Nada está decidido, cualquier cosa puede pasar y todo es posible. Imposible anticipar el comportamiento electoral de los colombianos dadas las situ aciones que vivimos. Nuestro sistema político es ilegítimo en su origen porque el poder público, en sus diferentes niveles, surge de elecciones que mayoritariamente son producto de prácticas delictuosas, y en su comportamiento

porque la corrupción pasó la raya roja de sus justas proporciones. Ventaja de la separación de poderes era la dificultad de corromper al tiempo sus tres Ramas, pero lo logramos. Estos vicios políticos se traducen en variadas formas de corrupción administrativa porque los funcionarios decidieron enriquecerse y recuperar los elevados costos de las campañas de sus ‘padrinos’. Lo anotado explica el aumento de la deuda pública, la dilapidación de la bonanza petrolera, la venta de Isagén, el incremento del IVA, y genera justificada indignación ciudadana.

A lo anterior se suman los reparos que merecen el acuerdo con las Farc y su implementación, que ha exigido 6 reformas constitucionales, varias leyes y 37 decretos ley que crean un nuevo marco político, jurídico e institucional que el país todavía no conoce, y que tampoco sabe si podrá cumplir las más de 400 obligaciones que adquirió por falta de capacidad operativa y financiera del Estado. Según el secretario general de la ONU, “Colombia fue generosa en la definición de ese nuevo marco, por lo que es el más avanzado de cualquier otro proceso de paz”. De la JEP también dicen sus autores que es ejemplo para el mundo. Lisandro Duque agrega que los “pasos de animal grande la negociación” –Comisión de la Verdad, justicia para la paz, JEP, circunscripciones especiales y restitución de tierras– le “imprimen valor moral a las Farc por haber sido propuestas suyas”. El acuerdo y sus desarrollos son entonces victoria política de las Farc, que le ‘vendieron’ al gobierno la tesis de que en Colombia hay guerrilla y conflicto armado porque hay pobreza, cuando “la violencia no es producto de la pobreza, los pobres no controlan la lucha armada, aunque en los grupos armados haya muchos jóvenes que provengan de medios pobres” (Daniel Pécaut). Pero como aceptaron que la injusticia genera el conflicto, negociaron reforma rural de 10 millones de hectáreas, crear más zonas de reserva campesina y 16 curules nuevas en el Congreso, otorgar amplia amnistía, organizaron la JEP y esperan solucionar el problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. López Michelsen dijo que “la revolución no se hace por decreto”. Ahora pretenden algo parecido por acuerdo.

Hasta comienzos del 2000, las Farc tuvieron “serie importante de éxitos militares y territoriales” (Las Delicias, Puerres, Patascoy, Mitú, hicieron “prisioneros de guerra” a cerca de 800 miembros de la fuerza pública). Pero no lograron ningún triunfo político por falta de apoyo en la población y porque el contexto no las favorecía (caída del muro de Berlín, Chávez que era su modelo atemorizaba). Cuando estaban disminuidas militar y políticamente (Plan Colombia y su conversión en cartel de la droga), Santos les concedió el mayor triunfo político de toda su historia. A estas situaciones se suma la presencia de un partido

–Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc– que goza de privilegios y ventajas que no tiene ninguna otra organización política.

Así ha ocurrido porque con el fast track, el otorgamiento de facultades legislativas al gobierno, la desaparición de los partidos y el silencio de quienes tenían que pedir explicaciones, le abrimos boquete a nuestro ordenamiento constitucional y al patrimonio político que muchos nos envidian: respeto al Estado de derecho, la institucionalidad democrática y las reglas de juego. Todo ello produce clima de opinión que tendrá consecuencias políticas. La izquierda radical cree que llegará al poder: “Colombia ha sido la excepción a los movimientos sociales y populares de América Latina, pero ese debe ser su futuro y la mayor utilidad del proceso de paz”. Otros piensan que puede ser caldo de cultivo para fórmula de populismo asistencialista. De esta encrucijada solo saldremos si la ciudadanía toma las riendas de la política, asume el liderazgo que echa de menos y decide lo que le conviene al país.