Justicia bloqueada

Es normal que en casi todos los países del mundo haya políticos que producen verdadero asco, casos de corrupción, inseguridad y violencia, conflictividad social y brechas económicas que en vez de cerrarse se hacen cada día más grandes. En cambio, sólo en unas pocas democracias –las más enfermas–  la credibilidad de los jueces y altos magistrados está tan puesta en entredicho como en Colombia.

No es la primera vez que lo escribimos: que la justicia genere la misma desconfianza que la clase política en la mayoría de encuestas o que incluso en algunos sondeos la reputación de las altas cortes esté por debajo de la del Congreso se convirtió hace rato en síntoma inequívoco de que somos un país en franca descomposición.

El problema en Colombia no es sólo que su sistema judicial se haya echado a perder y que pocos elementos de él puedan ser rescatados sino que la justicia está bloqueada y cambiarla se volvió una misión imposible. Cada vez que se habla de reformarla, el debate se cierra a unos pocos entendidos en la materia: a unos sindicatos que velan por su estabilidad laboral en el corto plazo, a unos magistrados que no quieren dejarse quitar sus privilegios, a unos grupos de interés que quieren cambiar una rosca por otra y a unos políticos que ven en esas reformas la oportunidad de desquitarse de sus verdugos o de maquillar bajo el rótulo de ‘reforma estructural a la justicia’ un simple cambio de nombres de instituciones para que todo, en el fondo, siga igual.

Por eso a la mayoría de colombianos no le importó en realidad lo que se discutió en la llamada reforma de equilibrio de poderes y por eso a nadie le interesó tampoco que esta semana la Corte Constitucional tumbara parcialmente ese acto legislativo. Un par de titulares de prensa, algunas reacciones en la radio y la respuesta de siempre cuando todo parece perdido: “hay que pensar en una nueva constitución nacional”.

Y mientras el país político debate si a la Corte se le fue la mano, si el Congreso debería defender su autonomía para reformar la constitución y el gobierno –como de costumbre– sigue lelo frente a la noticia, el país nacional descree de la justicia pero no hace nada para exigirle a sus jueces y a sus políticos que la cambien.

La gente en Colombia sigue soportando en silencio que el 90 por ciento de los homicidios queden impunes, que el robo de su celular no tenga castigo y que el pleito con su vecino o su socio tarde más de 10 años en resolverse porque nunca existe una última instancia que ponga punto final a las controversias jurídicas.

Entretanto, las facultades de derecho siguen graduando abogados que no sueñan con un país más justo sino con entrar a una de esas multinacionales del derecho cuyas utilidades son directamente proporcionales a la cantidad de artículos, incisos y enredos normativos que definen a esta nación ‘sobrejuridizada’. Para empeorar el cuadro, los estudiantes más brillantes de sus respectivas promociones no quieren ser jueces y por eso la rama judicial –me perdonan– está llena de mediocres.

¿Que si esto algún día se solucionará? ¿Que si nos vamos por un referendo o una asamblea constituyente para cambiar lo que está mal? ¿Que si el Congreso mejor lo vuelve a intentar y esperamos el cambio de gobierno para pensar de nuevo en una reforma judicial? ¡Pura paja! Nuestra justicia está bloqueada y, como están las cosas, no cambiará mientras la gente le siga dando la espalda a un problema que debería ser considerado una prioridad nacional pero que por ahora está muy abajo en la lista de preocupaciones de los colombianos.

La guerrilla se desmovilizará, la economía crecerá, un par de baldíos en el campo se adjudicarán, pero mientras no exista justicia real ni jueces que sean respetables de verdad ni presión ciudadana sobre los males de la justicia, este país seguirá en la olla y la justicia continuará bloqueada porque a muchos les interesa que esté negocio permanezca igual.

Twitter: @JoseMAcevedo