Cuestión de reglas

La Corte Constitucional ha definido que la Ley Estatutaria del Plebiscito por la Paz satisface, en términos generales, las exigencias constitucionales. Despejada la ruta que conduce al pronunciamiento ciudadano, cabe suponer que la mesa habanera debe hallarse sumida en febril actividad.

Entre los asuntos normativos pendientes cabe mencionar: la definición de las penas restrictivas, pero “no privativas” de la libertad que, en ciertos casos, podrá imponer el Tribunal Especial de Paz; el establecimiento del mecanismo para la designación de los integrantes de ese Tribunal; la definición de la fórmula para la elección de los integrantes de la “Comisión de la Verdad”; y la regla para la adjudicación temporal a las Farc de curules no derivadas del voto popular.

En lo que se refiere a la logística es preciso recordar que la firma del Acuerdo final -el día D- da comienzo al proceso de concentración de la guerrilla en las zonas designadas, a la paulatina dejación de armas y a la desmovilización de quienes no tengan que responder ante la Justicia; todo esto debe acontecer en 180 días. Para advertir la celeridad con las que los diferentes dispositivos deben ponerse a punto, incluida la misión de apoyo de Naciones Unidas, basta señalar que los movimientos de las tropas guerrilleras hacia las 21 veredas establecidas comienzan el día D+5...

Ignoro si el Centro Democrático (CD) en definitiva optará por recomendar a sus seguidores abstenerse de votar el Plebiscito. Si así sucediera, sería la primera vez, desde 1949, que un actor importante de la vida política se margina de las elecciones. En ese entonces, el Partido Liberal lo hizo dando lugar a la elección, sin contendores, de Laureano Gómez. Este marginamiento fue uno de los factores que agudizaron la guerra civil larvada que vivía Colombia y nos condujeron a la dictadura de Rojas Pinilla.

Aunque no cabe conjeturar un retorno a esa época sombría, resultaría pésimo para nuestras instituciones democráticas que el Plebiscito triunfara sin oposición y, como puede suceder, por una mayoría que escasamente supere el umbral del 13% del censo electoral. En tal hipótesis, la legitimidad del resultado quedaría seriamente menguada.

Por supuesto, el CD no podría negarse a participar en la justa electoral porque no le gusta el producto que se construye en La Habana. El juego democrático precisamente consiste en cortejar el favor popular, lo cual implica que si el resultado de las urnas es adverso, es preciso reconocerlo así. El único argumento admisible, que es el que ha expresado pero que requiere grados mayores de elaboración, es el de déficit de garantías.

Se dirá que para cautelar la equidad en la competencia, la Ley que aprobó el Plebiscito dispuso que “La organización electoral garantizara´ (...) la participación en condiciones de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad, de la campaña por el si´ o por el no, para lo cual regulara´ el acceso a los medios de comunicación (...)”.  Esto es importante y, al parecer, será robustecido y ampliado en la sentencia de la Corte que se conocerá en los próximos días. Pero es insuficiente por dos razones.

La primera consiste en que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría son organismos de origen político que gozan, con razón, de baja credibilidad. No por capricho hacerle una cirugía de fondo a esas instituciones es uno de los convenios del Gobierno con la guerrilla. A este argumento se podría replicar que la Procuraduría podría desempeñar un importante papel como moderador de la competencia. Infortunadamente, la carencia de neutralidad del Procurador, por lo que refiere al proceso de paz, le impide desplegar un papel creíble como fiel de la balanza.

La segunda consiste en la eliminación, a medio camino del trámite legislativo, del financiamiento estatal de las campañas. Esta medida genera una desigualdad insuperable: de un lado, el Gobierno no requiere recursos específicos para promover el Plebiscito. Por ejemplo, el discurso del Presidente en la instalación del Congreso, que estuvo centrado en su estrategia de paz, fue transmitido, como es usual y conveniente, por los medios de comunicación; el cubrimiento otorgado a la oposición fue -como es lo usual- mucho menor.  En teoría, el CD podría acudir a los empresarios en demanda de fondos; tengo motivos para creer que los resultados serán paupérrimos.

Concluyo con dos propuestas. La primera, ya mencionada en otra columna, la creación de un tribunal de honor que garantice la jerarquía ética del debate al que estamos entrando. (Me abstengo de dar ejemplos de afirmaciones reprochables para no molestar a encumbrados dirigentes). La sociedad civil podría impulsar esta idea pero su aceptación dependería, en última instancia, de Santos y Uribe.

La segunda, tramitar con urgencia una ley que prohíba el financiamiento privado de las campañas por el Sí y por el No; y ordene que este recaiga por entero en el Estado. Los recursos se repartirían en porciones iguales.

Puede que yo sea un iluso incorregible que no se resigna a que el Plebiscito para poner fin al conflicto con las Farc, que no es necesariamente la paz, nos divida ferozmente durante un dilatado futuro.