La Universidad de Cartagena y sus 18.000 millones de pesos en déficit

En un artículo publicado en este mismo espacio como respuesta a una solicitud de rectificación enviada por el actual rector de la Universidad de Cartagena, el señor Édgar Parra Chacón, a la dirección de esta revista, le recordaba que esa institución que él dirige merece respeto por muchas razones, y ese respeto debe empezar, valga la acotación, por hacer buen uso del presupuesto que el Estado le asigna a este centro de estudios.

Ante la solicitud del rector, válida desde el punto de vista jurídico, pues aparece consignada como un derecho (art. 20 de nuestra Constitución) de todos los ciudadanos afectados por una nota publicada en un medio de comunicación, me tomé el trabajo de llamarlo y pedirle una cita: la razón era escuchar de su propia voz la otra versión sobre toda esa información que he recibido, pero el señor se negó, categóricamente, a pasarme al teléfono en tres oportunidades. Incluso, se llegó hasta el extremo de prohibirle a un grupo de estudiantes de los distintos programas que me extendió una invitación para el lanzamiento de una revista, que desistieran del propósito de invitarme si querían seguir recibiendo el apoyo económico de la universidad para futuros proyectos.

Hay un adagio muy sabio que reza que “el que calla otorga”.  El señor Parra Chacón ha guardado un silencio sepulcral y ha creado un ambiente hostil en las distintas dependencias en una búsqueda desesperada por dar con aquellos funcionarios que han filtrado la información de las irregularidades que tienen hoy a la U. de C. a las puertas de una posible intervención por parte de Ministerio de Educación. La “cacería de brujas”, por supuesto, tiene como objetivo la intimidación de todos aquellos trabajadores “sospechosos” de haber entregado algún dato, hasta el punto de que muchos profesores creen que sus teléfonos han sido intervenidos, sus  cuentas de correo monitoreadas y sus redes sociales están siendo hackeadas.

Otros se sienten literalmente perseguidos. La gran mayoría de los docentes contratados bajo la modalidad de “hora cátedra” están convencidos de que para el próximo semestre les reducirán sus cursos y un grupo menos optimista cree que no les renovarán el contrato.  El ambiente está tenso y el temor entre los funcionarios de que les abran una investigación por “simples sospechas” ha convertido el Claustro de San Agustín en un verdadero convento. El Consejo Superior Estudiantil, un espacio que tiene entre sus  funciones defender los intereses y las propuestas de los estudiantes, está hoy al servicio de los intereses poco altruistas del Consejo Superior Universitario, el cual les ha prohibido terminantemente llevar a cabo cualquier tipo de manifestación o protesta que afecte la imagen de la universidad. En otras palabras, se les viene violando el derecho constitucional a la protesta, bajo la amenaza explícita de abrirles una investigación que pueda llevarlos a la expulsión de sus respectivas carreras.

Mientras tanto, la célebre “puerta giratoria” que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad de este país, sigue girando como una noria y las irregularidades para la escogencia de profesores de tiempo completo continúan. El caso de Miguel Camacho, vicerrector de Bienestar, es solo un ejemplo entre muchos otros que el rector Parra Chacón no ha podido explicar ni tiene la intención de hacerlo. Este señor, como aseguré en un artículo anterior, ha sido el peor estudiante que ha salido del claustro de San Agustín, y según lo expuesto por un grupo de profesores fue nombrado a dedo por las directivas de la universidad sin que cumpliera con los requisitos exigidos, sin tener una maestría y, lo peor de todo, sin la certeza de que el trabajo de grado presentado para optar al título universitario hubiera sido escrito por él.

En un reciente informe sobre la gestión administrativa de la Universidad de Cartagena, el rector Parra Chacón no hizo mención a los 18 mil millones de pesos del déficit que tiene al borde de la quiebra a esta institución. No hizo referencia al bajón académico por el que atraviesa el alma máter desde hace más de una década. No hizo referencia al por qué  un funcionario como Willam Malkún, quien fue también nombrado a dedo como profesor de tiempo completo y hoy maneja los convenios y los contratos que la U. de C. lleva a cabo con las Secretarías de Educación Distrital y Departamental a través del Fondo Rotario, según lo expuesto por un grupo de profesores, utiliza el nombre de la institución para realizar contratos particulares que no benefician en nada a este centro de estudios.

Pero el asunto pasa de castaño a oscuro cuando en la entrega del informe en mención, se le escuchó decir al rector, dirigiéndose a los decanos, sobre la inminencia de que las facultades produzcan dinero, olvidándose que la función de las universidades públicas no es producir capital económico sino humano.

En Twitter: @joroza

E-mail: robleszabala@gmail.com

*Docente universitario.