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Duque, el débil

Si pasan las dos objeciones por las que el Gobierno y el fiscal están pedaleando, acabarían con el corazón del acuerdo, porque le quitarían a la JEP competencias que fueron acordadas en La Habana con las Farc.


Por: Revista Semana

Dicen las malas lenguas que el responsable de haber metido al presidente Duque en el berenjenal de presentar las objeciones contra la ley estatutaria de la JEP no fue el expresidente Álvaro Uribe, sino el cuestionado y desprestigiado fiscal Néstor Humberto Martínez, el mismo que carga sobre su espalda el peso abrumador de unos conflictos de intereses que lo debilitan día tras día. El fiscal lo convenció de que era una pelea fácil de ganar y que él mismo iba a conseguir los votos gracias a sus atributos de encantador de serpientes. Sin embargo, tras dos semanas de haberlas presentado, la pelea que él pensaba iba a ganar fácil se le está convirtiendo en un pulso muy difícil y el país político se le está saliendo de madre. De buenas a primeras, ha cogido vuelo la tesis de que se puede pasar por encima de los fallos de las Cortes, que son el soporte de nuestro Estado de derecho, porque el fin justifica los medios.

En esa tarea ha sido de gran ayuda el fiscal Martínez Neira, quien, según mis fuentes, se comprometió a hacer el lobby en el Congreso para conseguir los votos necesarios con la tesis de que si las objeciones eran aprobadas, no se ponía en peligro el acuerdo porque solo se buscaba clarificar unos detalles. Sin embargo, cuando vio que las cosas se le podían complicar y que la posibilidad de lograr un acuerdo en torno a seis objeciones era cada vez más difícil, ajustó sus metas y ahora anda buscando un acuerdo político con el propósito de sacar dos de las seis objeciones que, repito, desconocen de manera olímpica los fallos de la Corte Constitucional.

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Si pasan las dos objeciones por las que el Gobierno y el fiscal están pedaleando, acabarían con el corazón del acuerdo, pues le quitarían a la JEP competencias que fueron acordadas en La Habana con las Farc.

Si pasan las dos objeciones por las que el Gobierno y el fiscal están pedaleando, acabarían con el corazón del acuerdo, porque le quitarían a la JEP competencias que fueron acordadas en La Habana con las Farc

Como esta guerrilla no quería ser juzgada por la justicia ordinaria, porque luego de 40 años de conflicto no confiaban en ella, se acordó crear una nueva jurisdicción, distinta a la ordinaria. Ellos entregaron sus armas y ahora el Estado debe cumplir lo que les prometió. Sin embargo, hoy el cuestionado fiscal con sus objeciones pretende alterar de un tajo lo acordado y quiere no solo cambiar las competencias, sino cargarse los fallos de la Corte Constitucional que sustentan el acuerdo. En algo tiene razón Duque: estas objeciones no afectan el acuerdo de paz. Solo lo acabarían de madre de llegar a ser aprobadas en el Congreso.

El fiscal objeta también el sistema de priorizar los casos asumido por la JEP, pues según él, es un camino que conduce a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad porque deja muchos casos sin resolver. Pero se le olvida que en Justicia y Paz, por no priorizar los casos, la impunidad fue total porque el sistema colapsó en beneficio de los victimarios. Luego de casi diez años de Justicia y Paz, solo hay 90 sentencias. ¿Eso es lo que quiere el fiscal?, ¿que colapse la JEP para que nada pase, como sucedió en Justicia y Paz? ¿Acaso eso es lo que quiere el Gobierno Duque? ¿Volver a repetir los errores de otros procesos de paz que tienen el karma de llevar a cuestas el peso de la impunidad?

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Es hora de que Duque se baje de su torre y se dé cuenta de que sus objeciones sí son una carga de profundidad contra el acuerdo de paz, y que lo que le dice al oído Martínez Neira no es la verdad revelada, sino una serie de mentiras que él tuerce para revestirlas de verdad.   

Es hora de que Duque enfrente las consecuencias de un Gobierno débil que tiene ante sí un problema social que debería asumir no solo como un asunto de seguridad. Su decisión de no hacer de la implementación del acuerdo una prioridad tiene unos costos sociales y políticos que no se le pueden achacar ni a Santos ni a Maduro.

Dice un adagio popular que lo malo que tiene un país donde el Gobierno es débil no es la fuerza de la oposición, sino la memoria del electorado. Este Gobierno va a ser recordado por su incapacidad de gobernar y su inflexibilidad de entender lo que significó que la guerrilla más grande del continente hubiera decidido dejar las armas. Pero sobre todo porque su presidente fue en realidad un subpresidente.   

Coda: ¿cuál habrá sido la suerte del exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz? ¿Cómo así que se le perdieron a la fiscal los archivos de ese proceso?