Arango Mejía lo contrataron con todo y fallo. O mejor, con todo, y no fallo. Ahora, él también se ha pasado al bando de los inimputables, teniendo la osadía de declararle públicamente al país que lo que defendió como magistrado ahora lo desconoce como abogado: "En honor a la verdad, debo reconocer que incurrí en error en la sentencia C-245 de 1996. Acepto que me equivoqué y no me devanaré los sesos buscando excusas, que solo son defensas de la vanidad. Bástame reconocerlo, y buscar que se enmiende la tesis contraria a la Constitución".
De no haberse pasado al bando de los inimputables, al doctor Arango Mejía cabría hacerle unas pregunticas. Pero como la tesis de la inviolabilidad impide interrogar a los inimputables por sus actos, contentémonos con dejarlas aquí planteadas, sin esperanza de que obtengan alguna respuesta. ¿Fue que el doctor Arango no leyó bien lo que firmaba como magistrado? ¿O fue que lo que firmó como magistrado, ya no le servía sostenerlo como abogado? ¿Con respecto a cuántos otros fallos que profirió como magistrado se declara equivocado? ¿Cuántos otros arrepentidos habrá entre sus colegas? ¿Qué tanto arrepentimiento aguanta la jurisprudencia de la Corte Constitucional? ¿Y qué tanta credibilidad puede depositar el país en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la luz del factible arrepentimiento de sus miembros? ¿No estará dentro de las posibilidades que el doctor Arango Mejía vuelva a arrepentirse en el futuro, cuando a otro cliente que lo contrate le convenga más el texto original del fallo C-245, sin las modificaciones que pretende introducir el arrepentimiento del abogado? ¿En el caso de los jueces ordinarios, se seguirá llamando prevaricato lo que el doctor Arango llama equivocación, o tendremos que sumarle la equivocación a las causales de la impunidad de la justicia en Colombia?
Todas estas dudas son válidas de plantear en este momento en el que los magistrados de la Corte Suprema están siendo indagatoriados por un juez supuestamente inviolable, y por consiguiente inimputable, que a buena hora ha sido complementado en sus funciones con el nombramiento de dos respetables colegas. Y por eso yo les pregunto: ¿a ojos del derecho, qué diferencia existiría entre el fallo de un inimputable y el de un loco?
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