El plebiscito inviable

Aunque la decisión está en manos de la Corte Constitucional, la avalancha de intervenciones y conceptos en contra del plebiscito por la paz es inminente. Ni al Contralor, ni al Fiscal, ni a un grupo de avezados abogados liderados por el exministro Jaime Castro les gusta ese mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana.

Cada cual tiene su propia batería de argumentos y los que aún no han presentado los suyos se disponen a hacerlo en las próximas semanas también de manera negativa. Seguramente el procurador Ordóñez fiel a sus declaraciones en los medios, saldrá a decir que el plebiscito como está planteado no es más que una caricatura. El Centro Democrático hará lo propio e insistirá en una constituyente, al tiempo que varios sectores de izquierda reforzarán esa idea en la que sorprendentemente se han encontrado los extremos.

Ni siquiera los senadores que pupitrearon hace unos meses el tal plebiscito con un umbral aprobatorio risible y un cambio de reglas de juego en la mitad del partido francamente inconcebible, han salido a jugársela por la defensa de su engendro. Sólo queda el gobierno al que le ha tocado, de dientes para afuera, validar el procedimiento aunque en el fondo sepa que no le conviene y que es mejor que sus amigos en la Corte se lo ayuden a tumbar.

Si fuera verdad que el gobierno y su bancada tienen afán de que la Corte apruebe el plebiscito, hace rato le habrían metido el acelerador a la cosa. En cambio, han dejado que el proceso de revisión se demore por causas ajenas al alto tribunal constitucional. Por ejemplo, tardaron varias semanas en enviar un acta original de las discusiones en el Congreso indispensable para que el magistrado ponente iniciara su análisis y hasta hace poco estaba pendiente el envío de dos gacetas provenientes de la Cámara de Representantes también necesarias para comenzar el trámite del asunto. ¿No les parece que si el gobierno estuviera tan apurado como dice, les habría pegado una llamadita a sus congresistas aliados para que corrieran a enviar los documentos faltantes a la Corte?

Nada de eso ha ocurrido y, al contrario, algunos asesores palaciegos se preguntan por estos días si tiene sentido someter los acuerdos de paz a un plebiscito liderado por un presidente que si acaso llega al 30 por ciento de popularidad, que no cuenta ya con los suficientes recursos económicos para aceitar la maquinaria y que, según algunas encuestas, tampoco tiene unas mayorías contundentes para que el ‘sí’ triunfe en esa jornada electoral.

A esos riesgos reales hay que sumarle algunos hechos que podrían enredarle todavía más la pita al gobierno: si, como dicen algunos, el plebiscito se celebraría en el mes de julio, esa fecha estaría antecedida por un eventual racionamiento de energía que claramente indispone a la gente; también podrían surgir nuevas noticias económicas negativas que revuelven el estómago de los electores y, encima de todo, comenzaría justo ese mes la discusión de la reforma tributaria que se llevaría al Congreso y que terminaría de alterar el estado de ánimo de la Nación. Con semejante mezcolanza de factores y una oposición tan evidente al plebiscito, ¿valdrá la pena insistir en él?

Este plebiscito por la paz está resultando tan incómodo para todos, que en el horizonte sólo se ve una paz sin refrendación y al cabo de unos años, una constituyente en la que confluyan la mayoría de sectores políticos y en la que cualquier cosa puede pasar.

La pregunta entonces ya no es si Colombia tendrá una nueva constitución sino si la constituyente será el último gran acto del gobierno de Santos o el primero del que llegue en su reemplazo. De cualquier manera, el tal plebiscito no tiene quién lo defienda de verdad y falta ver si además de los reparos de fondo le aparecen vicios de forma que lo terminen de enterrar.

Twitter: @JoseMAcevedo