Visiones bucólicas

Esta remembranza viene a cuento a propósito de la idílica visión que recoge un documento reciente del DNP. Allí se vaticina una extraordinaria aceleración de la economía, la cual pasaría de tener un crecimiento potencial del orden del 4% anual en la actualidad a casi el 6%, como consecuencia de un eventual acuerdo de paz integral. Tan promisorio resultado estaría jalonado por cuantiosos flujos de inversión en el sector rural de Colombia, posibles estos, a su vez, por una mejora fundamental en el clima de seguridad política y jurídica.   

La factibilidad de ese ejercicio ha sido puesta en duda por el Profesor Marc Hofstetter con sólidos argumentos. Para que ese resultado sea viable el agro tendría que crecer a una tasa promedio anual superior al 15%, un comportamiento que ningún país del mundo ha registrado; y a la vuelta de una década pasaría a duplicar su participación en el producto económico, desempeño carente de antecedentes si tomamos como referencia los últimos doscientos años.

Por el contrario, lo que ha venido ocurriendo desde la revolución industrial en el siglo XVIII es que el agro pierde importancia en la medida en que mejora el ingreso per capita. La agricultura representa el 37,6% promedio en el producto en los cinco países más pobres del mundo, y apenas el 1.5% en el caso de los que registran mayor prosperidad.

No obstante, anhelo que la esperanza del Gobierno se cumpla. Las zonas rurales han sido el ámbito principal de la violencia causada por conflictos de tierras no resueltos y por la expansión de los cultivos de coca. Justamente esos factores en buena parte explican que la población campesina registre indicadores elevados de pobreza, y que la brecha de las condiciones de vida entre el campo y la ciudad haya venido ampliándose. Resolver estos problemas es un imperativo político para la sociedad colombiana.  

Las proyecciones del DNP suponen un cuantioso flujo de inversión hacia zonas rurales, la cual tendría que provenir, en proporción sustancial, del sector privado. ¿Se estarán construyendo las condiciones para que ese vaticinio se materialice? La respuesta del Presidente Santos es afirmativa y contundente. Para darla se apoya en el documento sobre desarrollo rural pactado con las FARC. De su lectura inicial podría concluirse que nuestro Presidente acierta: no se prohíbe en ese texto la propiedad privada, no se pacta un proceso masivo de expropiación de tierras, no se pretende regular los precios de los productos del agro, nada directamente se dice contra la economía de mercado y la actividad empresarial.

El problema es otro y solo emerge en una segunda lectura: me refiero a que al modelo que se quiere convertir en prevalente -la “economía campesina, familiar y comunitaria”- se le dota de un cúmulo tal de ventajas y privilegios que el resultado posible consiste en la asfixia de la actividad ejercida por empresarios. En aras de lograr la prosperidad de aquella -un objetivo encomiable- el Gobierno ha aceptado que, en adelante, nada pueda hacerse sino es “concertado” mediante una multitud de mecanismos viejos y nuevos con campesinos, indígenas y poblaciones negras.  A juzgar por lo que venimos presenciado de manera creciente, esa concertación constituye, de facto, un eficaz poder de veto.

Sucede que a partir del reconocimiento del derecho de participación del que gozamos todos los ciudadanos (no sólo las minorías comunitarias), el borrador publicado establece una amplia constelación de mecanismos de concertación. Entre ellos menciono los previstos para resolver conflictos relativos a la tenencia y uso de la tierra; la solución de discrepancias entre las “comunidades” y las empresas del sector privado que adelanten actividades “en los territorios rurales”; la definición de los planes de desarrollo ambiental, tarea que requiere “especial reconocimiento y valoración de los intangibles culturales y espirituales” de esas colectividades.

Esta sustitución casi plena de los mecanismos decisorios propios de las autoridades nacidas del voto popular, por un sistema en el que cada política o iniciativa requiere el consentimiento de unos grupos sociales privilegiados, puede ser muy útil  para la nueva fase de la confrontación que ya ha comenzado.

En el pliego de peticiones recientemente entregado por la “Cumbre Agraria” al Gobierno se plantea “La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio”.

Esta nueva economía rural se basaría en “Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios”.

Resultaría cándido ignorar que existe profunda afinidad entre las FARC y los dirigentes del paro agrario. Unos y otros han de coincidir en el eventual posconflicto, no tanto para implementar las cláusulas del Acuerdo de La Habana, que ya para entonces lucirán obsoletas, sino para utilizar las herramientas de participación política que este contiene a fin de promover, mediante paros, bloqueos y amenazas, sus propósitos de transformación del modelo económico y social.

Desde el punto de vista de la teoría política está ocurriendo una revolución silenciosa: el establecimiento de dos categorías diferentes de ciudadanos; los que hacen parte de ciertas comunidades, a quienes se otorgan mayores derechos, y el resto de los colombianos. O en otros términos: tendremos democracia representativa en la ciudad, y directa o estamental en el campo. Quizás estamos convirtiéndonos en un país ingobernable (pero me quiero equivocar).