La Seguridad: reto del posconflicto

La seguridad de los excombatientes o desmovilizados en un futuro cercano, preocupa a las FARC. Es el núcleo de discusión en la mesa en Cuba y lo que puede dificultar la pronta firma de los acuerdos.

En el punto tres del Acuerdo General sobre el Fin del Conflicto, en el ítem cuatro dice: “…el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.

Lo anterior se interpreta como un claro compromiso del Gobierno Santos de combatir a las organizaciones paramilitares o bandas criminales. Pero, a la vista de todos, la administración se quedó corta y los recientes hechos protagonizados por el llamado “Clan Úsuga”, tensionan las posiciones en torno al problema paramilitar. 

Precisamente en la mesa de negociación el disenso entre Gobierno y FARC reside en la concepción que se tiene sobre el fenómeno paramilitar:

Según el Gobierno los grupos paramilitares son un asunto del pasado y solo existen organizaciones o Bandas Criminales (Bacrim) desligadas de la violencia política, y consagradas, mayoritariamente, a actividades de narcotráfico y minería ilegal. En conclusión, el Gobierno se niega a reconocer la existencia de las organizaciones paramilitares.

Desde la insurgencia se advierte que los grupos paramilitares han sido una estrategia permanente del Estado para socavar gravemente la democracia, los derechos humanos y en un entorno de post acuerdo, la seguridad de los integrantes del nuevo partido al que migraría esa organización guerrillera. En consecuencia, los negociadores de las FARC son enfáticos en asegurar que las soluciones que se formulen al problema del paramilitarismo deben partir del reconocimiento mismo del problema y no de su negación.

Otro elemento clave, de controversia en la subcomisión que trata el asunto paramilitar a cargo del General (r) Óscar Naranjo por el Gobierno, y “Pablo Catatumbo” por las FARC, es quiénes o qué organizaciones deben estar al frente del desmonte y de las investigaciones sobre hechos relacionados con el paramilitarismo.

Desde la perspectiva del Gobierno la investigación y/o verificación de acciones paramilitares debe realizarse por parte de los órganos de control nacional, es decir, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

En las toldas de la guerrilla, las políticas, medidas y acciones orientadas a desmantelar el paramilitarismo deben estar acompañadas por un mecanismo internacional de investigación y/o verificación de Naciones Unidas, específicamente su oficina de Derechos Humanos presente en Colombia y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Mientras se resuelve el tema -paramilitar o Bacrim-, todo sigue intacto: la relación de ciertas élites políticas y económicas regionales con el crimen organizado persiste y parece haber complicidad con miembros de la fuerza pública. Difícil, desde esa perspectiva, construir la paz territorial como propone el Comisionado Jaramillo y lograr que las armas no son útiles para hacer política.

Así las cosas, más allá de la controversia conceptual que enfrenta a las partes en torno al paramilitarismo o bandas criminales, lo cierto es que más de cien líderes de Restitución de Tierras, Sociales y de la Marcha Patriótica han sido asesinados. La seguridad: el reto del posconflicto.     

*Periodista